El gobierno de Colombia anunció que invitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar posibles irregularidades en la frontera con Venezuela.
El compromiso quedó consignado en el acuerdo que puso fin el viernes al paro cívico que realizaron indígenas y agricultores de municipios de Arauca y Norte de Santander, en la frontera oriental colombiana, y del de Boyacá, en el centro del país.
El gobierno se comprometió a invitar a la CIDH, organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), "para que evalúe la procedencia de llevar a cabo una visita a la frontera colombo- venezolana y de recepcionar las denuncias sobre violaciones de derechos humanos".
La CIDH deberá también realizar una labor de seguimiento constante a la investigaciones y "formular recomendaciones al los gobiernos colombiano y venezolano que garanticen (el respeto de) los derechos humanos a la población fronteriza", según el acuerdo.
Las denuncias de los campesinos indican que la presencia de organizaciones guerrilleras y del narcotráfico en esta región fronteriza los hace blanco de ataques tanto de estos grupos irregulares como de las fuerzas de seguridad.
La situación de los habitantes en esa región fronteriza se complicó en febrero de 1995, cuando una unidad del insurgente Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) atacó un puesto fluvial venezolano y mató a ocho infantes de marina.
Desde entonces se reiteraron los desalojos de agricultores colombianos instalados al otro lado de la frontera, con denuncias de maltrato.
No obstante, desde Caracas se informó el martes pasado que tanto altos funcionarios del gobierno como dirigentes de la oposición coinciden en que la frontera se pacificó.
La corresponsalía del diario colombiano El Espectador en Caracas sostuvo que el presidente Rafael Caldera logró en su último año de gobierno pacificar la frontera mediante el diálogo con representantes de organizaciones guerrilleras colombianas.
Cerca de 20.000 agricultores e indígenas levantaron el paro que realizaban hace 15 días tras la firma del acuerdo, que incluye la ejecución de obras de infraestructura, medidas en materia de educación, salud y ambiente, en una zona afectada por la actividad petrolera.
Dentro de los compromisos se destaca también la exigencia a la guerrilla de que cese sus ataques contra la infraestructura petrolera de la región y a los demás bandos en pugna para que se excluya a la población civil de los enfrentamientos. (FIN/IPS/yf/mj/hd/98
