La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió hoy una voluminosa acusación contra el gobierno de Perú presentada por abogados, sindicalistas y políticos.
La denuncia fue presentada por la decana del Colegio de Abogados de Lima, hoy asilada en Costa Rica, Delia Revoredo, y también cuenta con la firma del alcalde de Lima, Alberto Andrade, y el líder de la Confederación General de Trabajadores, José Gorriti, entre otros.
Los denunciantes acusan al gobierno de Alberto Fujimori de vulnerar la institucionalidad democrática para lograr en el 2000 su reelección anticonstitucional como presidente, y de tolerar violaciones de derechos humanos cometidas por militares y agentes de inteligencia.
Perú tiene un régimen representativo surgido de elecciones libres, hay libertad de prensa formal, un primer ministro que se proclama defensor de los derechos civiles y una Defensoría del Pueblo activa, pero es el país sudamericano más cuestionado por activistas en materia de derechos humanos.
Diversas organizaciones internacionales denunciaron en reiteradas oportunidades que en los últimos años el gobierno ha tolerado a graves violaciones de derechos humanos como desapariciones, asesinatos y torturas, cometidos al parecer por los servicios de inteligencia y por oficiales del ejército.
También se ha cuestionado la legislación dictada en 1993 para combatir a la subversión terrorista y la promulgada este año contra los delitos comunes más graves, que son aplicadas por tribunales militares con escasas garantías para la defensa y sin cumplir con las pautas del debido proceso.
La Asamblea General de la OEA reunida en Caracas aprobó en junio el informe anual del CIDH, organismo del foro interamericano radicado en Washington, que ubica a Perú entre los países de la región donde se registra una grave situación en materia de derechos humanos.
Lo que mas preocupa al CIDH es la persistencia de la tortura, como lo demuestra el caso de la ex agente de inteligencia Leonor La Rosa, golpeada hasta quedar inválida cuando se investigaba una supuesta infidencia suya en relación con algunos casos de violación de derechos humanos.
La Rosa recibió asilo en Suecia, luego de pasar algunas semanas en Mexico, donde sufrió infructuosas intervenciones quirúrgicas.
La organización Amnistía Internacional, con sede en Londres, afirmó en su informe anual publicado en 1998 que "disidentes y defensores de los derechos humanos fueron víctimas de actos de intimidación, agresiones con armas y amenazas de muerte" en Perú.
La sección peruana de Amnistía Internacional estimó que hoy existen "unos 550 posibles presos inocentes", condenados por terrorismo por tribunales militares que los sentenciaron sin prueba suficiente.
El CIDH y un comité del Congreso de Estados Unidos reclamaron a Lima que ponga fin a la intervención de tribunales militares en los juicios a acusados civiles y que garantice el derecho a la defensa.
El CIDH, el Comité Para la Protección de Periodistas radicado en Nueva York y Reporteros Sin Fronteras, organización con sede en Francia, acogieron la denuncia del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) sobre diversas amenazas contra el ejercicio del periodismo independiente.
El IPYS demanda investigar el asesinato de la periodista opositora Isabel Chumpitaz y el secuestro de la periodista Blanca Rosales, actos atribuidos por la policía a delincuentes comunes, así como del despojo de la propiedad del Canal 2 de Lima debido al malestar del gobierno con informes emitidos en esa emisora.
El instituto también denunció la absolución de agentes del servicio de Inteligencia del Ejercito que admitieron ser culpables de un atentado dinamitero contra una estación opositora en Puno, 1.000 kilómetros al sur oriente de Lima.
Los analistas independientes consideran que las violaciones de derechos humanos, incluso las torturas y los atentados, son remanentes de los procedimientos de la guerra sucia que protagonizaron las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia contra las organizaciones subversivas.
La guerra civil comenzó en 1980. Tuvo un saldo de 30.000 muertos y desaparecidos. Entre 1992 y 1993 parecía a punto de ser ganada por los guerrilleros maoístas de Sendero Luminoso, hasta que la captura de su máximo líder, Abimael Guzman, marcó la derrota militar de la organización insurgente.
"La guerra antisubversiva ha concluido oficialmente, pero quienes la ejecutaron parecen no haberse dado cuenta y mantienen procedimientos y estructuras que deberían ser desmontadas por el gobierno de Fujimori", comentó el sociólogo Flavio Solorzano.
Otra fuente de violaciones de los derechos humanos es, según el director del no gubernamental Instituto de Defensa Legal, Ernesto De la Jara, el modelo de poder civico-militar adoptado por (o impuesto a) el presidente Fujimori.
En opinión de De la Jara, la ley contra la violencia criminal común promulgada este año, que entrega el juzgamiento de los acusados de secuestros, homicidios calificados, violación de menores y pandillaje violento a tribunales militares, demuestra la óptica del modelo institucional del régimen.
Las organizaciones y personalidades que suscriben la denuncia elevada a la CIDH apuntan como responsable de la quiebra de la institucionalidad democrática en Perú a las intenciones "rereeleccionistas" de Fujimori.
La abogada Revoredo afirmó en Washington que "las violaciones y los atentados contra las instituciones rectoras de la justicia se deben exclusivamente al afán reeleccionista del presidente Fujimori".
"La Constitución prohibe la segunda reelección consecutiva. Para intentarla en el 2000, Fujimori dictó leyes que quebraron la legalidad del Tribunal Constitucional, del Jurado Nacional de Elecciones y lesionan la autonomía del Poder Judicial", dijo el sindicalista Gorriti, otro de los firmantes de la demanda. (FIN/IPS/al/mj/hd ip/98
