Las sanciones comerciales unilaterales de Estados Unidos castigan o amenazan seriamente a 68 por ciento de la población mundial, pero también generan un "efecto bumerán" contra sus intereses económicos que ha despertado en Washington un fuerte debate sobre su utilidad.
El Sistema Económico Latinoamericano (SELA) difundió un informe en su sede en la capital de Venezuela sobre la batalla que se escenifica en el Congreso de Estados Unidos en torno a un instrumento de política exterior al que se suman cada día nuevos adversarios.
Después de décadas en que las protestas diplomáticas foráneas y las demandas externas de acabar con esas prácticas unilaterales no hicieron mella en los poderes de Washington, la presión de sectores internos "podría servir para demorar o incluso anular algunas de esas sanciones", precisó el SELA.
La cuestión será parte de la campaña para las elecciones legislativas del 3 de noviembre en Estados Unidos, que se concentrará en los aspectos comerciales, según la percepción del SELA, con una "antena" en Washington para seguir los procesos económicos que afectan a la región.
Cuba y Colombia en forma directa y México de manera indirecta son los países de América Latina y el Caribe que más sufren las discrecionales represalias estadounidenses, pero en la práctica pocos se han librado de la "sancionmanía".
En la actualidad hay 76 países en el mundo que "soportan sanciones estadounidenses o que están seriamente amenazados por una o más sanciones comerciales", indicó el SELA, en base a un estudio del Consejo Presidencial de Exportaciones de Washington.
Más de la mitad de las represalias comerciales vigentes ante actuaciones de otros países que Washington considera atentatorias contra sus intereses nacionales fueron aprobadas durante la presidencia de Bill Clinton, del Partido Demócrata, iniciada en 1993.
La razón, analizó el SELA, es que desde 1994 el bicameral Congreso de Estados Unidos está dominado por el opositor Partido Republicano y las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo son "de las más discordantes de la historia" de ese país.
El Congreso batalla por aumentar su control sobre la política exterior estadounidense y limitar la autoridad presidencial, por lo que las más significativas leyes de sanciones aprobadas desde 1994 incluyeron una o más disposiciones de obligatoria aplicación para el ejecutivo.
El SELA, conformado por 28 países latinoamericanos y caribeños, considera que la "sancionmanía" ha despertado una reacción cada vez más violenta por parte de los sectores exportadores, en particular el agrícola, por la desventaja en que esa política les coloca frente a sus competidores.
Las grandes empresas de Estados Unidos han calculado que ese país pierde negocios anuales por unos 20.000 millones de dólares, debido a sanciones que adicionalmente califican como muy ineficaces, de acuerdo con cifras recogidas por IPS en Washington.
En 1997, grandes transnacionales, firmas exportadoras y gremios agrícolas de Estados Unidos conformaron un grupo de presión para derribar la práctica de sanciones, denominado "USA-Engage".
Además de las sanciones impuestas por Washington, los gobiernos regionales y municipales tienen facultad para establecer medidas propias contra otros países y en la actualidad 12 estados, condados y ciudades tienen leyes restrictivas contra países tan disimiles como Suiza o Birmania.
El día 6 la administración Clinton logró por escaso margen que la Cámara de Representantes rechazara una enmienda que hubiera impedido al gobierno federal impugnar sanciones estaduales o locales, que están prohibidas por las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
El resultado del actual debate interno sobre las sanciones en Estados Unidos tendría también consecuencias directas en las negociaciones agrícolas que se abrirán en 1999 en el marco de la OMC y en el financiamiento del Fondo Monetario Internacional, según el SELA.
Además será un peso real sobre la negociación que se abrirá en septiembre en el continente para la creación de un Area de Libre Comercio de las Américas a partir del 2005.
La justificación más tradicional para las sanciones es la de la seguridad nacional, pero últimamente el cada vez más poderoso grupo religioso suma nuevas causas de nivel planetario para proyectos que prosperan en las dos cámaras, como la imposición de la fe o el fin de los planes del control de natalidad.
Pese a ello, los opositores a la política de sanciones lograron desde mayo algunas llamativas victorias tácticas, según refleja el SELA, aunque por ahora se mantiene la incógnita de si se abrió un cambio estratégico al respecto o los conservadores retomarán el control nuevamente.
El SELA percibe un punto real de inflexión en lo sucedido en junio con la imposición de sanciones a India y Pakistán por sus ensayos nucleares, en base a una ley de 1994 contra la proliferación de armas de ese tipo.
Pakistán es uno de los mayores compradores del trigo estadounidense y en un momento en que la crisis asiática redujo drásticamente la demanda y derrumbó los precios, ningún mercado sobra.
El Congreso se vio forzado a introducir un proyecto para la asistencia a las exportaciones agrícolas, que enmienda la ley de 1994 a fin de mantener las ventas de ese sector y permitir al presidente suspender parte de su aplicación.
Pese a lo embarazoso de la iniciativa desde el punto de vista político, el Senado aprobó por unanimidad el proyecto correctivo en julio y se espera el pronto respaldo de la Cámara de Representantes.
Otro hecho fue que Clinton vetó en junio la Ley de Sanciones contra la Proliferación de Misiles Iraníes, pero se teme que el Congreso logre los dos tercios que se requieren para levantar ese veto, porque el instrumento fue aprobado con un gran respaldo.
El gobierno también hizo saber que Clinton vetará la Ley sobre Inmunidad ante la Persecución Religiosa, si llega a aprobarse, mientras que en mayo el presidente llegó a un acuerdo con la Unión Europea para eximirla de sanciones incluidas en la llamada ley Helms-Burton contra las inversiones y el comercio en Cuba.
Miembros de "USA-Engage" destacaron al SELA que en 1997 nadie prestaba oídos a sus argumentos de que las sanciones dañaban al pueblo estadounidense, pero que se ha dado un gran cambio este año.
La mayor expresión de ese cambio es un proyecto denominado Ley de Mejoramiento del Comercio y Seguridad de los Derechos Humanos a través de la Reforma de Sanciones, que impondría una moratoria y revisión de todos los proyectos que contemplen represalias.
Ese proyecto impulsado por el senador republicano Richard Lugar no afectaría las sanciones vigentes para evitar una confrontación con el mayor defensor de estas prácticas, su poderoso correligionario Jesse Helms, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
Pero en el camino ha surgido otra iniciativa para una Ley de Racionalización de las Sanciones, impulsada por senador demócrata Cristopher Dodd, donde sí se critica abiertamente el embargo de 39 años de Washington contra Cuba como una medida inútil, al igual que las acciones contra Corea del Norte, Irán o Libia.
La iniciativa de Dodd es vista por el SELA como un ejemplo "de cómo lo perfecto es enemigo de lo bueno" porque amenaza la delicada coalición de apoyo que había logrado el más pragmático Lugar. Pero también como una muestra de que la oposición a las sanciones ha tomado una fuerza impensable poco tiempo antes. (FIN/IPS/eg/mj/ip if hd/98
