Los presidentes de México y Venezuela, Ernesto Zedillo y Rafael Caldera, renovarán este lunes el Pacto de San José, por el cual suministran petróleo en condiciones de cooperación a 11 países de América Central y el Caribe.
La renovación, la número 18 desde que el acuerdo anual se suscribió por primera vez en 1980, se hace sobre la base de los términos acordados en 1996 y 1997, reconociendo las ventas a empresas privadas de petróleo cuando éste se destine al consumo interno de los países de destino.
Los beneficiarios son Barbados, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, recordó el Ministerio de Energía y Minas de Venezuela.
Según el acuerdo, único en su género y mostrado como ejemplo de cooperación Sur-Sur, los dos grandes productores petroleros de la región se reparten a partes iguales el suministro de 160.000 barriles diarios a los 11 países, entre crudo y derivados.
Una vez que los precios pasan de 15 dólares el barril -lo que no es el caso actual- se dispara el mecanismo de cooperación para convertir en un crédito blando el 20 por ciento de la factura.
Ese dinero a su vez se constituye como un fondo que ha permitido a los países beneficiarios acceder a más de 2.000 millones de dólares en créditos para proyectos de desarrollo, con bajos intereses, largos plazos y sin las condiciones de organismos financieros internacionales.
En su declaración del lunes, los presidentes reiterarán el compromiso en cuanto a volúmenes y el de "mantener flexibilidad y dinamismo para adaptarse a las condiciones cambiantes de los mercados de hidrocarburos y financieros, así como a los requerimientos de los países participantes".
El primero de esos términos alude a que se mantendrán las condiciones de financiamiento de las entregas, y el segundo a la aceptación de refinadores privados como destinatarios de los crudos y derivados que ofertan los grupos estatales Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Petróleos de Venezuela (PDVSA).
A mediados de la década, Caracas y México se cuestionaron sobre la pertinencia de sostener un programa de cooperación con estados de menor desarrollo relativo que los suyos a medida que se privatizaban refinerías en el istmo y en las islas.
Los beneficiarios podrían ser entonces compañías competidoras de las corporaciones de Venezuela y México. Esa aprensión fue superada al incluir en la "dieta" de cada país beneficiario el petróleo destinado al consumo doméstico, sin margen para operaciones de desvío o reexportación.
Estas, por lo demás, son difíciles en las condiciones del mercado en la subregión. Un ejemplo es República Dominicana, que compra a PDVSA 35.000 barriles diarios de petróleo para su consumo interno, pero de ellos sólo 16.000 conforman la cuota beneficiada por el Pacto de San José.
Por otra parte, las condiciones para PDVSA y PEMEX son muy diferentes a las de 1980, cuando el mundo estaba sediento de petróleo y ese "oro negro" se vendía a precios en aumento casi constante, haciendo de los 160.000 barriles/día para sus vecinos casi un gesto de desprendimiento.
Esta década, y de modo dramático este año, la demanda petrolera se ha contraído y los precios experimentan severas caídas, revalorizando la importancia de contar con un mercado seguro, cercano y en expansión, como el centroamericano y caribeño.
Tanto los proveedores como los beneficiarios del Pacto lo ven ahora como una relación de beneficio mutuo. En el caso de Venezuela, por ejemplo, más de la mitad de los ingresos externos de su Fondo de Inversiones, que maneja la parte financiera del acuerdo, provienen de sus créditos de San José.
La prórroga número 18 se verificará mediante firmas simultáneas del acuerdo que estamparán este lunes, en sus respectivas capitales, los presidentes de Venezuela y México. (FIN/IPS/jz/ml/dv-if/98
