La venta de armas de Argentina a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995, realizada en violación de embargos internacionales, todavía afecta al gobierno de Carlos Menem, tras costar su cargo a un ministro de Defensa, al jefe de la fuerza aérea y a otros funcionarios.
El jefe del ejército, general Martín Balza, aseguró este jueves ante la cámara de Diputados que su fuerza "no entregó ningún tipo de material bélico para venta".
Balza intentó diluir las sospechas despertadas por un acuerdo de intercambio de armamento usado por nuevo, de 1993, que podría haber sido el primer paso para el contrabando realizado.
El general procura apartarse del escándalo que involucra al ejército por la venta de armas a Croacia, una operación violatoria del embargo internacional impuesto por la Organización de las Naciones Unidas a la antigua Yugoslavia, y a Ecuador, que estaba en guerra con Perú.
Balza dio su versión el lunes ante 400 jefes y oficiales del ejército y este jueves concurrió voluntariamente al Congreso. Pero aún así, podría ser indagado por la justicia en los próximos días.
El caso de la venta ilegal de armas se conoció en 1995, en pleno enfrentamniento de Ecuador y Perú por un litigio de límites que data de 1941. Argentina es uno de los garantes de la paz entre esos dos países.
El cargamento de armas salió con destino a Venezuela, según los registros oficiales, pero nunca llegó allí, pues fue desviado a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil.
El embarque fue autorizado por Menem y por sus ministros de Defensa, Economía y Relaciones Exteriores. Se trataba de 75 toneladas de armas livianas y municiones, que llegron a Guayaquil cuando los países americanos imponían un embargo de venta de armamento a Ecuador y Perú, para evitar el agravamiento de la guerra.
Poco después, un informe reservado de la aduana argentina confirmó una versión periodística según la cual, 6.500 toneladas de armas —cañones pesados, fusiles, misiles, minas explosivas, granadas y munición— adquiridas supuestamente por Panamá, fueron a dar a Croacia, que combatía entonces para independizarse de Yugoslavia.
El gobierno intentó en un primer momento defender la legalidad de las operaciones. Pero al saberse que los cargamentos habían llegado a países en conflicto, a los que no se podía vender armas, los funcionarios argentinos acusaron de "traición" a las empresas intermediarias.
Menem debió aceptar la renuncia del entonces ministro de Defensa Oscar Camilión que, según el ex brigadier Juan Paulik, había sido advertido del riesgo de una triangulación.
Camilión fue procesado por la justicia federal, y lo mismo ovcurrió con Paulik, jefe de la fuerza aérea en momento de descubrirse la operación.
Paralelamente, el gobierno separó del cargo al interventor de Fabricaciones Militares, una empresa dependiente del Ministerio de Defensa que proveyó el material y firmante del acuerdo de 1993 con el Ejército para el intercambio de armas nuevas por usadas.
Otros funcionarios debieron renunciar y son investigados, y la justicia se apresta ahora a decidir si cita a declarar al actual ministro de Trabajo, Antonio Erman González, que fue titular de Defensa antes de Camilión, y a Balza.
Las investigaciones recobraron relevancia en los últimos días, luego del suicidio el martes del capitán retirado Horacio Estrada.
Estrada había declarado el viernes ante el juez, debido a que dos testigos lo señalaron como la persona que inspeccionó la salida de los embarques de armas.
Ese capitán retirado era conocido en el ambiente militar por su condición de intermediario en operaciones legales de compra y venta de armamento. Si bien la autopsia determinó que se quitó la vida de un disparo en la sien, la justicia sospecha que pudo ser asesinado o instigado a suicidarse.
El mismo día del sucidio de Estrada, otro militar retirado, Diego Palleros, intermediario en las operaciones de venta a Ecuador y Croacia y vinculado al primero, quedó en libertad en Sudáfrica, donde había sido detenido por Interpol hace apenas un mes.
Palleros había advertido desde la clandestinidad que "altos funcionarios" argentinos estuvieron involucrados en el contrabando, pero la justicia sudafricana rechazó el pedido de extradición de Argentina y fue puesto en libertad.
Ahora la cancillería y la justicia estudian la posibilidad de tomar declaración a Palleros como testigo, en Johannesburgo. (FIN/IPS/mv/ff/ip/98
