Organizaciones de derechos humanos y de izquierda de Chile se manifestaron indignadas por el protagonismo del ex dictador Augusto Pinochet en la derogación del feriado del 11 de septiembre, que conmemora el cruento golpe de Estado de 1973.
En el gobierno, en cambio, el ministro de Defensa, José Florencio Guzmán, calificó de "acto de patriotismo" el acuerdo que Pinochet negoció el miércoles pasado con el presidente del Senado, Andrés Zaldívar.
En virtud de ese entendimiento, respaldado por la unanimidad del Senado en su sede de Valparaíso (120 kilómetros al oeste de Santiago), el próximo año se eliminará el feriado que Pinochet instituyó en 1974.
En lugar de esa fecha, que recordaba el cruento derrocamiento del presidente constitucional Salvador Allende, se celebrará el primer lunes de septiembre el "Día de la Unidad Nacional", según el proyecto que aún debe ratificar la Cámara de Diputados.
El general Pinochet, quien el 10 de marzo último dejó el mando del ejército para asumir al día siguiente como senador vitalicio, mostró su protagonismo en el acuerdo al instalarse en la cabecera del Senado junto a Zaldívar.
Este gesto molestó a los partidos Socialista (PS) y Por la Democracia (PPD), que junto al Demócrata Cristiano (PDC) del presidente Eduardo Frei y el Radical Socialdemócrata (PRSD), integran la oficialista Concertación por la Democracia.
El acuerdo Pinochet-Zaldívar superó el estancamiento en que se hallaba desde el martes la discusión por la derogatoria o confirmación del feriado, luego del empate de ambas posturas en dos votaciones en el Senado.
Zaldívar, precandidato para las elecciones presidenciales de diciembre de 1999, es del PDC, al igual que el ministro Guzmán, quien aseguró que en el acuerdo con Pinochet, que comprometió a toda la derecha, no hubo ningún tipo de transacción.
El senador del PS Carlos Ominami criticó "la puesta en escena" del acuerdo y dijo que en ella hubo "algo de falso y abusivo", aludiendo a la imagen de Pinochet como un dictador que cometió numerosos crímenes represivos.
"No es bueno que Andrés Zaldívar haya apadrinado a Pinochet en esta operación. Ello no se corresponde con la realidad. Es inconcebible que el ex dictador aparezca mandando en el Senado", expresó Camilo Escalona, presidente del PS.
La abogada socialista Pamela Pereira, activista de los derechos humanos e hija de un detenido-desaparecido, consideró "oportunismo político, tanto de Pinochet como de Zaldívar, tratar de aparecer como gestores de la política nacional".
Gladys Marín, secretaria general y candidata presidencial del opositor Partido Comunista (PC), señaló que "si bien era una vrgüenza que 'el 11' continuara como feriado, hubo un cambalache indigno, ya que por abolirlo se le dio protagonismo a Pinochet".
"Tras este acuerdo consensuado a espaldas de la gente, dirigido por Pinochet, intentan que se olvide todo lo pasado", dijo la líder del PC.
La juventud del PRSD rechazó también el mismo miércoles el acuerdo, afirmando que no habrá unidad nacional ni reconciliación en Chile mientras Pinochet no pida perdón por las violaciones de derechos humanos y no entregue los restos de los desaparecidos.
Organismos gubernamentales establecieron desde 1991, sobre la base de antecedentes legales y testimonios, que durante la dictadura de Pinochet (1973-90) se produjeron unos 2.000 crímenes políticos y 1.500 desapariciones forzadas.
La Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) dijo en un declaración que "indigna ver que el principal responsable de los crímenes más cobardes en la historia de Chile hoy aparece puesto al centro de un poco creíble gesto de reconciliación y unidad nacional".
"Pinochet carece de la estatura ética mínima para ello", señaló Codepu, agregando que "la unidad nacional no se decreta por ley", sino que "se construye teniendo por base la verdad, la justicia, la igualdad y la solidaridad".
La organización, que está presidida por la abogada Fabiola Letelier, añadió que la creación del feriado del "11" expresó la violencia de la dictadura, pero la forma en que se acordó derogarlo no fue "ningún gesto histórico de 'reconciliación nacional' para la sociedad chilena".
Con el acuerdo en el Senado "sólo tiende a perpetuarse la falta de credibilidad en el quehacer político nacional. Una vez más Chile ha sido expuesto a la vergüenza internacional", concluyó Codepu. (FIN/IPS/ggr/ff/hd-ip/98
