La campaña electoral en Brasil apunta a la superación del "Consenso de Washington", con el énfasis de los discursos de los dos principales candidatos ubicado en el área social, en especial en el desempleo.
El presidente Fernando Henrique Cardoso promete generar siete millones de nuevos empleos si es reelecto el 4 de octubre para cuatro años más de gobierno.
Luiz Inacio Lula da Silva, principal candidato opositor, postulado por una alianza de izquierda, ofrece trabajo para 15,5 millones de personas, incluyendo tres millones en asentamientos surgidos de la reforma agraria y dos millones de jóvenes en el servicio voluntario.
Esta subasta, que seguramente no se decidirá por la cantidad prometida sino por la credibilidad, se extendió a la salud y educación. El programa de Lula prevé el fin del analfabetismo que afecta a 20 millones de brasileños, con la movilización de 500.000 alfabetizadores, en especial jóvenes recién graduados.
En un segundo mandato, Cardoso ampliaría a 3,3 millones de famílias el beneficio del Programa de Ingreso Mínimo, que concede una ayuda de entre 25,60 y 51,20 dólares a las familias muy pobres que mantengan sus niños en la escuela.
La disputa responde al reconocimiento de que las cuestiones sociales serán cruciales en el próximo gobierno, sucediendo a las preocupaciones económicas que comandaron la vida política de Brasil y de casi todo el mundo en los últimos años.
Las principales realizaciones de Cardoso, como el éxito contra la inflación, las privatizaciones, la liberalización comercial y la desregulación económica, coinciden con las orientaciones de organismos multilaterales y regionales radicados en la capital de Estados Unidos denominadas Consenso de Washington.
Por eso la oposición de izquierda lo acusa de "neoliberal", a pesar de su afiliación al Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que comparte el poder con liberales, conservadores y laboristas, en una amplia coalición mayoritaria.
Hoy, incluso el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ambos con sede en Washington, destacan la necesidad de una "segunda generación de reformas" contra la pobreza y los factores de desigualdad social, fuertemente presentes en Brasil.
El vicepresidente del Banco Mundial para América Latina, Shavid Javed Burki, admitió en Brasil la semana pasada las limitaciones del Consenso de Washington para acelerar el desarrollo y combatir la pobreza.
Burki visitó Brasil para apoyar un proyecto de mejora de la enseñanza, y anunció que su organización aportará unos 2.000 millones de dólares a Brasil en esa área en los próximos cuatro años. "La educación recibe ahora la mayor parte de las inversiones del Banco Mundial", dijo.
Con una inflación prevista de menos de tres por ciento para este año, un mercado abierto y faltando solo el sector eléctrico para concluir el proceso de grandes privatizaciones, a Brasil le falta, sin embargo, cumplir la disciplina fiscal que recomienda el Consenso de Washington.
Un déficit que ya alcanzó siete por ciento del producto interno bruto es considerado el principal factor de la vulnerabilidad del país a las crisis que ahora se concentran en Asia, así como un serio obstáculo al crecimiento económico.
Endeudado y obligado a financiarse acaparando el ahorro nacional, el Estado brasileño encarece el crédito interno e impide el crecimiento. El estancamiento se agravó con la crisis asiática, que obligó a una mayor alza de intereses desde noviembre.
En tal situación, las metas anunciadas por Lula son "fantásticas", según el coordinador de la campaña electoral de Cardoso, el ex diputado Euclides Scalco. Las propuestas del actual presidente son más modestas, pero "viables", al contrario de las opositoras, dijo.
Todo será posible con un crecimiento económico de seis por ciento al año, lo que exige bajar las tasas de interés, principal causa del aumento del déficit fiscal, argumentó Guido Mantega, a cargo del equipo de economistas que elaboran el programa gubernamental de Lula.
Además, Lula propone reubicar la mayor parte de los recursos públicos obtenidos a través de tributos y contribuciones sociales en las actividades y sectores que más generan empleos, como las pequeñas empresas, el microcrédito, la reforma agraria para asentar un millón de familias y la construcción.
Hay dudas sobre la factibilidad de las grandes metas, incluso entre economistas de izquierda, como Marcio Pochmann, experto en asuntos laborales de la Universidad de Campinas.
Generar muchos empleos depende de varias acciones combinadas del gobierno, incluyendo una reforma tributaria que distribuya mejor el ingreso, una medida de difícil aprobación parlamentaria, observó.
La campaña electoral puso en debate los problemas sociales que agobian a los brasileños hace mucho. El agravamiento de la crisis asiática puede, sin embargo, volver a poner en cuestión asuntos macroeconómicas que parecan superados, como una devaluación cambiaria y menor apertura del mercado. (FIN/IPS/mo/mj/ip if/98
