Las denuncias de un diputado sobre un supuesto contrabando masivo de artículos suntuarios para oficiales de la fuerza aérea de Chile pusieron en jaque nuevamente al jefe del arma, general Fernando Rojas.
El diputado Nelson Avila, del cogobernante Partido Por la Democracia (PPD), dio a conocer el jueves una nómina de 13 generales, que junto a otros 14 funcionarios del arma, recibieron 300 bultos enviados por la misión de la fuerza aérea en Washington.
Entre los involucrados está Rojas, quien ya había sido acusado hace un mes por Avila de introducir en el país en su beneficio, sin pago de derechos arancelarios, un lujoso bar declarado en la aduana como "pertrechos militares".
La fuerza áera sostuvo este viernes que entre los bultos hay bienes fiscales destinados a reparticiones de esa rama castrense y el resto corresponde a artículos adquiridos por militares que estuvieron en misión oficial en el exterior y que, por lo tanto, pueden importar con franquicias aduaneras.
No obstante, numerosos diputados estimaron este viernes que la nueva denuncia de Avila compromete a Rojas como oficial superior de la fuerza aérea y que éste debería poner su cargo a disposición del presidente Eduardo Frei.
El diputado del PPD sostuvo que en los artículos introducidos en el país no hay nada que pueda calificarse de pertrechos. Agregó que en el conjunto se cuentan motos de agua, licores, televisores, videograbadores "y otra gran cantidad de artículos suntuarios".
Las primeras denuncias del parlamentario provocaron hace dos semanas la renuncia de los generales Ettore Rossi y Eitel von Mühlenbrock, aunque una investigación aduanera determinó que hubo sólo "irregularidades" y no delitos.
Sin embargo, la Dirección Nacional de Aduanas emitió hace dos semanas una resolución para definir taxativamente el concepto de pertrechos y poder controlar importaciones que no corresponden cabalmente a bienes para objetivos de Defensa.
"El conjunto de estos 300 bultos parecía una especie de 'mall' (centro comercial) itinerante y es muy difícil que escape a lo que técnicamente se conoce como contrabando", sostuvo el parlamentario denunciante.
Avila se caracteriza por su afán fiscalizador de eventuales actos de corrupción o delitos en que aparecen comprometidos cuadros o instituciones de las Fuerzas Armadas.
Avila llevó adelante la causa por la muerte en 1996 del recluta del ejército Pedro Soto, quien era maltratado por sus superiores en el regimiento al que fue destinado, aunque aún no se logra aclarar si fue asesinado o se suicidó.
Las denuncias sobre contrabando en la fuerza aérea, que se mantienen ya hace un mes en el centro de la preocupación periodística, provocaron malestar en medios castrenses y entre los senadores designados que representan a las Fuerzas Armadas.
El gobierno pareció hacerse eco de ese malestar, y hace una semana dijo que algunos diputados se están "excediendo" en sus facultades de fiscalización, por lo cual propuso regular esa función.
La posición gubernamental causó discrepancias incluso en algunos círculos de la oposición derechista, que vienen abogando desde el restablecimiento de la democracia en 1990 por ampliar la capacidad fiscalizadora del Parlamento.
La Constitución impuesta en 1980 por el entonces dictador y actual senador vitalicio Augusto Pinochet tiene un marcado carácter presidencialista, en desmedro del Poder Legislativo. (FIN/IPS/ggr/ff/ip/98
