/BOLETIN-AMBIENTE/

Ambientalistas de Uruguay lanzan una intensa campaña para reclamar garantías de sustentabilidad en relación con las obras que prevé el gobierno para producir y transportar en breve tres millones de toneladas de madera al año.

Guayubira, una organización ambientalista que nuclea a los principales grupos uruguayos con actividad en materia de montes y forestación, reclamó al gobierno estudios profundos de impacto ambiental "ante el incremento explosivo de la forestación".

El nombre del grupo no es antojadizo. El guayubira es un árbol que crece al norte del país, cuya madera es elástica y flexible, pero a la vez durable e imputrescible.

Ana Filippini, integrante del grupo, dijo el miércoles pasado a IPS que el modelo de forestación que se aplica en Uruguay, a partir de una ley de 1989, "apunta a abastecer de materia prima barata y abundante a los grandes centros consumidores del Norte" industrial sin asegurar "la sustentabilidad ambiental".

Cuando se aprobó la ley, que otorgó subsidios y exenciones impositivas a la forestación en tierras de baja productividad para otros fines, no se contempló la realización de estudios de impacto ambiental.

"El gobierno prometió realizarlos, pero casi 10 años después de aprobada la ley los estudios no se concretan. Por eso estamos preocupados", dijo Filippini.

Por esa razón, las organizaciones ambientalistas realizarán en los próximos días gestiones ante todos los partidos políticos del país.

Guayubira afirma que la plantación de eucaliptus, la especie preferida por los productores forestales, provoca un elevado consumo de agua que genera el desecamiento de aguadas, al tiempo que modifica la estructura y textura del suelo, degradándolo.

Por otra parte, las plantaciones a gran escala, instaladas sobre praderas, eliminan la mayoría de los ecosistemas locales y reducen drásticamente la biodiversidad. Las plantaciones de eucaliptus y pinos impiden el desarrollo de la mayor parte de las plantas nativas, afirman los ambientalistas.

El actual modelo de desarrollo forestal "implica profundos cambios en materia de tenencia de la tierra, con el resultado de la desaparición de numerosos productores y la latifundización y extranjerización de amplias áreas del territorio uruguayo", agregaron.

Particulares y empresas forestales prevén que en los próximos cinco años Uruguay producirá unas tres millones de toneladas de madera al año, lo que demandará una adecuada infraestructura para su transporte interno y exportación.

Con esas previsiones, el Ministerio de Transporte desarrolló un plan destinado a mejorar la infraestructura carretera, férrea y portuaria.

"Es necesario prepararse. Si el transporte se hiciera todo por carretera y no se industrializara madera en el país, para exportar la producción llegaría al puerto un camión cada diez minutos las 24 horas del día", dijo a IPS el ministro Lucio Cáceres.

Cáceres no desestimó la alarma de las organizaciones ambientalistas, pero las consideró "exageradas", porque las 221.000 hectáreas forestadas en Uruguay, un país de 18 millones de hectáreas, no son demasiadas.

El total forestado en 1990 era de 11.000 hectáreas. La meta del gobierno es alcanzar 620.000 hectáreas de bosque artificial en el 2019, las que que, sumadas al bosque nativo, representarían 6,3 por ciento de la superficie del país.

El ministro explicó que Uruguay, a diferencia de otros países, tiene un balance hídrico sumamente positivo, que no es puesto en peligro por las plantaciones de eucaliptus. "Llueve mucho más de lo que absorbe el suelo y la mayor parte se va al mar", dijo.

Los proyectos en marcha y los previstos indican que para el 2000 habrá en el territorio de Uruguay 500.000 hectáreas forestadas.

Según Filippini, la comparación de las hectáreas forestadas con el territorio total del país efectuada por Cáceres no la es adecuada.

"Puede serlo si se mira desde el punto de vista global, pero en Uruguay la forestación tiene tiene zonas de concentración forestal altísima, mientras que en otros lugares no existe la forestación. Por eso, ese cálculo no debe hacerse", dijo Filippini.

Guayubira también cuestionó las condiciones laborales de los trabajadores rurales, cuyos empleos son "en general, informales, temporarios, mal pagados y caracterizados por pésimas condiciones en materia de alimentación, alojamiento y seguridad".

El ministro admitió que las condiciones de esos trabajadores "no son las mejores del mundo", pero replicó que en los últimos años se produjo "una mejora sustancial", tanto en materia de salario como de estabilidad laboral.

Cáceres destacó que la actividad generará más de 14.000 puestos de trabajo permamentes en el área rural, lo que permitirá que, a diferencia de lo que sucedía antes, mejoras de las relaciones familiares, que se deterioraban debido a la continua migración de los trabajadores. (FIN/IPS/rr/mj/en if/98

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