El conflicto étnico por la central hidroeléctrica de Ralco, en el sur de Chile, desató una crisis en el gobierno, luego de que el presidente Eduardo Frei destituyera al director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
La destitución de Domingo Namuncura postergó indefinidamente la reunión del consejo de Conadi, que el jueves pasado debía pronunciarse acerca del desalojo de 91 familias mapuches- pehuenches, cuyas tierras serían inundadas por la represa de Ralco.
El conflicto en el curso superior del río Bío-bío, unos 500 kilómetros al sur de Santiago, enfrenta al consorcio eléctrico Endesa con organizaciones indígenas y grupos ambientalistas, que acusaron a Frei de actuar en favor de los intereses empresariales.
Frei, quien en abril de 1997 destituyó al anterior director de la Conadi, Moisés Huenchelaf, opositor al proyecto de Ralco, dijo el jueves que pidió la renuncia de Namuncura porque éste no estaba de acuerdo con la política del gobierno en el conflicto.
La Conadi debe autorizar o rechazar la permuta de tierras que Endesa ofrece a 91 familias pehuenches, pues el embalse de la central inundaría sus territorios ancestrales, que están protegidos por la Ley de Desarrollo Indígena de 1992.
Namuncura había anticipado su opinión contraria a la permuta, lo que motivó su despido, aunque Frei sostuvo que "el gobierno no está a favor de Endesa ni de las familias pehuenches y lo que le corresponde es aplicar la ley".
Según el mandatario, la función de la Conadi es fundamentalmente la de asegurar que las familias indígenas sean protegidas en caso de que se apruebe su relocalización, con lo cual puso en entredicho las facultades de la Corporación para oponerse a la permuta de tierras.
Si en la Conadi hubiera prevalecido el criterio contrario al ofrecimiento de Endesa a los indígenas, la construcción de la central se habría paralizado. Y también se habría puesto en evidencia la contradicción entre la ley indígena y la defensa ambiental, por un lado, y las políticas de desarrollo energético por otro.
El consejo de Conadi está conformado por ocho representantes de pueblos indígenas y ocho del gobierno, y el director tiene voto decisivo en caso de empate, lo cual era una posibilidad cierta en la decisión acerca de Ralco.
Frei removió hace una semana a dos consejeros gubernamentales, pero no logró alterar la correlación de fuerzas en Conadi en favor de su posición de dar luz verde a Ralco, la segunda central que Endesa construye en el Bío-bio, el río más importante de Chile.
El despido de Namuncura desató una ola de críticas contra el presidente de organizaciones indígenas, grupos ecologistas y de los partidos Socialista (PS) y Por la Democracia (PPD), que integran la coalición de gobierno.
Namuncura, militante del PPD, fue respaldado por el senador Sergio Bitar, presidente de ese partido, y el diputado del PS Alejandro Navarro acusó a Frei de incurrir en un "intervencionismo político inaceptable, que busca convertir a Conadi en un pelele".
El diputado Guido Girardi, del PPD, denunció presiones indebidas de tres subsecretarios (viceministros) sobre Namuncura y dijo que su destitución implica tráfico indebido de influencias además de afectar el derecho de igualdad ante la justicia.
El bloque PS-PPD coincidió en acusar al presidente de desconocer la autonomía de Conadi, favorecer a Endesa e incumplir el programa de la coalición de gobierno sobre los derechos de los pueblos indígenas.
El presidente del Senado, Andrés Zaldívar, coideario de Frei en la Democracia Cristiana (DC) y precandidato presidencial, dijo que deben ser los tribunales los que diriman en definitiva el conflicto con las familias pehuenches que rechazan el desalojo.
El ministro del Interior, Raúl Troncoso, también de la DC, declaró que Namuncura fue removido por discrepancias en cuanto al trámite de la permuta de tierras y por negarse a postergar la reunión de la Conadi hasta contar con mayores antecedentes al respecto.
Alberto Cardemil, diputado del derechista Partido Renovación Nacional y viceministro bajo la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), se declaró "complacido" por la decisión de Frei, ya que la Conadi, dijo, "se estaba transformando en un foco de agitación y activismo político".
Luis Mariano Rendón, coordinador de la Red Nacional de Acción Ecológica, dijo que "Frei, por segunda vez, descabeza a la Conadi y levanta un escenario prefabricado para lograr dar vía libre a Endesa", con lo cual destruye la institucionalidad indígena.
"El gobierno, con la remoción de Namuncura, está demostrando que no conoce límites con tal de favorecer los negocios de los grandes grupos económicos. Creemos que ha llegado el momento de que la ciudadanía se exprese y ponga término a los abusos gubernamentales y de Endesa", añadió Rendón.
Manuel Baquedano, presidente del Instituto de Ecología Política, acusó a Frei de "salvaguardar en forma escandalosa y arbitraria" los intereses de Endesa y las empresas constructoras subcontratadas para las obras de Ralco.
"Los ecologistas consideramos que el proceso ha quedado viciado y nulo", dijo Baquedano, para agregar que "las instalaciones de la represa seguiran ocupadas por quienes apoyan a los pehuenches, hasta que se pare definitivamente la construcción ilegal" de la obra.
Martín Zilic, intendente de la novena región del Bío-bío, señaló que 84 familias aceptaron la permuta ofrecida por Endesa y que sólo siete la rechazan. Pero líderes indígenas aseguran que muchos aceptantes cambiaron de opinión al advertir engaños por parte de la empresa.
El intendente observó que igualmente hay otras 200 familias pehunches cuyas tierras no serán anegadas por el embalse, pero que también sentirán el impacto de la obra en sus condiciones de vida y de trabajo, al quedar localizadas en los bordes de la represa. (FIN/IPS/ggr/ff/en-hd/98
