Pandukkavidalage Somawathie llora sin consuelo al recordar cómo un grupo de hombres, entre ellos varios soldados, se llevaron a su hijo una noche de septiembre de 1988, durante una redada cerca de esta localidad de Sri Lanka en busca de guerrilleros izquierdistas.
Su hijo Premakeerthi, de 20 años, nunca más fue vuelto a ver y se presume muerto, al igual que miles de cingaleses que desaparecieron de ciudades y aldeas del sur del país entre 1988 y 1990.
Lo más trágico es que los asesinos de su hijo están sueltos y viven en su misma aldea, llamada Ihala Talduwa, situada unos 40 kilómetros al este de Colombo. Aunque una comisión presidencial investigadora de las desapariciones identificó a los culpables, el actual gobierno no tomó ninguna medida contra ellos.
Premakeerthi es uno de los 60.000 desaparecidos en el marco de una operación dirigida por el gobierno del Partido Nacional Unido (1977-1994) para aplastar la insurgencia del Frente de Liberación Popular -mejor conocido por su acrónimo en cingalés, JVP-, de acuerdo con la organización Amnistía Internacional.
Sin embargo, la mayoría de las víctimas no tenían relación alguna con el JVP, según las pruebas presentadas por las tres comisiones designadas por la presidenta Chandrika Kumaratunga para investigar las desapariciones.
Los desaparecidos fueron secuestrados por razones políticas o por su participación en disputas aldeanas sin importancia.
El caso de Premakeerthi es típico. Según su madre, fue llevado por soldados que habían peleado por un cigarrillo con su hijo menor, Kaluwa, durante las celebraciones del año nuevo cingalés, en abril de 1988.
Los soldados llegaron cinco meses después en busca de Kaluwa, pero como no lo encontraron se llevaron a su hermano Premakkerthi.
El mismo año, cuatro sindicalistas del Nuevo Partido Socialista formaron un movimiento clandestino de Padres y Familiares de Desaparecidos.
Los fundadores viajaban de incógnito de aldea en aldea documentando los casos y pasaban la información a organizaciones como Amnistía y la Comisión Estadounidense de Derechos Humanos. Llegaron a presentar 7.000 denuncias de desapariciones.
"Nos dimos cuenta de que había un plan para asesinar sistemáticamente. Los cuerpos de los jóvenes secuestrados eran tirados en las calles para mostrar a los partidarios del JVP que ése podría ser su destino", dijo a IPS Chandra Peiris, presidenta del grupo.
Dos de los fundadores, Chadradasa Ranasinghe y Ranjit Pathirana, también se transformaron en víctimas.
Ranasinghe desapareció tras ser detenido por agentes de seguridad en una redada, y Pathirana fue muerto a tiros mientras pegaba afiches que convocaban a un encuentro de Padres y Familiares de Desaparecidos en mayo de 1990, luego de que el grupo salió de la clandestinidad.
La policía afirmó que Pathirana estaba colocando afiches de propaganda contra el gobierno.
Peiris destacó que cada mes se agregan a la lista entre 10 y 15 nuevas denuncias de desapariciones ocurridas entre 1988 y 1990 por parte de personas que desean saber qué les pasó a sus hijos, padres o hermanos.
La gobernante Alianza del Pueblo, que en 1994 llegó al poder y puso fin a 17 años de gobierno del Partido Nacional Unido, investigó hasta ahora 19.000 casos.
Tres comisiones establecidas por el gobierno en mayo de 1995 presentaron informes en septiembre del mismo año, pero desde entonces no hubo novedades.
En junio se creó una nueva comisión para investigar unos 11.000 casos restantes, pero al igual que sus predecesoras, carece de facultades punitivas.
Mohamed Iqbal, ex secretario de una de las comisiones, destacó que el gobierno ni siquiera tomó medidas en 140 casos de personas que fueron detenidas y torturadas y luego pudieron escapar o fueron liberadas.
"Las víctimas están vivas, identificaron a sus torturadores… y nada se ha hecho", lamentó.
Fuentes del gobierno sostienen que se designaron equipos especiales de policía para preparar pleitos contra sospechosos señalados por las comisiones, pero activistas de los derechos humanos replican que las autoridades se toman demasiado tiempo para tomar medidas.
En una ocasión, Kumaratunga ordenó la inmediata interdicción de 200 policías cuyos nombres figuraban en uno de los informes, pero al día siguiente la orden fue anulada bajo presión del Ministerio de Defensa.
Según analistas políticos, el gobierno cuida sus relaciones con el ejército y la policía porque está tratando de poner fin a una guerra civil de 15 años contra los separatistas tamiles del norte. (FIN/IPS/tra-en/fs/an/ml/hd/98
