La mayoría de los integrantes de una comisión del Parlamento de Chile se abstuvo de tipificar como delito el acoso sexual, con el argumento de que se trata de una figura penal difícil de precisar y de probar.
La decisión de la comisión mixta de senadores y diputados que analiza un proyecto de ley sobre violaciones sexuales causó malestar en organizaciones de mujeres y en círculos sindicales preocupados por el acoso en los lugares de trabajo.
Tanto legisladores de la oposición derechista como de la gobernante coalición de centroizquierda conformaron la posición de mayoría en la votación del jueves en la sede del Congreso en Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago.
De los diez miembros de la comisión mixta, solo se pronunciaron por considerar delito al acoso sexual la diputada Maria Antonieta Saa, del Partido Por la Democracia, y el diputado Sergio Elgueta, de la Democracia Cristiana, ambos oficialistas.
"Una vez más se ha dejado en la indefensión a la mujer", protestó Saa, quien llegó a la Cámara de Diputados en 1993, luego de una prolongada trayectoria como activista de los derechos femeninos.
El debate, sin embargo, no quedó cerrado, ya que existe otro proyecto de ley, referido específicamente a la tipificación como delito y sanción del acoso sexual, pendiente aún de discusión en el Parlamento.
El criterio predominante en la comisión mixta fue, no obstante, asumido como un mal pronóstico para este segundo proyecto, nacido de una moción parlamentaria y que cuenta con el auspicio del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam).
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), principal organización sindical del país, está también interesada en una ley que proteja a las mujeres de formas de presión y abuso por parte de patrones o jefes en los centros de trabajo.
El proyecto apoyado por el Sernam identifica tanto a hombres como mujeres como víctimas de situaciones de acoso, ejercidas en el ámbito laboral por personas que pueden presionar con una relación de superioridad jerárquica.
En Chile no existen estadísticas al respecto, en tanto el problema no está contemplado en ninguna ley y la denuncia de casos es mínima, pero es calificado como un problema laboral grave por María Rozas, secretaria general de la CUT.
Las denuncias concretas permiten determinar que el acoso sexual es frecuente en empresas textiles con un alto número de operarias, así como en los centros de recolección y empaque de frutas, que contratan trabajadoras temporarias.
En las universidades y colegios, hospitales y empresas comerciales y bancos también se conocen casos de presiones sicológicas o físicas con fines sexuales, a través de denuncias de organizaciones de mujeres.
El diputado Elgueta señaló que, con la negativa a tipificar el delito, éste se dejaría en la impunidad, sobre todo en las empresas privadas, ya que de una u otra forma es sancionado en la administración pública y en el Poder Judicial.
En ministerios y otras reparticiones estatales, el estatuto administrativo castiga las "conductas indebidas", y en la esfera judicial el acoso puede ser considerado una forma de prevaricato o falta menor.
El senador Hernán Larraín, de la derechista Unión Demócrata Independiente, dijo que en otros países la legislación sobre el acoso ha llevado a situaciones extremas, en que se castiga cualquier conducta como expresión de ese delito.
Larraín, uno de los que encabezó el rechazo en la comisión mixta, sostuvo que en algunos países "cualquier conducta, hasta tomar del brazo a una persona o acompañarla, genera acusaciones de acoso sexual".
Según el senador derechista, debe evitarse en Chile que se llegue a situaciones en las universidades en que "los profesores hagan clases con las puertas abiertas o nunca puedan reunirse a solas con alumnos". (FIN/IPS/ggr/mj/hd/98
