Un grupo humanitario de Argentina prepara un pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia, que se pronunció en contra del derecho a la verdad reclamado por la madre de una mujer desaparecida en 1977, durante la dictadura militar.
El fallo, emitido el día 13 por el máximo tribunal, de sólo 35 líneas, "no tiene fundamentos y sienta un precedente gravísimo, además de exponer al Estado al riesgo de sanciones de cortes internacionales", dijo a IPS Simón Lazara, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
La solicitud de juicio político será por "mal desempeño" y coincidirá con otras por parcialidad y connivencia con intereses del Poder Ejecutivo, que en 1990 amplió de cinco a nueve su número de miembros de la Corte, logrando así una mayoría adicta.
El día 13, cinco de los nueve miembros de la Corte juzgaron improcedente el reclamo de Carmen Lapaco, que pretende conocer el destino final de su hija Alejandra, secuestrada en 1977 de su casa junto a su novio, su primo y su madre por 12 personas uniformadas.
La madre -quien desde entonces forma parte de Madres de Plaza de Mayo- fue liberada tres días después junto con su sobrino, pero su hija y el novio nunca volvieron a salir del centro clandestino de detención que funcionaba en un cuartel de la Policía Federal, en la capital argentina.
Lapaco intentó que se juzgue a los responsables de la desaparición de su hija, pero tras el indulto y las leyes de amnistía se cerraron las vías para obtener justicia, por lo que en 1995 presentó una solicitud para conocer la verdad sobre lo ocurrido.
Se trata de un derecho reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, y, según precisó Lazara, no es un pedido que la justicia pueda derivar a un organismo del Poder Ejecutivo, como intentó hacerlo mediante este fallo.
Uno de los magistrados que firmó el rechazo argumentó que se trata de causas penales cerradas por el indulto y las leyes de amnistía, por lo que no existiría ya el objeto del proceso penal y la investigación debería tramitarse en otro ámbito o por otra vía, como un amparo, por ejemplo.
Otro de los magistrados, Eduardo Moline O'Connor, sostuvo el martes pasado que la Corte "no denegó la posibilidad de conocer el destino de una desaparecida sino que advirtió que el proceso penal ya tiene sentencia y por lo tanto no es la vía adecuada para obtener la información que ella requiere".
"Es una distorsión afirmar que el pronunciamiento de la Corte clausuró la puerta a las investigaciones", añadió Moline O'Connor, quien se manifestó contrariado por la rápida reacción de las organizaciones humanitarias, pese a que un fallo de estas características "requiere meses de estudio".
Lazara consideró absurda la opinión del magistrado, ya que el fallo tiene sólo 35 líneas y, por tanto, no requiere de un estudio detenido.
"Creo que se asustaron por los pedidos de juicio político y entonces están tratando de cambiar el sentido de lo que en realidad dijeron", señaló Lazara.
La puntualización coincidió el martes con declaraciones del ministro del Interior, Carlos Corach, quien opinó que los jueces están habilitados para investigar la verdad sin atentar contra las leyes de amnistía, y consideró que ese procedimiento sería una mínima compensación para los familiares de las víctimas.
Durante la última dictadura en Argentina (1976-83) los militares emprendieron una dura represión que derivó en secuestros, torturas, robos y apropiación de menores. Los grupos humanitarios estiman en 30.000 los casos de desaparecidos, aunque existen unas 11.000 denuncias oficiales.
Lapaco reveló que su hija, quien estudiaba antropología cuando fue secuestrada y militaba en la universidad en el Partido Justicialista, hoy en el gobierno, le dijo cuando se acercó a ella en el centro de detención: "mamá, me voy a morir, no aguanto más la tortura".
Esas fueron las últimas palabras que escuchó Lapaco de boca de su hija, hace 21 años.
Los responsables de su secuestro están en libertad y según testimonios de sobrevivientes, Lapaco cree que fue arrojada al mar, junto con otros detenidos que eran trasladados en helicópteros de la Marina y el Ejército.
"Yo no pido el juicio a los responsables, no porque no lo quiera sino porque sé que las leyes de impunidad lo impiden, pero que en 35 renglones me digan que no tengo derecho a conocer la verdad me parece una burla armada por quienes son cómplices de los militares", declaró Lapaco al conocer el fallo. (FIN/IPS/mv/ag/hd- ip/98
