Los principios de la igualdad de las personas y el imperio del libre mercado se enfrentan judicialmente en Perú debido a una acción de amparo planteada por una empresa privada contra Indecopi, organismo oficial de defensa de los consumidores.
Los propietarios de una discoteca de Lima pidieron al Poder Judicial que ordenara a Indecopi, invocando los principios de la libertad de mercado y de empresa, que no interfiriera en su presunto derecho de basar su comercialización en una sistemática discriminación racial.
El incidente se inició cuando Indecopi comunicó a los propietarios de The Edge y de otras 14 discotecas que debían cesar sus prácticas racistas de admisión a esos establecimientos, bajo pena de multa y cierre definitivo de sus locales.
La intervención de Indecopi fue pedida por el Movimiento Francisco Congo, una organización no gubernamental que lucha contra la discriminación racial y promueve la revalorización del aporte cultural de la raíz africana en Perú.
"Nosotros no estamos reclamando únicamente que se permita el acceso de negros o mulatos, sino también de los peruanos indígenas o mestizos, quienes son igualmente discriminados en diversos establecimientos públicos", expresa Guillermo Muñoz, dirigente del Movimiento Francisco Congo.
Perú es un país multiétnico de casi 25 millones de habitantes. La mayoría de la población es mestiza o de origen indígena, y los negros y mulatos representan cerca de 10 por ciento.
La discriminación racial está prohibida por la Constitución y el dato de raza no figura en los documentos de identidad ni en las estadísticas oficiales, pero no ha podido ser erradicada y persiste con fuerza solapada, como lo demuestra este caso.
Los propietarios de la discoteca The Edge abrieron la acción judicial para impedir que Indecopi prosiga investigando las denuncias de discriminación racial en el acceso de varios establecimientos públicos.
Los empresarios sostienen que negarles su derecho de selección de clientes atenta contra la libertad de comercio.
Las consideraciones expuestas públicamente por los dueños de The Edge revelan que la discriminación racial es para ellos un argumento de venta de sus servicios, pues no sólo alegan tener derecho a elegir a sus clientes sino que les prometen tácitamente que los demás concurrentes son "como ellos".
En efecto, los propietarios de la discoteca explicaron en un comunicado que todos los establecimientos de ese tipo se reservan el derecho de admisión en base a pautas de conducta social y cultural.
Esta norma no escrita, pero vigente, se suele entender como la protección de la tranquilidad de los clientes, impidiendo el ingreso de personas ebrias o de conducta escandalosa.
Pero la investigación realizada por el Movimiento Francisco Congo, documentada con un video, demostró que la llamada "reserva del derecho de admisión" en The Edge y otros locales similares se basa en criterios racista.
El video muestra a dos jóvenes negros, uno de ellos actor y el otro estudiante universitario, correctamente vestidos, a los que se les impide ingresar a varias discotecas, con el argumento de que la entrada es sólo para socios o que "el local está lleno".
Pero el video muestra también como un joven blanco, enviado por el Movimiento Francisco Congo y vestido descuidadamente, ingresa poco después sin obstáculos.
La acción judicial emprendida por The Edge es la primera iniciativa en este siglo en Perú para legalizar las prácticas racistas, que eran comunes bajo la dominación colonial española y durante las primeras décadas de vida republicana independiente.
"Esta cuestionable iniciativa de un empresario retrógrado es consecuencia del discurso hiperliberal en boga en nuestro país, cuya doctrina prioriza el interés de los negocios y de los empresarios por encima de todas las consideraciones sociales", comenta la socióloga Imelda Vega, de la Universidad Católica.
Si The Edge no cambia de conducta será sancionada con una multa, dice la presidenta de Indecopi, Beatriz Boza, contra quien también han abierto acción judicial los propietarios de la discoteca, acusándola de abuso de autoridad.
"No retrocederemos. Estamos a la espera de lo que resuelva el Poder Judicial, que estamos seguros que nos dará la razón", añade la funcionaria.
"Las reglas del mercado y la libre competencia no son una ley de la selva, como algunos creen. La economía de mercado no es incompatible con la igualdad y la solidaridad», concluye Boza. (FIN/IPS/al/ag/hd/98
