El fiscal que investiga el asesinato en abril del obispo de Guatemala Juan Gerardi interrogará por escrito al presidente Alvaro Arzú, a instancias de la Iglesia Católica.
El fiscal Otto Ardón accedió a la petición de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), conducida por Gerardi hasta su muerte, de interrogar a Arzú en torno "las sorpresas" relativas a la investigación cuya revelación anunció días pasados.
Las dudas de las autoridades eclesiásticas sobre el anuncio de Arzú aumentaron cuando el Ministerio Público informó que no rindió informe alguno al mandatario.
La conclusión de la Iglesia es que el Ministerio de Gobernación (Interior) realiza una investigación paralela o que la inteligencia militar, cuestionada por violaciones de derechos humanos que Gerardi denunciaba, intervino en las pesquisas, por lo que Arzú debe decir todo lo que sabe.
Al mismo tiempo, la Iglesia Católica aseguró contar con un testigo clave que será presentado oportunamente, y la ODHA solicitó la exhumación del cadáver del obispo asesinado para realizar nuevas pericias.
El brutal asesinato de Gerardi, cuyo cráneo y rostro fueron destrozados con un trozo de cemento, es considerado de naturaleza política por diversos sectores.
El crimen fue cometido el 26 de abril, 48 horas después de que el obispo diera a conocer un exhaustivo informe sobre violaciones de derechos humanos durante los más de tres decenios de conflicto armado interno finalizado en 1996.
El informe responsabilizaba al ejército del mayor número de ilícitos cometidos en la guerra civil.
Como único sospechoso del asesinato de Gerardi se encuentra encarcelado el sacerdote Mario Orantes, quien denunció el hallazgo del cadáver. Ambos religiosos compartían la residencia en la casa parroquial de la iglesia San Sebastián, a dos cuadras de la custodiada Casa Presidencial.
La Iglesia considera que la detención del sacerdote se debe a un intento de ensuciar su imagen. "No solo asesinaron a Gerardi, sino que quieren destruir su obra", dijeron representantes eclesiásticos.
Mientras Orantes era detenido en medio de un gran operativo policial, dos militares que también pudieron estar involucrados en el asesinato no han sido investigados, se quejaron las autoridades de la Iglesia.
Mynor Melgar, abogado de la ODHA, anunció que la organización católica presentará en los próximos días "uno de los testigos claves" del caso Gerardi, quien "se encuentra en Costa Rica por motivos personales".
Melgar agregó que "la pasividad del fiscal Ardón en solicitar la exhumación tiene una explicación y es que el Ministerio Público está empeñado en acusar a Orantes".
El abogado opinó que otra explicación para retrasar la exhumación es que el cadáver del obispo se deterioraría más, lo cual disminuirá las posibilidades de encontrar evidencias.
El fiscal Ardón solicitó al ministro de Defensa, general Héctor Barrios, una ampliación del informe sobre actividades de los elementos del Estado Mayor Presidencial la noche del crimen, así como los vehículos que se utilizaron.
La Conferencia Episcopal designó al obispo Mario Ríos Montt, sucesor de Gerardi al frente de la ODHA, como interlocutor ante el Ministerio Publico.
Ríos Montt pidió al jefe de los fiscales, Adolfo González, "mayor celeridad y equidad en las investigaciones".
"El Ministerio Público debe cumplir con el mandato que le ha conferido el pueblo en la persecución penal", dijo el obispo.
También agregó que ofrecieron su colaboración a González, aunque dejaron clara su inquietud sobre las especulaciones en torno a las investigaciones, entre ellas, las supuestas órdenes de detención de dos sacerdotes.
Miguel Angel Albizures, activista de derechos humanos y columnista del diario El Periódico, dijo irónicamente que si el papa Juan Pablo II se encontrara en Honduras ya se habría dictado la orden de captura en su contra, mientras "los militares siguen siendo intocables".
Los nombres de los militares de los que sospecha la ODHA no han sido investigados o tomados en cuenta seriamente por el fiscal, opinó Albizures. (FIN/IPS/cz/mj/ip hd/98
