Organizaciones de derechos humanos y católicas de Guatemala se mostraron disconformes con los escasos resultados arrojados por la investigación oficial del asesinato en abril del obispo Juan Gerardi, lo cual, afirman, desató una guerra de desinformación.
Hasta ahora, las sospechas, que no derivaron en acusaciones concluyentes en más de 100 días, apuntan a Mario Orantes, el sacerdote que descubrió el cuerpo de Gerardi hace poco más de tres meses, y a dos militares.
Orantes, que residía en el mismo local parroquial que el asesinado obispo, está detenido, pero los militares no, lo cual generó molestias en la Iglesia Católica.
Mario Polanco, dirigente de la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) que nuclea a familiares de desaparecidos en la guerra civil concluida en diciembre de 1996, dijo el lunes pasado a IPS que el gobierno intentó hacer una investigación profunda.
Pero Polanco advirtió que la pesquisa tiene muchas deficiencias debido a la inexperiencia de los integrantes de la Comisión de Alto Nivel a cargo de desarrollarla.
El activista advirtió también que "falta voluntad política para llegar a los autores intelectuales del crimen" y que "no se dan a conocer elementos" de la investigación.
Existe un "plan maquiavélico" para desinformar y confundir a la opinión pública y, de paso, desprestigiar a la Iglesia Católica, sostuvo.
Karen Fischer, abogada de la organización Alianza Contra la Impunidad, sostuvo que las funciones de la Comisión de Alto Nivel coliden con atribuciones que solo competen al Ministerio Público y a la Policía Nacional Civil, de acuerdo con la Constitución.
Fischer advirtió que el organismo no debería existir, pues, además de ser inconstitucional, "los gobiernos recurren a la creación de estas comisiones cuando consideran que no van a aclarar los crimenes".
La Comisión de Alto Nivel está formada por el canciller Eduardo Stein, el Ministro de Gobernación (interior), Rodolfo Mendoza, la directora de la gubernamental Comisión Presidencial de Derechos Humanos, Marta Altolaguirre, y por el secretario de la Presidencia, Gustavo Porras.
La Iglesia Católica fue invitada a participar en la Comisión, pero se negó a designar a un representante.
Gerardi, de 76 años, fue asesinado el 26 de abril a golpes con un bloques de cemento que le destrozaron la cara y el cráneo.
El crimen ocurrió 48 horas después que la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado que él dirigía (ODHA) presentara un extenso informe sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil, la mayoría atribuidas al ejército.
El asesinato fue considerado desde el principio un crimen político, pero luego surgiendo versiones que derivaron en la detención de Orantes como sospechoso.
Orantes vivía en la casa parroquial de la Iglesia San Sebastián, donde también residía Gerardi y en cuya entrada fue asesinado el obispo.
Mientras, la Conferencia Episcopal de Guatemala pidió el domingo la difusión pública de las pruebas que involucran a Orantes en el crimen. "Expresamente enfatizamos nuestra insatisfacción por la manera como se ha conducido este caso", declaró en un extenso comunicado.
El principal organismo de la Iglesia Católica guatemalteca también sostuvo que el curso que han tomado las investigaciones despierta inquietud y también sospechas y dudas en la población.
El comunicado critica "la inadecuada protección tanto de la escena del crimen como de la custodia de los medios de prueba, la resistencia a tomar en cuenta las connotaciones políticas del caso, así como a investigar a fondo a oficiales y ex oficiales del ejército presuntamente implicados".
Las autoridades eclesiásticas se mostraron desconformes con lo que llamaron "secreto innecesario" de ciertas instancias de la investigación, a la vez que ratificaron su compromiso con la verdad y la justicia, no importando a quién o a quiénes afecte.
La Iglesia aseguró que quienes asesinaron a Gerardi "no solo buscaron matar su cuerpo sino sus obras", entre las cuales figuran la ODHA y el Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica.
"El momento que vivimos como Iglesia es particularmente difícil, cuando la sombra de la sospecha de un crimen recae sobre un sacerdote", se lamentó el episcopado que, no obstante, recalcó que toda persona es inocente mientras no se compruebe su culpa de manera fehaciente.
Por su parte, el arzobispo de Guatemala, Próspero Penados, llamó a la unidad de los guatemaltecos y a defender el legado del obispo Gerardi.
Penados opinó que la investigación del asesinato de Gerardi se ha desarrollado con lentitud y que los funcionarios que la tuvieron a su cargo solo buscaron elementos para inculpar a Orantes.
En los últimos días también salieron a luz los nombres de dos militares de aparente implicación en el crimen del obispo. Se trata del coronel retirado Byron Lima Estrada y de su hijo, el capitán Byron Lima Oliva, activo en el Estado Mayor Presidencial.
El ministro de Defensa, general Héctor Barrios Celada, dijo que el Ministerio Público solicitó información sobre los militares supuestamente involucrados, la cual les sería enviada apenas la tuviesen disponible.
Sin embargo, tanto la Iglesia Católica como organizaciones de derechos humanos se quejaron del trato desigual otorgado a Orantes y a los militares, ya que, mientras el sacerdote fue detenido con un fuerte dispositivo de seguridad, los miembros del ejército aún están en libertad.
"Mientras no se pruebe lo contrario, mantenemos la tesis de que el asesinato es producto de una conspiración, porque el trabajo de la Iglesia no le gusta a muchas personas", dijo el obispo Mario Ríos Montt, quien sustituyó a Gerardi como director de la ODHA.
Agregó que esto no es una cosa nueva sino que ocurre desde hace tiempo, agregó. "Por eso es que me atrevo a afirmar que existe un deseo sincero por acallar a la Iglesia", concluyó Ríos Montt.(FIN/IPS/cz/mj/hd ip/98
