Las cárceles de Nigeria, donde 60 por ciento de los 127.000 detenidos aún no fueron procesados, son una vía segura hacia la enfermedad o la muerte, aseguran activistas que visitaron algunos de los 147 centros de reclusión de este país.
"No hay médicos disponibles para tratar a 90 por ciento de los enfermos. Cuando hay uno, no tiene tiempo de escucharlos. Solo para escribir sin ton ni son recetas que el recluso no puede pagar", aseguró Fredrick Fasheun, ex preso que también es médico.
"Vi casos de tuberculosis, epilepsia, hipertensión, diabetes, asma, colapso renal y úlcera en el centro de detención de Alagbon, pero no había médicos o enfermeras residentes allí", dijo en la conferencia anual de la Asociación Médica Nigeriana, en Lagos, ciudad más poblada de este país de Africa occidental.
La situación en la cárcel era tan mala que la administración ordenó el uso obligatorio de un fármaco contra la malaria para limitar los casos de la enfermedad, sostuvo Fasheun.
"No se cumplen las normas mínimas fijadas por los convenios internacionales relativas al tratamiento médico de los prisioneros. La salud de los detenidos está en peligro", advirtió.
Cuando el prisionero político más conocido de Nigeria, Moshood Abiola, murió a los 60 años en julio, su hijo mayor, Kola Abiola, atribuyó la muerte a la "negligencia médica" que padeció durante los cuatro años que estuvo en prisión.
"Mi padre estuvo encerrado durante cuatro años sin el tratamiento médico adecuado y eso es lo que provoca la muerte", dijo Kola Abiola.
"Las cárceles están saturadas y hay poco dinero. La mayoría de las prisiones, sobre todo en las localidades pequeñas, no tienen médico residente porque ellos deben trabajar en varias cárceles a la vez", explicó un médico.
"Los casos más graves se envían a los hospitales gubernamentales fuera de la cárcel. Pero a veces ni siquiera hay vehículos para trasladarlos o se necesita autorización superior para dejar salir a prisioneros de alto riesgo", agregó.
"Las cárceles reflejan los problemas de la sociedad. El sector de la salud se encuentra en un estado deplorable. ¿Qué se puede esperar?", se preguntó.
Ibrahim Jarma, director general de las cárceles nigerianas, reconoce que hay que hacer mucho para mejorar las condiciones carcelarias.
"Las garantías de los delincuentes o prisioneros son de máxima importancia para la protección de sus derechos", dijo Jarma en un taller organizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
"Aunque la interferencia con algunos de los derechos de los delincuentes es inevitable e inherente a todo castigo, el respeto por la dignidad humana exige la menor interferencia posible al aplicar las sentencias", expresó.
Jarma concedió que las prisiones están saturadas, sin dinero y que la situación conduce a la violación de los derechos humanos.
"No se pueden imaginar el estado de los detenidos. Hay que ver para creer", indicó Adebimpe Olubiyi, activista religiosa que visita centros de detención habitualmente.
"Algunos de los presos pasan días sin poder bañarse. Las enfermedades de la piel son endémicas en las cárceles y algunos detenidos están demacrados debido a la mala alimentación", agregó Olubiyi.
"No nos permiten llevarles cosas a los presos, sólo la Biblia. En ocasiones, la impotencia nos hace sentir muy mal", dijo.
Veinte jóvenes del grupo étnico ogoni se encuentran enfermos en una prisión de la localidad de Port Harcourt y aún no fueron procesados, denunció el Movimiento por la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP).
MOSOP encabeza una campaña contra la violación de los derechos humanos y ambientales de los ogonis de la que acusan a la transnacional petrolera Shell Corporation y el gobierno nigeriano.
"La comida es terrible e inhuman. El desayuno consiste en unos 40 frijoles hervidos, sin estofado, y la cena se limita a una taza de garri (alimento a base de mandioca) y sopa. No existen fondos para el almuerzo", informó MOSOP en una declaración sobre la condición de los ogonis presos.
Los jóvenes se encuentran junto a 130 detenidos más en celdas mal ventiladas, aseguró el activista Bari-Ara Kpalap.
La situación "no sólo crea problemas para dormir y descansar, sino que deteriora las condiciones sanitarias, además de la falta de agua. Pocas veces se les permite bañarse, salvo que se pague un dólar por un balde de agua a alguno de los guardias", afirmó Kpalap.
"Los familiares de los detenidos tienen pocas ocasiones para visitarlos y cuando se les permite hacerlo, deben pagar entre 1,50 y 2,50 dólares", agregó el activista. (FIN/IPS/tra-en/ro/pm/aq- mj/hd/98
