Familiares de varios de los 86 muertos en el atentado contra la Asociación Mutual Israelita de Argentina (AMIA) en 1994 fueron detenidos por la policía, tras entregar al ministro del Interior una carta para pedir a la Dirección de Migraciones que colabore con el juez que investiga el caso.
Los cinco detenidos, que poco después fueron liberados, eran familiares directos de fallecidos en el ataque a la AMIA e integraban un grupo de 18 personas que se acercaron pacifícamente a la casa del ministro Carlos Corach para entregarle el petitorio.
"Actuamos pacíficamente, acatando órdenes policiales. Una vez que el ministro nos recibió y le entregamos la carta, nos retirabamos. Entonces arrestaron a cinco familiares", explicó Sergio Guterman, pariente de una de las víctimas del ataque del que el miércoles pasado se cumplieron 1.500 días.
Tres oficiales y dos ex oficiales de la policía fueron procesados como "partícipes necesarios" del crimen, así como un vendedor de autos robados acusado de ser quien preparó la camioneta Traffic que se utilizó para cargar los explosivos que estallaron en el edificio de la AMIA.
Paralelamente, la justicia investiga si hubo respaldo financiero e ideológico del gobierno de Irán a un grupo fundamentalista islámico que ideó el ataque y lo cometió con apoyo logístico de policías y civiles argentinos.
La cancillería argentina anunció en mayo que la justicia tenía "evidencias suficientes" de esta responsabilidad, por lo que se decidió reducir "a su mínima expresión" las relaciones con Irán que ya habían sido rebajadas al nivel de encargados de negocios poco después del ataque.
La iniciativa de entregar la carta surgió el martes pasado, cuando los familiares observaron que la Dirección de Migraciones continuaba sin dar respuesta a las requisitorias del juez sobre ingreso y egreso de personas del país en la época del atentado.
El director de Migraciones, Hugo Franco, ya había sido acusado por las entidades judías de cómplice de los ataques, luego de declarar que el ataque a la Embajada de Israel en 1992, que dejó como saldo 27 muertos y fue el precedente del atentado a la AMIA, había sido perpetrado "por un comando israelí".
La carta entregada al ministro, de quien depende la Dirección de Migraciones, requería que "con urgencia se apliquen los mecanismos de control que permitan procesar con certeza la información sobre ingreso y egreso de personas al país", ante "la falta de respuesta de Migraciones a la Justicia".
Los familiares se acercaron el miércoles a la residencia del ministro, donde habitualmente hay 11 uniformados de custodia más ocho policías vestidos de civil por turno. Al principio, se les negó el acceso, pero el propio ministro les permitió el diálogo y aceptó dar curso a la petición.
Cuando el grupo se retiraba, fue sorprendido por un centenar de policías de infantería, grupos de combate de la policía montada y personal de la comisaría, que dispusieron la detención de cinco familiares "por averiguación de antecedentes".
Uno de los detenidos es Valentín Guarona, de 65 años, quien perdió a su hija de 37 años en el atentado a la AMIA. Dos horas después de la detención, al recuperar su libertad, recordó con ironía que el gobierno dijo en 1994 que no olvidaría a los culpables. "Ahora parece que los culpables somos nosotros", dijo.
"Vinimos a reclamar en silencio por la falta de colaboración, porque es nuestro derecho como querellantes y fuimos repelidos. Parece que no fue suficiente haber perdido a mi hija, ahora también tengo cara de 'infiltrado"', protestó Guarona, refiriéndose a las sospechas que expresaron los policías.
El comisario encargado del operativo, Angel Aragona, dijo que "la manifestación fue imprevista" y que no fue comunicada con antelación.
"Hubo una situación confusa con el personal de custodia que les pidió identificación, pero ya todo fue aclarado", aseguró el comisario, que debió pedir disculpas a los familiares.
Mientras tanto, Franco aseguró que la justicia cursó unos 40 oficios a su despacho y que "todos fueron respondidos". Pero los familiares aseguran que las respuestas fueron evasivas y solo sirvieron para postergar del esclarecimiento del crimen.
Los abogados de la mutual advirtieron que pedirán que se investiguen las responsabilidades por la detención, ya que "no queda claro" quién dio la orden. (FIN/IPS/mv/mj/hd/98
