La justicia de Bolivia considerará por primera vez un caso de delito ambiental, al acusarse al ingenio azucarero Gabirá de causar daños ecológicos irreversibles al río Piraí por vertido de residuos líquidos en esa corriente fluvial.
Los 82.141 metros cúbicos de desechos que ese ingenio descargó el 7 de julio en el río Piraí, en el oriente del país, provocaron dos días después la muerte de 80 toneladas de peces.
Los peces murieron por la disminución del oxígeno disuelto en una zona del río por efecto de la contaminación que genararon los residuos líquidos de Guabirá, según un informe técnico de la Dirección de Medio Ambiente del Ministerio de Desarrollo Sostenible.
El informe técnico responsabiliza al ingenio Guabirá de contaminación biológica de aguas destinadas al consumo de las poblaciones ribereñas asentadas en esa zona y a la pesca.
La Ley del Medio Ambiente, aprobada seis años atrás, sanciona los delito en la materia con la privación de libertad de uno a cuatro años del representante legal de la empresa y con una multa de cien por ciento del daño causado.
El proceso comenzó esta semana, luego de que se resolvió el conflicto de intereses planteado el 31 de julio por el traspaso del caso de un juzgado de la ciudad de Santa Cruz a otro de la vecina Montero, a 54 kilómetros de distancia, donde el ingenio Guabirá es una de las principales fuentes de empleo.
La Fiscalía de Distrito de Santa Cruz, 900 kilómetros al este de La Paz, anunció la presentación de una apelación ante la Corte Superior de Justicia para que el proceso no se desarrolle en la ciudad de Montero porque allí no habrían garantías de un juicio imparcial.
"Montero no es un lugar neutral para el juicio a Guabirá. Todos sabemos que las autoridades civiles y políticas presionarán para que a esa empresa no se la considere responsable del desastre ecológico", denunció Angel Maymura, fiscal de distrito de Santa Cruz.
Instituciones cívicas y políticas de Montero habían manifestado, días antes, su protesta por el anunciado proceso contra el ingenio Guabirá y manifestaron públicamente que defenderán a esa empresa.
"Si hay que corregir errores, hay que hacerlo, pero no se debe satanizar a Guabirá, ni tomarlo como chivo expiatorio… Si hay culpable son los dueños de todas las industrias del departamento, aunque esa actividad genera bienestar social", dice el alcalde de Montero, Jorge Ribero.
El caso del río Piraí es el primero que genera acciones judiciales. Organizaciones ambientalistas de Santa Cruz informaron que el río Piraí sufre contaminación del agua y mortandad de peces hace unos 25 años, pero nunca antes se tomaron acciones.
La presión de varios medios de comunicación de esa ciudad influyeron en la apertura este año de un proceso contra supuestos infractores a la Ley del Medio Ambiente.
Otro caso de mayor magnitud aun es el de la contaminación del río Pilcomayo, en la región central del país, hace años utilizado para el disposición de residuos de empresas mineras.
Las comunidades indígenas asentadas a lo largo de las riberas del Pilcomayo dejaron de alimentarse con pescado, debido a los daños a la salud que ocasiona su consumo. Las aguas del Pilcomayo llegan hasta Argentina y Paraguay. (FIN/IPS/jcr/mj/en/98
