El movimiento sindical de Puerto Rico realizará huelgas y manifestaciones en los próximos días para protestar por la privatización de la compañía telefónica de este estado libre asociado a Estados Unidos.
La semana pasada, una huelga general de 48 horas contra las privatizaciones del gobierno paralizó la isla caribeña.
El gobernador Pedro Rosselló anunció en mayo la venta de la Compañía Telefónica de Puerto Rico a la firma estadounidense GTE, ante la oposición de organizaciones de la sociedad civil. El 18 de junio los empleados de la telefónica iniciaron una huelga por tiempo indeterminado que ingresó ahora en su cuarta semana.
Dirigentes sindicales de la compañía se reunieron con más de 100 representantes de la Comisión Amplia de Organizaciones Sindicales (CAOS) para decidir las medidas que tomarán en las próximas semanas.
CAOS, integrada por más de 60 sindicatos y organizaciones no gubernamentales, encabeza la lucha contra las políticas neoliberales de Rosselló y organizó la huelga general de la última semana.
"Seguiremos así. Todo Puerto Rico está en estado de huelga", dijo José Juan Hernández, presidente de la Unión Independiente de Empleados Telefónicos, luego de anunciar la realización dentro de tres semanas de una asamblea de CAOS para decidir la convocatoria de otra huelga general.
En los próximos días se realizará una huelga regional en la parte oriental de la isla para protestar por el cierre de hospitales y clínicas en esa zona, agregó Hernández.
SIMAH, la compañía privada que adquirió al gobierno las instalaciones médicas, las está cerrando para reducir gastos.
"Tenemos la intención de paralizar toda la zona oriental de la isla", explicó Hernández. Los sindicalistas esperan que los obreros de la electricidad y el saneamiento paralicen la economía del territorio durante el paro.
Las protestas también se llevarán a cabo frente a los hoteles ya que la zona oriental es uno de los principales destinos turísticos de la isla, añadió Hernández.
CAOS también pretende realizar una gran manifestación durante el encuentro de la Asociación de Gobernadores del Sur de Estados Unidos, que tendrá lugar en Puerto Rico en agosto y será asistida por los gobernadores estadounidenses y funcionarios de América Central. Rosselló es el actual presidente de la Asociación.
"No tenemos prisa por terminar la huelga" de la compañía telefónica, aseguró Hernández a la prensa.
Pero Hernández y Annie Cruz, presidenta de CAOS y de la Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos, que reúne a los empleados administrativos de la telefónica, anunciaron su voluntad de volver al trabajo si el gobierno promete no tomar represalias contra los huelguistas.
Faltan varios meses para que se concrete la venta de la telefónica a GTE, aseguraron Hernández y Cruz. Por ejemplo, aún falta la autorización de la estadounidense Comisión Federal de Comunicaciones.
Los sindicatos contrataron a abogados especializados de Washington para que presionen contra la privatización ante la Comisión.
Otro factor que podría demorar el proceso es el interés que demostró la compañía española de telecomunicaciones TISA en adquirir la Compañía Telefónica. TISA habría ofrecido al gobierno de Puerto Rico una oferta mejor que la de GTE, según versiones de prensa.
Numerosas voces piden un diálogo entre el gobierno y los huelguistas, pero Rosselló se niega a hablar con los sindicatos porque, sostiene, la decisión de vender la compañía ya se tomó.
La Cámara de Comercio de Puerto Rico creó un comité de diálogo integrado por representantes de la Iglesia Metodista, Obreros del Acero Unidos de Estados Unidos, Unión Insular de Trabajadores de la Industria, la Construcción y la Electricidad, dos ex secretarios del Departamento de Trabajo, tres ex jueces de la Corte Suprema y varios líderes religiosos.
"La Cámara de Comercio tiene la obligación de mediar en este conflicto, por el que padece todo Puerto Rico", manifestó el presidente de la institución, Aníbal Irizarry.
Líderes católicos y protestantes también formaron una Comisión Especial que intenta establecer una vía de diálogo con altos funcionarios.
Pero la secretaria de Estado Norma Burgos se niega a hablar con los integrantes de la comisión porque, sostiene, la mayoría procede del Diálogo Ecuménico por la Reconciliación Nacional, una organización que respalda la huelga de la telefónica.
La idea de un referéndum para resolver la disputa es cada vez más popular. Una nueva organización denominada Iniciativa Ciudadana está recabando firmas para pedir al gobierno que realice la consulta popular.
El viernes, el portavoz de Iniciativa Ciudadana, Roberto Otero, informó que la organización ya tiene 60.000 firmas.
CAOS y Diálogo Ecuménico apoyan la propuesta de referéndum, pero Rosselló se niega a aceptar la idea de una consulta popular porque el sistema de democracia representativa de Puerto Rico lo hace innecesario, sostuvo.
"Más allá de si apoyamos o no la venta de la telefónica, lo más prudente en este momento es llevar la decisión directamente al pueblo mediante un referéndum, para impedir que se derrame la sangre de los puertorriqueños", opinó Fermín Arraiza, abogado de derechos humanos. (FIN/IPS/tra-en/cr/cb/aq-mj/cr lb ip/98
