Dirigentes ecologistas calificaron de irresponsable la política energética del gobierno de Chile y afirmaron que la gran central hidroeléctrica Ralco causará un desastre ambiental, además de violar las leyes indígenas.
Los ambientalistas presentaron una propuesta de bases para una estrategia energética sustentable, en el marco del conflicto por la construcción de la central hidroeléctrica Ralco en el curso superior del río Bío-bio, unos 500 kilómetros al sur de Santiago.
Ese megaproyecto energético está paralizado desde hace dos semanas, a raíz de la negativa de siete familias de indígenas pehuenches a abandonar sus tierras, que serían inundadas por la gigantesca represa de la central.
El Grupo de Acción por el Bío-bio (GABB), el Programa Chile Sustentable y el Instituto de Ecología Política (IEP), acusaron el miércoles pasado al gobierno del presidente Eduardo Frei y a la empresa Endesa de distorsionar el debate en torno a Ralco.
El gobierno y Endesa sostienen que esas siete familias son una minoría frente a otras 84 de pehuenches que aceptaron permutar sus tierras ancestrales por otros terrenos que les ofrece Endesa para llevar a cabo la construcción de la central.
Las autoridades y la empresa plantean que si no se lleva a cabo este megaproyecto, que producirá 570 megavatios al año, el país tendría déficit en los suministros de energía eléctrica a partir del año 2002.
"Decir que sólo siete familias de pehuenches, apoyadas por 'ecoterroristas', están contra 14 millones de chilenos que 'van a tener que apagar la luz' es una propaganda inteligente del gobierno y Endesa", dijo Sara Larraín, presidenta de Chile Sustentable.
Tal acusación es sin embargo falsa, agregó, ya que existen estudios que demuestran la posibilidad de contar con ese mismo y más volumen de electricidad mediante planes de ahorro, uso racional y recuperación de energía, señaló Larraín.
Juan Pablo Orrego, del GABB, recordó que en su momento la presidenta de la Comisión Nacional de Energía, María Eugenia González, señaló que Ralco no era la mejor solución para Chile y que la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), rechazó el estudio de impacto ambiental de Endesa.
Los ecologistas señalaron que el gobierno de Frei, en su afán de aprobar el proyecto de Endesa, alteró la institucionalidad ambiental y que ahora pretende desconocer la institucionalidad indígena con el mismo fin.
Las bases presentadas por Chile Sustentable se apoyan en un estudio del Programa de Investigaciones de Energía (Prien) de la Universidad de Chile, que analiza la diversificación de fuentes de energía del país y su uso eficiente.
Larraín destacó que mientras Chile tiene una tasa anual promedio de crecimiento del producto interno bruto de siete por ciento, su consumo de energía aumenta 10 por ciento al año, lo cual revela ineficiencia ya que ambos indicativos coinciden en la mayoría de los países.
La propuesta de una estrategia energética sustentable apunta a corregir ese desequilibrio, a un uso adecuado en la generación eléctrica del gas natural que se importará desde Argentina, al desarrollo de fuentes no convencionales y al ahorro y eficiencia en el consumo.
La presidenta de Chile Sustentable advirtió que el gobierno de Frei está favoreciendo a una empresa como Endesa, cuyos objetivos como negocio no están en el uso racional de la energía, sino en aumentar constantemente su oferta por la vía de la hidroelectricidad.
Endesa es parte del consorcio Enersis, que en 1997 se asoció con Endesa de España en una operación bursátil que originó ganancias ilícitas para los ejecutivos chilenos, quienes enfrentan hoy una demanda legal del Consejo de Defensa del Estado.
Manuel Baquedano, presidente del IEP, advirtió que el abogado y ex dirigente de extrema derecha Pablo Rodríguez, que defiende a los antiguos ejecutivos de Enersis, es a la vez el defensor de Endesa en los litigios con las siete familias pehuenches.
Baquedano subrayó que de acuerdo a la Ley de Desarrollo Indígena no se puede obligar a las siete familias pehuenches a ceder sus tierras a Endesa y sostuvo que la mayoría de las otras 84 familias fueron inducidas a hacerlo mediante engaños.
Orrego citó el caso específico, denunciado en un reportaje de televisión, de una anciana pehuenche que firmó la cesión de sus tierras forzada por abogados de Endesa a cambio de un pago de dinero y la oferta de darle asistencia médica.
Larraín señaló que de acuerdo a la Ley de Desarrollo Indígena el gobierno debía velar para que los pehuenches no fueran presionados y conocieran además los contratos de oferta de permuta de tierras redactados en su lengua, pero eso no se hizo.
Orrego recalcó que en el conflicto con las siete familias pehuenches se ha tendido a relegar a un segundo plano los impactos ecológicos de la central Ralco, en circunstancias de que esta obra puede causar un desastre ambiental, según dijo.
El coordinador del GABB explicó que entre Ralco y la central Pangue, ya construída por Endesa, causarán la destrucción de unos 70 kilómetros del cauce del Bío-bio, que tiene entre 380 y 400 kilómetros de extensión, desde la cordillera de Los Andes al Pacífico.
Los 70 kilómetros equivalen a cerca de 50 por ciento del curso superior del río, el más importante de Chile y que alberga un ecosistema único, con especies de flora y fauna endémicas, muchas de ellas en peligro de extinción.
Orrego indicó que el embalse de Pangue tiene 14 kilómetros y para Ralco se proyectan 35 kilómetros, y que entre ambos inundarán 4.000 hectáreas de terrenos, alterando un sistema fluvial continuo para convertirlo en lacustre.
El experto señalo que ello alterará no sólo la biodiversidad en el río, sino que además distorsionará la cadena de sedimentos orgánicos alimenticios que convierten al Golfo de Arauco, en la costa del Pacífico, en una de las cuencas pesqueras más productivas del mundo. (FIN/IPS/ggr/ag/en/98
