La idea de la flexibilización laboral, con negociaciones concretas de salarios e índices de producción, tiende a abrirse paso en Chile para enfrentar el previsto aumento del desempleo hasta 1999 como consecuencia de la crisis asiática.
Un alto dirigente empresarial y un ex diputado socialista hicieron este lunes planteamientos coincidentes sobre la necesidad de un pacto o compromiso social para controlar los futuros efectos de la crisis en el empleo.
Los expertos coinciden en que el mercado laboral no refleja aún con dramatismo la recesión internacional que comenzó en 1997 en el sudeste asiático y se extendió este mes a Rusia, gracias al efecto de arrastre del crecimiento de la economía chilena en los últimos años.
Pero en la medida en que las convulsiones bursátiles y cambiarias afecten la inversión externa y continúen disminuyendo las exportaciones, el impacto laboral de la crisis cobraría pleno vigor el próximo año, de acuerdo con analistas.
El desempleo de Chile llegó a 6,1 por ciento en junio y, si bien significó un aumento de medio punto porcentual respecto del 5,6 por ciento de mayo, fue inferior a la desocupación de 6,6 por ciento registrada en junio de 1997.
El problema es que, al contrario de otros años, no se espera una baja estacional de la desocupación en el segundo semestre, sino más bien un incremento, que llevaría el desempleo a tasas entre siete y ocho por ciento hacia diciembre.
Si la crisis adquiere, como se prevé, su mayor impacto en el próximo año, la desocupación podría elevarse hasta nueve por ciento, revirtiendo el proceso de bajas que se inició desde 1994, cuando el desempleo fue de 8,5 por ciento.
El presidente de la empresarial Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Walter Riesco, dijo que su estimación "conservadora" de desempleo para este año es de siete por ciento.
"Pero no menosprecio a quienes hablan de ocho o de nueve por ciento para 1999", añadió el presidente de la CPC, organismo que reúne a las grandes organizaciones de empresas de la industria, la banca, la minería, la construcción, el comercio y el agro.
Riesco y el economista y ex diputado socialista Jaime Estévez coincidieron en que se requiere un acuerdo o pacto social entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores para aminorar el impacto de la crisis ruso-asiática en el empleo.
Una de las propuestas centrales es dar luz verde a una reforma laboral pendiente de aprobación en el Parlamento que permitiría negociaciones entre las empresas y sindicatos para reducir sueldos y niveles de producción.
Con este mecanismo de adaptación de los salarios a los índices de producción, que aplican algunos países europeos, se procuraría impedir que las empresas adapten sus mayores costos y bajas de utilidades por la vía de la reducción de personal.
La cuestión es compleja, porque se asimila a las reivindicaciones de los gremios empresariales y de la oposición derechista en pro de una desregulación del mercado laboral, rechazadas por la Central Unitaria de Trabajadores.
Las reformas laborales pendientes de aprobación en el Parlamento desde el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994), procuran más bien restituir a los sindicatos conquistas que les fueron conculcadas por la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).
Entre éstas se incluyen las negociaciones colectivas de salarios por ramas de actividad y no por empresas, así como mayores garantías de estabilidad en el empleo, reduciendo las amplias causales de despido implantadas por la dictadura.
El economista Osvaldo Rosales, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), señaló este lunes que las predicciones sobre un desempleo de ocho por ciento hacia finales de este año son exageradas y que la tasa se situaría entre siete y 7,5 por ciento.
"Un elevado nivel de desempleo en 1999 no es inevitable, si bien éste puede aumentar innecesariamente, en tanto mayor sea la rigidez de los instrumentos macroeconómicos con que se aborde la crisis externa", añadió Rosales.
En un artículo publicado en El Diario, el experto de Cepal advirtió que una apuesta exclusiva por una inflación excepcionalmente baja en 1999 provocaría un desempleo excesivamente alto.
En este sentido, Rosales abogó por una meta inflacionaria "razonable" de 4,5 por ciento en 1999, contradiciendo así a quienes postulan que el país estaría en condiciones de rebajar el índice de precios a sólo 3,5 por ciento.
El economista de Cepal se mostró también partidario de acuerdos concertados que contribuyan a la estabilidad de la economía chilena y permitan contrarrestar de manera pareja los efectos de la crisis en los distintos sectores.
En ese sentido señaló que una buena señal sería un pronto acuerdo sobre el seguro de desempleo, que constituye otra de las iniciativas de leyes laborales sobre las cuales no se han alcanzado aún acuerdos políticos en el país. (FIN/IPS/ggr/mj/if lb/98
