La pugna entre las organizaciones guerrilleras y los grupos paramilitares de derecha de Colombia por el control de zonas estratégicas, sumada al juego de poder entre el Estado y el sector privado, condiciona la solución o agudización de los conflictos ambientales.
En el complejo entramado de la guerra interna, el control de los recursos naturales y el manejo del medio ambiente son un hilo conductor.
Cocaleros del sur del país marchan recurrentemente en protesta por la fumigación de los cultivos ilícitos y la militarización derivada de la guerra al narcotráfico en zonas de influencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El poder de los grupos paramilitares al servicio de los terratenientes presiona un éxodo permanente de campesinos hacia centros urbanos en el norte y el noroeste.
A la histórica deforestación de los bosques andinos, su impacto en las cuencas hidrográficas y el deterioro del suelo se sumó, en la última década, el impacto de los cultivos de amapola para la extracción de látex de opio en zonas por encima de los 1.500 metros de altura sobre el nivel del mar.
Desde el punto de vista del manejo político y propagandístico, los derrames de petróleo y la contaminación de las aguas a causa de atentados del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a los oleductos son los hechos que más claramente han vinculado al conflicto armado con el tema ambiental.
Mientras para el ELN "la guerra al tubo" simboliza su rechazo a la política petrolera estatal -que considera proclive a los intereses de las multinacionales petroleras-, para el gobierno la voladura de oleductos es una forma de "terrorismo ambiental".
En cuanto a la fumigación de cultivos ilícitos -coca, marihuana y amapola-, predomina el enfoque social del problema por la vasta franja de población que involucra.
La discusión ambiental se concentra en el tipo de fumigación – aérea o manual- y de los herbicidas empleados: el glifosato, que está autorizado, y el thebuitirón, en proceso experimental.
Ahora, ante la eventualidad de un proceso de diálogo entre el nuevo gobierno del conservador Andrés Pastrana con los grupos insurgentes, el tema del petróleo y la fumigación o sustitución de los cultivos ilícitos son prioritarios en la agenda, no sólo en la discusión interna, sino también en relación con la comunidad internacional que intervendrá en el proceso.
En el caso de Estados Unidos, implicaría un viraje sobre su presión tradicional a favor de la erradicación de cultivos frente a la propuesta por Pastrana de sustitución y cultivos alternativos, que contaría con el apoyo de las FARC.
Para el politólogo e internacionalista Juan Tokatlian, el termómetro de las relaciones bilaterales Washington-Bogotá será la autonomía o dependencia del nuevo gobierno con respecto al dilema entre bombardeo con herbicidas a los cultivos ilícitos o planes de inversión en desarrollo agrícola.
Aunque entre esos dos polos ha girado en las últimas décadas la discusión internacional sobre las drogas psicoactivas, aún no hay conclusiones sobre su eficacia en la reducción del consumo ni sobre el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos que las cultivan en países del Sur en desarrollo.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en las zonas donde se aplicó la erradicación "el descenso en el cultivo ha sido considerable. Sin embargo, el efecto del programa en la oferta y la demanda mundiales de droga ha sido muy pequeño".
En cuanto al desarrollo alternativo, según la ONU el principal tropiezo es "la insuficiencia de fondos". En los últimos 10 años, los países donantes del programa apenas aportaron 700 millones de dólares.
La cifra resulta ínfima frente a las necesidades de las 700.000 familias campesinas que en Asia y América Latina viven por debajo de la línea de pobreza, cultivan la coca sometidos a los narcotraficantes o intermediarios y no tienen otra opción de subsistencia.
Mucho menos están en condiciones de considerar si los cocales degradan los frágiles suelos de la Amazonia o la Orinoquia, por ejemplo.
A una modificación en la política antidrogas de Colombia contribuyen afirmaciones como las del exdirector del estatal Plan de Sustitución de Cultivos (Plante), Juan Carlos Palau.
A diferencia de Perú, donde primero se atacó a los intermediarios "y luego se desmontó al grupo guerrillero Sendero Luminoso, en Colombia ha imperado la política restrictiva y creo que el problema del narcotráfico no se resuelve fumigando indiscriminadamente", opinó Palau.
De acuerdo con el ecólogo Andrés González, del Ministerio del Medio Ambiente, en el país se ha avanzado hacia la comprensión integral del tema ambiental y el entendimiento de que la naturaleza "es sujeto de derecho y actor de la gestión ambiental".
Ahora, dijo González a IPS, se propende a trocar la erradicación por los cultivos alternativos y a crear zonas de paz y de inversión social en las áreas donde se cultiva actualmente la coca y en las que convergen los conflictos armados.
A su juicio, la Declaración Ambiental de Guaduas, documento final del Congreso Nacional Ambiental que en la última semana de julio congregó a más de 2.000 expertos del Estado y organizaciones no gubernamentales (ONG), marca la pauta para la actual discusión.
La Declaración pone en discusión el modelo de desarrollo vigente, "centrado exclusivamente en las virtudes del mercado y la globalización", pide el reconocimiento de "la diversidad cultural" y propone dar "prioridad a las demandas de las comunidades por territorio, identidad y autonomía".
En conclusión, dice el documento, buscar "la transformación de los patrones culturales de dominio, exterminio y guerra en entendimientos fraternales de cooperación y reciprocidad".
"Se puede afirmar que los conflictos ambientales se desarrollan en medio de escenarios generales de guerra y ésta en una u otra forma los condiciona", afirmó el experto Gustavo Wilches.
La tesis del ambientalista anima la visión de un estudio realizado por la Corporación Ecofondo, mediante convenio con el Ministerio del Medio Ambiente, en el que se analizan 12 casos sobre conflicto ambiental y participación ciudadana.
Los casos abarcan las diferentes regiones colombianas, ninguna de las cuales "es ajena a la violencia en sus múltiples manifestaciones cotidianas", sostiene el documento próximo a publicarse.
"La guerra es una realidad que se vive y se siente en los distintos escenarios donde se desarrollan los conflictos ambientales", agrega. (FIN/IPS/mig/ml/en-ip/98
