La dirigente opositora y premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi inició hoy el séptimo día de protesta dentro en su automóvil en la capital de Birmania, mientras aumentan las presiones internas y externas sobre la dictadura militar del país del sudeste de Asia.
Suu Kyi inició la protesta después que fuerzas del gobierno birmano le prohibieran por segunda vez reunirse en las afueras de Rangún con partidarios de la Liga Nacional por la Democracia (LND), la cual dirige.
Así mismo, 18 activistas extranjeros fueron deportados el sábado por haber entregado panfletos en Rangún que expresaban su respaldo a los activistas birmanos por la democracia.
Varios acontecimientos ocurridos en las últimas semanas, entre ellos la protesta de Suu Kyi, en el contexto de la creciente presión internacional y la crisis económica imperante en el país, indican la posibilidad de un levantamiento social.
Pero también hay dudas sobre el alcance y el impacto de este tipo de levantamiento, porque los militares mantienen el poder con mano de hierro y la oposición sólo puede contar con el descontento del pueblo y el idealismo de los activistas.
"Todos sabemos que Birmania es el país al que hay que observar en este momento, pero no estamos apostando cuánto habrá que esperar para que comience la acción", señaló un diplomático extranjero en Bangkok.
El día 8 se conmemoró pacíficamente el décimo aniversario desde que manifestantes por la democracia colmaron las calles de Rangún y obligaron a renunciar al dictador general Ne Win.
El único incidente ocurrido fue la detención en Rangún de 18 activistas por la democracia de Australia, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, Malasia y Tailandia que distribuyeron folletos con la leyenda "no los hemos olvidado", en referencia a los manifestantes por la democracia.
Los activistas, sentenciados en un principio a cinco años de prisión por incitar al descontento, fueron deportados el sábado debido a la gran presión internacional.
Filipinas y Tailandia demostraron gran interés en garantizar la liberación de sus activistas, lo que acentuó la creciente diferencia de opiniones existente en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) sobre la manera de proceder con Birmania, su integrante más reciente y controvertido.
Los dos países pidieron la modificación de la política de "relación constructiva" que rige las relaciones de ASEAN con Birmania y le permite a la organización mantener fuertes lazos económicos con el régimen birmano sin responsabilizarse por la cuestión de la democracia.
"No alentamos a nuestros ciudadanos a participar en actividades políticas fuera del país, pero cualquiera que defienda la causa de la democracia tendrá nuestro apoyo", declaró el canciller tailandés Surin Pitsuwan.
Tailandia propone una política de "relación constructiva flexible" con Birmania, que permita las críticas de ASEAN a la violación de los derechos humanos y la represión de la dictadura birmana.
El concepto tiene el apoyo de Filipinas, pero es opuesto por otros integrantes de ASEAN como Indonesia, Malasia y Singapur.
En el plano interno, la dictadura birmana se enfrenta a un enemigo aun más formidable con Suu Kyi, quien después de años de pasos cautelosos e incluso conciliadores, repentinamente incrementó la presión sobre el régimen.
En junio, la dirigente anunció que había dado un ultimátum de 60 días a la dictadura para que convocara antes del 21 de este mes a una sesión de los miembros del parlamento electos en los comicios de 1990.
El partido de Suu Kyi, la LND, ganó por amplia mayoría esas elecciones, pero la dictadura militar no reconoció el resultado electoral.
Suu Kyi también desafió las restricciones que el gobierno impuso a sus movimientos y su actividad política al salir de Rangún para reunirse con sus partidarios.
A fines de julio fue devuelta por la fuerza a su residencia luego de pasar seis días en su automóvil sobre un puente en las afueras de Rangún, porque las autoridades no le permitían traspasarlo.
Tras varios días de descanso, Suu Kyi se encuentra ahora en el sexto día de una nueva y similar protesta, 32 kilómetros al oeste de Rangún.
Mientras el gobierno asegura limitar los movimientos de Suu Kyi en aras de su "seguridad física", la LND acusó a la dictadura de infringir la ley al detener el vehículo de la dirigente y agregó que el régimen será responsable si algo le ocurre.
Los activistas por la democracia aseguran que la actitud de Suu Kyi es un mensaje para sus partidarios que dice que llegó la hora de enfrentar a la dictadura.
"La situación es de todo o nada y la fecha del 21 de agosto (fijada por Suu Kyi) es una señal a todos los interesados en la democracia birmana que ahora es el momento de hacer su parte", expresó Moe Thee Zun, dirigente estudiantil del movimiento de 1988, exiliado en Tailandia.
La dictadura aumentó la seguridad en ciudades como Rangún y Mandalay y vigila especialmente a los estudiantes de secundaria, los más probables partícipes de protestas contra los militares.
"Los militares demostraron en el pasado que están dispuestos a matar a sus propios ciudadanos para quedarse en el poder, y eso puede disuadir a la gente de salir a protestar en la calle", dijo un empresario de Rangún.
Pero a pesar del temor imperante en el país, los observadores estiman que se están dando las condiciones, con Suu Kyi a la cabeza, para provocar un enfrentamiento político con el gobierno militar.
La presión sobre la dictadura también aumenta desde el exterior, mientras países como Japón expresan su preocupación sobre el agravamiento de la situación.
Rangún rechazó la última semana la solicitud del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan, de enviar un representante especial al país.
Si un levantamiento popular o un movimiento de protesta transcurre en paz o termina en derramamiento de sangre depende de lo que ocurra dentro del gobierno militar, dividido en moderados que quieren evitar la violencia y radicales decididos a aferrarse al poder. (FIN/IPS/tra-en/ss/js/aq-lp/ip hd/98