El gobierno de Indonesia ofreció nuevos indicios de su política de apertura gradual en el campo de los derechos humanos con la firma de un compromiso de cooperación con la agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El acuerdo de cooperación técnica suscripto entre la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y Yakarta asegura el acceso de los funcionarios internacionales al disputado territorio de Timor Oriental.
Mary Robinson, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, celebró la concertación y declaró su confianza en que el convenio permitirá encarar las inquietudes más apremiantes relacionadas con los derechos humanos en Indonesia.
Sobre el régimen dominante en Indonesia, controlado durante décadas por las fuerzas militares, pesan acusaciones de graves violaciones de los derechos humanos, como secuestro y represión de opositores.
En su último informe anual sobre derechos humanos, el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos dijo que Yakarta, un aliado tradicional de Washington, volvió a cometer en 1997 "graves violaciones de los derechos humanos".
Pero en el primestre semestre de este año, precipitados por la severa crisis económica de Asia del sudeste, se verificaron en Indonesia cambios profundos que dieron por tierra con la dictadura de Alí Suharto y preanunciaron la nueva política de derechos humanos.
El nuevo presidente Bacharuddin Jusuf Habibie, que sucedió el 21 de mayo a Suharto, dispuso la liberación de algunos presos políticos y dio impulso a las negociaciones para la solución del conflicto de Timor Oriental, uno de los mayores descréditos del régimen indonesio en el campo de los derechos humanos.
Yakarta declaró en 1976 que Timor Oriental, una ex colonia portuguesa, constituía una provincia de Indonesia y estableció una presencia militar en esa región de unos 15.000 efectivos.
Las autoridades militares indonesias desconocieron desde entonces las reivindicaciones independentistas de la población timorense y las resoluciones de la ONU que rechazaron la anexión por la fuerza.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional calcula en 210.000 las muertes ocasionadas por la represión indonesia, un tercio de la población.
El acuerdo firmado este jueves entre la Oficina del Alto Comisionado y Yakarta establece que el personal destinado al proyecto "tendrá acceso a todas partes de Indonesia con la finalidad de evaluar las necesidades primordiales".
"Se entiende que (el acuerdo) incluye facilidades de acceso a Timor Oriental", especificó el convenio.
La situación reciente de los derechos humanos en Timor Oriental ha sido motivo de preocupación para gobiernos y organizaciones no gubernamentales especializadas.
El informe del Departamento de Estado denunció campañas de hostigamiento y numerosos arrestos cometidos en 1997 que contribuyeron a exacerbar la tensión en territorio timorense.
La misma investigación consignó que las autoridades indonesias negaron el ingreso a Timor Oriental a todas las organizaciones no gubernamentales extranjeras que se ocupan de los derechos humanos, con excepción del Comité Internacional de la Cruz Roja.
La organización independiente Human Rights Watch constató en septiembre de 1997 que "hace casi 22 años que Indonesia invadió Timor Oriental y la violencia política no parece todavía en condiciones de calmarse".
El nuevo gobierno indonesio lanzó una propuesta de "estatuto especial" para Timor Oriental, que comenzó a negociarse entre representantes de Yakarta y de Lisboa con el objetivo de establecer un acuerdo en los próximos meses.
Mientras se desarrollan las negociaciones luso-indonesias, el acuerdo signado este jueves en Ginebra permitirá que funcionarios de la ONU evaluen la situación de los derechos humanos en el territorio en disputa.
El convenio, firmado por Robinson y el embajador indonesio en Ginebra, Agus Tarmidzi, establece fórmulas de cooperación para la promoción y la protección de los derechos humanos.
Durante dos años, la Oficina del Alto Comisionado cooperará con el gobierno indonesio y le ayudará en la ejecución de programas de cooperación técnica.
La cooperación técnica abarcará las áreas del plan nacional de acción indonesio para la promnoción y protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de la capacidad nacional en ese campo.
La ONU prestará colaboración asimismo en la educación de derechos humanos, a la Comisión Nacional Indonesia de Derechos Humanos y en las estrategias para la realización del derecho al desarrollo y de los derechos económicos, sociales y culturales. (FIN/IPS/pc/mj/hd/98
