La decisión del consorcio petrolero internacional Shell-Mobil de no explotar los yacimientos de gas de Camisea, en la selva suroriental de Perú, agrava la situacion financiera del gobierno del Alberto Fujimori, ya afectada el fenómeno climático de El Niño y la crisis asiática.
Los yacimientos de gas natural Camisea tienen reservas calculadas en el equivalente a 2.200 millones de barriles de petróleo, cuya explotación debía resolver a mediano plazo el déficit de hidrocarburos de Perú y generar un saldo exportable, cuyo principal destino previsto es Brasil.
Pero a corto plazo, el "contrato del siglo", como se le llamó cuando fue suscrito en mayo de 1996, obligaba a Shell-Mobil a invertir 3.000 millones de dólares, 1.500 de los cuales debían concretarse en los próximos 24 meses, cantidad angustiosamente necesaria para los planes políticos y económicos de Fujimori.
Al vencerse el plazo contractual de dos años fijado para la primera etapa, la empresa solicitó una ampliación de seis meses, que venció el miércoles, y desarrolló con el gobierno de Lima intensas negociaciones que resultaron infructuosas.
La empresa petrolera anunció el miércoles que no proseguiría la segunda etapa del proyecto de explotación del yacimiento, y justificó su decisión señalando que, al no llegar a un acuerdo con el gobierno sobre tarifas y distribución de gas, declaraba disuelto el vinculo contractual.
La inversión de Shell-Mobil en los próximos 18 meses era clave para Fujimori para afrontar el alto costo de las obras de reconstrucción de los daños originados por las inundaciones y aludes que trajo El Niño, estimados en unos 1.000 millones de dólares.
Por otro lado, la crisis asiática, en especial desde que afectó a Japón, provocó la baja de los precios internacionales de los productos mineros, el renglón exportador mas importante de Perú. La caída de los ingresos prevista por esta causa asciende a 400 millones de dólares este año.
Además, a partir de 1998 Perú debía elevar el pago de su deuda externa, de casi 600 millones de dólares que estuvo pagando hasta ahora, a casi 1.500 millones, según los compromisos contraídos con sus acreedores y con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La ciudadanía, fatigada por el prolongado período de reajuste económico dictado por el FMI en 1991, comenzó a dar la espalda a Fujimori, que vio así reducido el apoyo popular, según las encuestas, de 63 por ciento en 1996 al actual 22 por ciento.
"Este no parece ser el año del Tigre para Fujimori. Tal vez deba cancelar sus proyectos de hacerse reelegir por segunda vez consecutiva en las elecciones del 2000, pues la crisis económica y el desempleo se agravarán", comento el ex parlamentario opositor Manuel Benza.
El impacto de la negativa del consorcio Shell-Mobil fue casi sísmico. De inmediato provocó una caída de 1,3 por ciento en la Bolsa de Valores de Lima, inquietud generalizada en los sectores empresariales y un aire de desaliento en círculos oficiales.
Fujimori se sintió obligado a emitir un mensaje el jueves para exponer la versión oficial de las causas de la ruptura del contrato y tranquilizar al público.
El presidente señaló que Shell-Mobil quería un "manejo vertical" de la explotación, es decir que se le concediera también la distribución, "lo que significaría caer en una situación de monopolio que no parece conveniente".
Luego informó que su gobierno no aceptó tampoco autorizar con anticipación la exportación del gas a terceros países sin conocer los ingresos que recibiría así el estado peruano.
Con aire optimista, Fujimori informó que su gobierno buscará otra empresa interesada en los yacimientos de Camisea mediante una licitación internacional que se efectuará entre octubre y noviembre.
"El proyecto de Camisea no se detendrá. La segunda etapa consiste en perforar entre 10 y 20 pozos, extraer el gas licuado y comenzar a construir los ductos. Estoy seguro de que el gas llegará a Lima en el 2003 y que podríamos comercializarlo ese año", aseguró.
La prensa oficialista sugirió que habrían otras empresas interesadas en sustituir a Shell-Mobil y en utilizar la información y documentos técnicos elaborado por ese consorcio, cuyos activos pasarán a ser propiedad del Estado peruano.
Entre los nombres de las otras empresas que se barajan figuran Chevron, Texaco, Exon y Bristih Petroleum. Fujimori se habría contactado, previsor, con los responsables de las firmas en su última visita a Gran Bretaña.
Sin embargo, algunos analistas, como Santiago Pedraglio, del diario económico Gestión, expresó que le resulta "difícil creer que lo que no resultó atractivo para la Shell lo sea para otras empresas".
"No es Shell, sino el mercado el que ha respondido 'no', porque la integración vertical es la base de la organización de las empresas de un sector que, por requerir grandes inversiones, debe compensar las menores utilidades con la mejor rentabilidad de otras áreas, como la distribución", observó Pedraglio.
"Aunque existen en el mundo varias empresas con los recursos y el interés en participar en la explotación de yacimientos como el que sido desistido por Shell, Camisea no es un proyecto fácil de licitar", sostuvo, por su parte, Jaime Quijandria, presidente de la empresa Electro Sur Medio.
Aunque no lo dijo directamente, Quijandria, cuya firma es potencial cliente de quien explote el gas de Camisea, sugirió que el gobierno peruano debería aceptar la integración vertical reclamada por Shell-Mobil.
"Creo que se podría evitar que una empresa tan visible e importante perjudique a los consumidores mediante la acción de los entes reguladores, que fueron creados por este gobierno al mismo tiempo que impuso reglas de juego de libre mercado", opina.
"Los bancos y las organizaciones gremiales de los empresarios encomendaron a sus expertos una rápida evaluación del impacto que tendrá la suspensión de la explotación de Camisea, exponiendo los distintos escenarios de la evolución previsible", informó a IPS el economista Hugo Aquino. (FIN/IPS/al/mj/if en/98
