Indígenas, ecologistas y estudiantes bloquearon esta semana en el sur de Chile el acceso al alto Bio- bío, como parte de los últimos esfuerzos para impedir la construcción de la central hidroeléctrica Ralco en ese paraje fluvial cordillerano.
La ocupación, llevada a cabo el miércoles por unas 80 personas, se prolongó por cinco horas hasta que la compañía Endesa, asociada al consorcio español del mismo nombre, aceptó suspender las obras a la espera de una gestión mediadora de la Iglesia y el gobierno.
La tensión en torno a la central Ralco aumentó este miércoles, en la víspera de una trascendental votación del consejo de la Comisión Nacional Indígena (Conadi), que podría autorizar el desalojo de tierras ancestrales del pueblo pehuenche.
Seis dirigentes de la etnia mapuche-pehuenche mantienen desde el martes pasado en Santiago una huelga de hambre, en rechazo a denunciadas maniobras del gobierno del presidente Eduardo Frei para forzar en Conadi una decisión favorable a Endesa.
El conflicto en el alto Bio-bío, unos 500 kilómetros al sur de Santiago, se arrastra desde comienzos de esta década e involucra contradicciones entre la defensa ambiental y los derechos indígenas, por una parte, y el desarrollo energético por otra.
La Ley de Desarrollo Indígena, expedida en 1992, reconoció el dominio de las etnias autóctonas sobre sus tierras ancestrales y determinó que sólo Conadi puede autorizar operaciones de traslado de familias mediante la permuta de sus propiedades.
Endesa, que ya construyó en el curso superior del río Bio-bío la central Pangue, inaugurada en 1997, planea desalojar a unas 80 familias y trasladarlas a una hacienda, ya que sus tierras serán anegadas por la gigantesca represa de Ralco.
Unas 20 familias pehuenches se oponen al traslado y rechazan las permutas, que deben ser finalmente autorizadas o denegadas por la Conadi, entidad que conforman representantes de los pueblos indígenas y del gobierno.
La semana pasada, el presidente Eduardo Frei solicitó la renuncia a dos consejeros de Conadi, Milene Valenzuela y Cristián Vives, quienes habían anticipado opiniones contrarias a la permuta de las tierras que habitan los pehuenches.
Agrupaciones indígenas y ecologistas calificaron de "escandalosa" la petición de renuncia a Valenzuela y Vives y dijeron que constituía una maniobra para forzar en Conadi una resolución a favor de los intereses de Endesa.
El presidente Frei reiteró en 1997 su apoyo a la construcción de centrales en el alto Bio-bío, el mayor y más caudaloso río de Chile, pese a que el Banco Mundial, que financió la central Pangue, admitió que Endesa no cumplió compromisos sociales en favor de los pehuenches.
Endesa, surgida de la privatización a fines de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90) de la antigua Empresa Nacional de Electricidad, es parte del consorcio Enersis, que tiene inversiones también en Argentina, Colombia, Brasil y Perú.
A fines de 1997, Enersis vendió un paquete mayoritario de sus acciones a Endesa-España, una compañía estatal en vías de privatización, en una polémica operación que significó grandes ganancias a los ejecutivos del consorcio chileno.
La organización indígena Meli Wixan Mapu denunció que Endesa obtuvo "fraudulentamente" que muchas familias pehuenches aceptaran trasladarse desde el alto Bio-bío al fundo El Barco, donde empeorarán sus condiciones de vida.
El Grupo de Acción por el Bio-bío, una red de organizaciones ambientalistas, apoya a los indígenas y advierte además que la construcción de las centrales dañará irreversiblemente un ecosistema único en el mundo.
Ignacio Swett, ejecutivo de Endesa, ordenó este miércoles la detención de las obras, luego de haber rechazado decisiones en ese sentido de Conadi, como "un gesto de buena voluntad" para facilitar la apertura de negociaciones.
El intendente de la Octava Región del Bio-bío, Martín Zilic, y el presidente de la Conferencia Episcopal, el obispo Fernando Ariztía, hicieron llamados a crear una mesa de negociación para impedir que el conflicto derive en hechos de violencia.
En la gobernante Concertación por la Democracia, el diputado demócrata cristiano Mario Acuña señaló que son los tribunales los que deben resolver la contradicción entre la Ley Indígena y la construcción de Ralco en el contexto del desarrollo energético.
El diputado, que integra la llamada bancada verde, agregó que la legislación en favor de los pueblos indígenas debe ser respetada y que, a su juicio, bastaría que una sola familia rechace la permuta de tierras para impedir las obras de Ralco.
Camilo Escalona, presidente del cogobernante Partido Socialista, advirtió que se pueden desatar en el país problemas mayores si se insiste en "menoscabar, atropellar, discriminar y desconocer los derechos de las minorías étnicas".
Las acciones en contra de Ralco incluyeron al final de la tarde de este miércoles una marcha de indígenas, ecologistas y organizaciones estudiantiles por el centro de Santiago. (FIN/IPS/ggr/ml/en-hd/98
