Un radical cambio en el sistema electoral de Uruguay generó un prematuro despertar de la campaña electoral, en las que las denuncias de corrupción contra dirigentes de todos los partidos se constituyeron en centro de un debate que se prolongará casi dos años.
Hasta ahora, cada partido político podía participar en los comicios nacionales con un número ilimitado de candidatos. La reforma puso coto a esa posibilidad y limitó a una por partido las candidaturas presidenciales.
Los postulantes serán elegidos en las elecciones internas del último domingo de abril de 1999 y los vencedores competirán en la carrera presidencial que se definirá el último domingo de octubre de ese año.
La reforma electoral también estableció una segunda vuelta para el último domingo de noviembre de 1999, si el vencedor de la primera no alcanza la mayoría absoluta de los votos de los casi dos millones de habilitados para sufragar en un país de 3,3 millones de habitantes.
La enmienda separó en el tiempo, además, las elecciones nacionales de las municipales en los 19 departamentos en que se divide el país, que se desarrollarán el último domingo de mayo del 2000.
Los primeros síntomas de la fiebre electoral parecen indicar que desde ahora y durante 22 meses los uruguayos serán sometidos a un debate en el que las acusaciones tendrán prioridad sobre las propuestas o los programas de gobierno.
El fuego cruzado surgió con mayor fuerza dentro del Partido Nacional, o Blanco, en el cual el ex presidente Luis Alberto Lacalle (1990-95) aparece encabezando las últimas encuestas para la nominación, sobre Alberto Volonté y Juan Andrés Ramirez.
Ramírez, que tiene como principal arma su imagen de político honesto, había pronosticado a IPS en 1997, ante varias investigaciones judiciales, los riesgos que enfrentaría Lacalle cuando se abriera "la caja de Pandora".
Ahora Volonté, principal socio del gobierno de coalición que encabeza Julio Sanguinetti, cuyo mandato de cinco años finaliza en el 2000, se sumó a Ramírez y reclamó a Lacalle que asumiera su responsabilidad pública por los casos de corrupción durante su gobierno.
La reacción surgió luego que Lacalle dijo en un acto público dijo que tanto Ramírez como Volonté fueron colaboradores de su gobierno y supieron "todo" lo que ocurrió durante el mismo.
En 1996, la justicia penal procesó a dos asesores de Lacalle y al ex presidente del Banco Central del Uruguay Enrique Braga por maniobras fraudulentas en la venta de un banco del Estado. Actualmente, otros jueces siguen investigando a otros funcionarios del gobierno blanco.
Lacalle "se ha beneficiado de nuestra actitud de privilegiar la unidad. Nunca fui su colaborador y jamás imaginé que se estuvieran produciendo hechos violatorios de la ética y de la moral", dijo Volonté.
La ofensiva lanzada por Volonté luego que las encuestas mostraron su declive en las simpatías de los electores incluyó pedidos de informes al gobierno sobre las péridas del Estado por la venta del Banco Pan de Azúcar en 1994, que podrían ampliar la responsabilidad penal de Braga.
Lacalle consideró incomprensible las actitudes de Volonté y Ramírez poque "nadie consciente hace un agujero en el fondo del bote donde está".
Siguiendo ese razonamiento, partidarios de Lacalle apuntaron hacia otras tiendas e iniciaron una ofensiva que apunta hacia el Partido Colorado, primera fuerza en las elecciones de 1994 que llevó a Sanguinetti al poder, y el izquierdista Frente Amplio.
Así, recordaron denuncias de corrupción que involucran a la ex viceministra de Salud Pública Laura Albertini y que motivaron su renuncia al cargo en 1997.
En esas denuncias, que también investiga la justicia, está involucrado el ex director del Instituto Nacional de Oncología, Eduardo Lasalvia, esposo de Albertini. Ambos son integrantes del Partido Colorado.
El ex ministro de Salud Pública Alfredo Solari, actual asesor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), también será denunciado por utilizar fondos del Estado en su beneficio.
El diputado Gustavo Penadés, uno de los principales colaboradores de Lacalle, consideró "poco saludable" el pedido de Volonté de que los blancos sancionen a las personas que fueron enjuiciadas por la justicia.
El parlamentario destacó que tanto los colorados como los frenteamplistas, que tienen denuncias similares, nunca harán investigaciones internas como las que se le reclaman a los blancos.
El líder del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, uno de los más prestigiosos médicos oncólogos de Uruguay, también es centro de fuertes acusaciones de corrupción.
Vázquez enfrenta acusaciones de haber utilizado una empresa de su propiedad para beneficiarse personalmente a través del Instituto Nacional de Oncología, del cual fue jefe del servicio de radioterapia.
Vázquez, quien no parece tener rivales de fuste para la carrera por la nominación presidencial del Frente Amplio, es considerado por todas las encuestas como firme candidato a ganar las elecciones nacionales y disputar una eventual segunda vuelta. (FIN/IPS/rr/ag/ip/98
