La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó preocupación por la situación de los derechos humanos en México, "en particular en lo que concierne a los pueblos indígenas".
La resolución aprobada por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías representa un llamado de atención de la comunidad internacional al gobierno de México, interpretaron fuentes allegadas al organismo de la ONU.
Por primera vez, insistieron las mismas fuentes, la ONU ha emitido una declaración referida a la situación en el estado de Chiapas, al sur del país, donde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se opone hace más de cuatro años a las políticas y la autoridad del gobierno central.
En la práctica, con el voto de la Subcomisión quedó abierto también por vez primera un expediente sobre "el caso mexicano" ante los organismos de derechos humanos de la ONU.
El deterioro de los derechos humanos se propaga desde Chiapas a otras regiones del país, dijeron. Por esa motivo, la resolución pidió a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que, con fines preventivos, examine la situación mexicana en su próxima reunión de marzo de 1999.
Dirigentes de la oposición mexicana presentaron la resolución de la ONU del jueves pasado como "una derrota" de la diplomacia de ese país.
El diputado indígena Marcelino Díaz de Jesús dijo que vivía "un día histórico porque, por primera vez, la mejor diplomacia en lengua castellana en el mundo, como se autonombran ellos mismos, fue derrotada".
Un día antes, el embajador de Argelia ante la ONU, Mohamed- Salah Dembri, había conseguido que la misma Subcomisión rechazara un proyecto de resolución que expresaba preocupación por el clima de violencia y de violación de los derechos humanos en el país nordafricano.
Fuentes cercanas a la Subcomisión dijeron que el voto desfavorable a México se decidió después de una comida ofrecida recientemente por el embajador mexicano, Antonio Icaza, para ilustrar a los miembros del organismo sobre los argumentos de su gobierno.
La Subcomisión, integrada por expertos independientes propuestos por los gobiernos miembros de la Comisión de Derechos Humanos, aprobó la resolución sobre México por 12 votos a favor, seis en contra y seis abstenciones.
Icaza había alegado antes de la votación que en México "no existe un cuadro persistente de violaciones a los derechos humanos".
Las violaciones y abusos que se registran en México, "como en muchos otros países", no son resultado "de una política de Estado ni de ninguna institución pública", sostuvo el jefe de la misión mexicana ante la ONU de Ginebra.
El conflicto, que comenzó en 1994 cuando el EZLN declaró la guerra al Estado mexicano, se limita a cuatro de los 111 municipios del estado de Chiapas, uno de los 32 de este país, dijo el diplomático.
El presidente mexicano Ernesto Zedillo ha propuesto una nueva relación entre los indígenas y el Estado mexicano "en la que los mismos indígenas sean quienes tomen las decisiones para impulsar su propio desarrollo", sostuvo Icaza.
La resolución del organismo de la ONU estimó alentadora la decisión del gobierno de México de "resolver la cuestión de Chiapas mediante el diálogo y sin exigir de antemano que el EZLN entregue las armas".
También evaluó de manera positiva la decisión gubernamental de dar precedencia al "desarme de los grupos armados y la reanudación del diálogo con el EZLN abordando en él las causas estructurales de la marginalización y la extrema pobreza debidas al subdesarrollo" de Chiapas.
La Subcomisión pidió al gobierno mexicano que otorgue alta prioridad a "la lucha contra la impunidad de los autores de violaciones graves de derechos humanos, especialmente aquellas que causan numerosas víctimas entre los miembros de las poblaciones autóctonas".
La resolución solicitó, asimismo, prioridad para la promoción de la acción de los defensores de los derechos humanos y garantías para su seguridad.
La decisión de la ONU representa "un triunfo total para nuestros pueblos indios", opinó el diputado Díaz.
"Esto va a permitir que nuestros pueblos traten de detener de alguna manera las violaciones sistemáticas, reiteradas y constantes por parte de las autoridades mexicanas", sostuvo.
Díaz acusó a Icaza de mentir cuando el diplomático afirmó que en México no existe un cuadro inquietante de violaciones de los derechos humanos y cuando atribuyó los delitos que se cometen a grupos armados "que no estaban bajo su control".
El legislador opositor refirió el caso de 17 campesinos asesinados el 28 de junio en Aguas Blancas, "que no ha encontrado respuesta".
Citó también los 45 asesinatos cometidos por el grupo paramilitar Paz y Justicia en Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, y los 11 indígenas eliminados "por el ejército mexicano" en El Charco, en el estado de Guerrero.
Díaz interpretó que la resolución de la ONU constituye "una condena moral de la humanidad a las violaciones que ha estado cometiendo el gobierno de Mexico".
Las autoridades mexicanas, afirmó, financiaron, pertrecharon y patrocinaron a los grupos paramilitares y al mismo tiempo "evitaron el ejercicio de la acción penal contra sus propios policías y su ejército".
La resolución de la ONU, estimó Díaz, representa un reconocimiento para "los más de 500 desaparecidos en México y para los centenares de encarcelados injustamente". (FIN/IPS/pc/mj/hd/98
