Organizaciones humanitarias e indígenas y partidos de oposición de México calificaron de "triunfo histórico" el llamado de atención que la ONU hizo al gobierno en materia de derechos humanos.
La subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) acordó el jueves en Ginebra por 12 votos a favor, seis en contra y seis abstenciones pedir al gobierno mexicano que luche contra la impunidad y las violaciones de derechos humanos.
La resolución es un triunfo contra los engaños del gobierno de Ernesto Zedillo, coincidieron en señalar la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todos" y la organización humanitaria Miguel Agustín Pro Juárez, dirigida por la Compañía de Jesús de la Iglesia Católica.
Se trata de una pronunciamiento histórico, pues echa por tierra los argumentos del gobierno, dijo el grupo Miguel Agustín Pro Juárez.
La subcomisión de la ONU, establecida en 1946 con el objetivo de apoyar a la Comisión de Derechos Humanos del organismo, pidió a México garantizar el respeto de convenios internacionales de los que es parte y terminar con la impunidad.
Además, el organismo exhortó al gobierno y al rebelde Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a reiniciar el proceso de paz en el estado de Chiapas, en el sur de este país, y demandó a las autoridades garantías de seguridad para los defensores de los derechos humanos.
La subcomisión, que aconsejó a la comisión de Derechos Humanos de la ONU efectuar una evaluación "preventiva" de la situación imperante en México, indicó que el pronunciamiento se hace no obstante reconocerse que el gobierno de Zedillo realiza esfuerzos para solucionar el conflicto de Chiapas.
En lenguaje diplomático, la resolución de la ONU es una abierta censura al gobierno y un reconocimiento a las denuncias de organizaciones de derechos humanos, dijo el diputado indígena y opositor Marcelino Díaz de Jesús, uno de los promotores de la declaración de la subcomisión.
El gobierno mexicano intentó a través de sus enviados a Ginebra frenar la resolución, pero no tuvo éxito.
Con el pronunciamiento del organismo de la ONU, el gobierno de Zedillo acumula durante su gestión, iniciada a fines de 1994, múltiples informes y documentos críticos de organismos humanitarios locales e internacionales.
La mayoría de informes sostienen que en México hay un deterioro evidente del respeto a los derechos humanos, en especial en el estado de Chiapas, donde, según distintos informes, se desarrolla una "guerra de baja intensidad".
Los informes añaden que los indígenas son víctimas de represión sistemática por parte de militares y policías que gozarían de impunidad.
El último pronunciamiento de la ONU es un triunfo histórico de la justicia y el presidente debería sentirse aludido y actuar en consecuencia, señaló el opositor Partido de la Revolución Democrática.
El gobierno niega todas las imputaciones de las organizaciones de derechos humanos y la oposición y afirma que promueve el diálogo y el respeto a los derechos humanos en Chiapas y en todas las regiones del país. Sus señalamientos, sin embargo, no parecen tener mayor eco entre la población.
Sesenta por ciento de la población opina que el gobierno no ha sido congruente entre lo que dice y lo que hace respecto de Chiapas, según una encuesta realizada la última semana de julio y la primera de agosto en 23 de los 32 estados mexicanos por la fundación Arturo Rosenbleth.
Realizada sobre universo de casi 5.000 personas de diversos estratos económicos, la encuesta señala que 57 por ciento cree que el gobierno no trabaja para lograr la paz en Chiapas. Treinta y uno por ciento opina que sí.
Según la fundación, 49 por ciento de los entrevistados dijo que guerrilla zapatista hace un mejor esfuerzo para alcanzar la paz, mientras 41 por ciento cree que no.
El diálogo de paz en Chiapas está detenido hace dos años por desacuerdos sobre una ley de derechos indígenas y por las quejas de la guerrillla sobre la masiva presencia militar en la zona. (FIN/IPS/dc/mj/hd/98
