El gobierno de Canadá firmó por primera vez en este siglo un acuerdo de límites que garantiza a una nación indígena la autonomía y el control de un vasto territorio en la parte occidental del país.
Los 5.000 miembros de la nación nisga'a podrán gobernar sobre los 2.000 kilómetros cuadrados de su propiedad al norte del estado de la Columbia Británica, además de recibir del gobierno 171,6 millones de dólares y un gran número de artefactos indígenas en posesión de museos canadienses.
El acuerdo prevé que personas no pertenecientes a esta etnia podrán continuar viviendo en la zona, pero no tendrán derecho a votar por los consejos de gobierno regional.
El tratado aún deberá ser ratificado por el parlamento, el gobierno de la Columbia Británica y al menos 70 por ciento de los adultos nisga'a, lo cual obligará a los dirigentes de esta comunidad étnica a asegurarse que un número importante de votantes concurra a la convocatoria.
En las recientes elecciones provinciales y estaduales, 80 por ciento de los nisga'a acudieron a votar, y los líderes de esta nación están seguros de que la respuesta será aún más masiva en esta ocasión, dada la importancia del tratado para el futuro de la etnia.
"Se me rompe el corazón cuando veo a nuestros jóvenes condenados al trabajo zafral, cuando veo la desesperanza y la desilusión en las caras de nuestra gente", dijo el presidente del Consejo Tribal Nisga'a, Joseph Gosnell.
"Nosotros pretendemos vivir en este territorio para siempre, con nuestros vecinos. Y creo que bajo los términos de este tratado podremos prosperar. Creo que este tratado representa un logro monumental para la nación nisga'a y para la sociedad canadiense en general", añadió Gosnell.
Consideró que el éxito alcanzado por las demandas territoriales de los nisga'a en una zona cercana a la frontera con Alaska demuestra que los litigios indígenas pueden resolverse sin violencia.
"Quedó demostrado que personas razonables pueden sentarse a negociar para resolver los equívocos de la historia. Demuestra la capacidad de una sociedad moderna para resolver los errores del pasado y asegurar un trato justo para las minorías. Como canadienses, podemos estar orgullosos", comentó Gosnell.
En 1887, los líderes nisga'a viajaron hasta la capital provincial para pedirle al gobierno que garantizara sus derechos territoriales. Pero la petición fue denegada, y de inmediato se lanzó una campaña para destruir a esta nación indígena y apropiarse de sus tierras.
Las negociaciones entre los sobrevivientes nisga'a y el gobierno federal de Canadá se reiniciaron en 1973, cuando el ministro de Asuntos Indígenas era el actual primer ministro, Jean Chrétien.
En 1991, el gobierno de la Columbia Británica se sumó a las negociaciones, junto a autoridades municipales y representantes empresariales no indígenas que desarrollan actividades en los alrededores del territorio nisga'a.
El tratado cuenta con el respaldo de la dirigencia gobernante, pero enfrenta la oposición de partidos derechistas que reclaman porque los nisga'a lograron un acuerdo muy ventajoso. Dentro de la etnia también hay quienes critican el acuerdo porque sólo otorga 10 por ciento del territorio original.
Otros grupos indígenas que habitan en la zona también protestaron argumentando que parte de las tierras contempladas en el acuerdo pertenecen a otras etnias.
"Habrá detractores de este acuerdo, políticos que preferirían seguir ignorando nuestros derechos, aquellos que opinan que se nos está dando demasiado, y otros, especialmente de nuestra comunidad, para quienes aceptamos muy poco", reconoció Gosnell.
Sin embargo, advirtió, "están equivocados". Gosnell consideró que quienes hacen política a costa del tratado y las aspiraciones indígenas debilitan el cumplimiento del acuerdo, lo cual puede afectar no sólo a los nisga'a, sino a todo Canadá.
Gosnell aspira a que el tratado no sea enmendado por el parlamento o el gobierno regional, y aseguró que bajo las nuevas condiciones "tendremos dignidad y confianza para hacer importantes contribuciones sociales, políticas y económicas a la sociedad canadiense".
El dinero comprometido en el acuerdo será utilizado para construir carreteras, escuelas y centros de recreación. También serán modernizados los hospitales, y existe el proyecto de invertir para el desarrollo de pequeñas empresas.
"Con este acuerdo estamos haciendo historia", dijo la ministra federal de Asuntos Indígenas, Jane Stewart, quien recalcó que ninguna de las dos partes obtuvo todo lo que aspiraba, "pero ésa es la naturaleza de las negociaciones".
"Este es el primer tratado que aborda el tema de las demandas territoriales y la autonomía al mismo tiempo. Es un convenio que los nisga'a estuvieron esperando durante seis generaciones", añadió.
El tratado le permitirá a los nisga'a hacerse cargo de la actividad social y económica en su territorio, establecer y recolectar impuestos y también decidir cómo se gastarán los recursos. (FIN/IPS/tra-en/mb/mk/lc-ml/pr/98
