Las condiciones de vida de los presos condenados a muerte en Trinidad y Tobago desplazaron del centro del debate sobre derechos humanos a la aplicación de la pena capital, para disgusto del gobierno de Basdeo Panday.
En una sentencia que fue rápidamente apelada por el Estado, el juez de la corte superior Peter Jamadar ordenó detener la ejecución en la horca de Darrin Thomas, convicto por homicidio.
El juez consideró a Thomas víctima de "tratamiento cruel e inhumano" en la prisión estatal y por ello aceptó la moción de suspender su ejecución.
El estado propuso el día 16 que la Corte de Apelaciones considerara el asunto. Se informó que la discusión de la apelación comenzaría este lunes, un récord de rapidez en el país.
"Este no es el caso de alguien que quiere vivir en el hotel Hilton", dijo el abogado defensor de Thomas, Gregory Delzin.
Delzin afirmó en corte que los prisioneros condenados a la pena capital son encerrados en celdas pequeñas en extremo y que solo se les permite salir 15 minutos al día para "ventilarse".
Durante esos minutos, se espera que el prisionero se duche, se cepille los dientes y vacíe y limpie la cubeta que usa como inodoro.
El juez Jamadar coincidió con el equipo legal de Thomas en que su cliente ha sido víctima de trato cruel e inhumano en prisión.
El fiscal general, Ramesh Maharaj, dijo, sin embargo, que no está de acuerdo con la decisión del magistrado, y que el Estado tomaría "todas las medidas necesarias para demostrar que la decisión es equivocada".
Este punto de vista se presentó en una audiencia similar en la corte superior, relativa al caso del también condenado a muerte Haniff Hillaire.
En esa audiencia, el fiscal estatal Martin Daly argumentó que una corte no tiene derecho a suspender una ejecución debido a supuestas malas condiciones en la prisión.
Daly dijo el miércoles que no es correcto que una corte conmute una condena a muerte "para que el prisionero se ventile". "Eso no es lo que dice la ley", afirmó Daly.
El fiscal Maharaj dice que, si la decisión de Jamadar es refrendada, el ministro de Seguridad Nacional tal vez tenga que tomar medidas para mejorar las instalaciones destinadas a prisioneros condenados a muerte.
Condiciones sanitarias básicas, disponibilidad de luz y breves períodos de ejercicio son considerados requisitos básicos para una estancia "humana" en prisión, de acuerdo con las reglas carcelarias del país, que tienen 135 años de antigüedad.
"Si se infringen los derechos de un prisionero, si se han violado las reglas, él tiene derecho a venir ante la corte constitucional", dijo el abogado Delzin en la audiencia.
"Estamos ante un caso en que una persona condenada a muerte ha vivido durante dos años y seis meses en condiciones adversas", agregó.
Un informe preparado en 1992 por el ombudsman George Edoo describe las prisiones del país como "pobremente iluminadas y ventiladas, calurosas y mal olientes".
El diario Independent sostuvo en un editorial que aunque la decisión en el caso de Thomas fue "un duro revés para el estado, debe llamar la atención del gobierno sobre la urgencia de una reforma carcelaria".
El Trinidad Guardian fue menos compasivo, y más irónico. "Si a Thomas se le hubiera dado un pañuelo perfumado mientras esperaba que le limpiaran su cubeta, si tuviera suficiente luz para leer, entonces se le hubiera permitido pararse en la trampa con la soga al cuello", anotó.
Ese es el tipo de opinión que caracterizó la respuesta del público al caso de Thomas.
Ochenta y uno por ciento de la población de Trinidad y Tobago apoya la pena de muerte, según una encuesta realizada por el Centro de Investigación Psicológica de la Universidad de las Antillas.
Incluso el opositor Movimiento Nacional Popular (MNP), contrario a la campaña del gobierno de Panday de desvincularse de varios organismos internacionales de derechos humanos para aplicar sin intromisiones la pena capital, reiteró su apoyo a este castigo.
"El problema no es ahorcar o no ahorcar. La pena de muerte es el castigo legal para las personas convictas de homicidio en las cortes de Trinidad y Tobago", sostuvo Patrick Manning, líder del MNP.
"El actual debate no es sobre si la misma se debe mantener o no. Ese asunto ya fue resuelto por la voz del pueblo", agregó.
Maharaj quiere ahora incluir esa "voz del pueblo" en el debate sobre una posible legislación que establecería que las pobres condiciones carcelarias no son excusa para que un prisionero no sea ahorcado.
Por el momento, Thomas tendrá que esperar a la audiencia en la Corte de Apelaciones. Pero todo indica que pronto sabrá su destino. (FIN/IPS/tra-en//wg/di-mj/hd/98
