El gobierno de Argentina amenazó hoy con sancionar una reforma laboral por decreto tras fracasar de nuevo en el Congreso, donde desacuerdos políticos, de empresarios y sindicalistas estancan el proyecto oficialista desde 1992.
Pocas horas después de que la oposición impidió con su inasistencia una sesión de la Cámara de Diputados para considerar la ley, el ministro de Trabajo, Antonio Erman González reveló que el presidente Carlos Menem dispuso que se estudie la posibilidad de aprobar la reforma por un decreto urgente.
"El Poder Ejecutivo cumplió con todos los pasos previos, pero la oposición no presta quórum, no debate ni tiene proyectos alternativos. Al gobierno no le queda otro camino que el decreto", dijo González este jueves, tras la reunión semanal del gabinete.
Según las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, la reforma laboral y la reforma impositiva son las dos grandes asignaturas pendientes de la gestión de Menem, a fin de reducir el déficit fiscal y aumentar el empleo a través de una reducción de los costos de contratación.
El desempleo en Argentina es de 13,2 por ciento, menor al 18,6 por ciento de 1996. La merma responde a la contratación de miles de personas mediante planes oficiales que subsidian la desocupación a través de empleos precarios y temporarios.
Los empresarios insisten en que para reducir el desempleo no alcanza con el crecimiento del producto interno burto, sino que es necesario reformar las normas laborales a fin de flexibilizar las condiciones de la contratación. Pero no acuerdan con la propuesta que hizo el Poder Ejecutivo al Congreso.
Los sindicalistas están divididos entre quienes negociaron el proyecto de reforma con el gobierno y los que se resisten por considerar que distintos acuerdos de flexibilización aprobados desde 1992 no dieron como resultado la creación de nuevos puestos de trabajo, sino un aumento de la precarización.
El propio jefe del gabinete, Jorge Rodriguez, admitió este jueves que los empresarios no aceptan la iniciativa oficial, a la que consideran demasiado inclinada a mantener privilegios de los sindicatos. Además, reconoció que en materia de flexibilización ya se avanzó 60 por ciento aun sin reforma.
Los distintos proyectos presentados en los ultimos años fueron rechazados. Un ministro de Trabajo, Armando Mera Figueroa, debió renunciar tras sus reiterados fracasos en la busqueda de acuerdos que permitan avanzar en la reforma laboral.
González, su sucesor, no tuvo mejor suerte hasta ahora. Las empresas siguen rechazando sus propuestas de cambio y tampoco tiene todo el respaldo gremial. Legisladores, incluso algunos de su propio partido, tampoco ven con buenos ojos la reforma planteada por el Poder Ejecutivo.
La iniciativa defendía la negociación para los sindicatos, fijaba topes a las indemnizaciones por despido, derogaba los contratos promovidos llamados "basura" por los gremialistas que los consideran precarios, y limitaba el período de prueba de los trabajadores a un mes, entre otros puntos.
La suspensión de la sesión de este miercoles, en la que se presentaron 115 legisladores y hacían falta 129 para dar quórum, fue en principio por una semana. Pero, ante la amenaza oficial, el nuevo encuentro podría suspenderse. (FIN/IPS/mv/mj/ip lb/98
