Juanito, un niño peruano de 11 años, tiene un sólo objetivo en la vida: crecer para incorporarse al ejército y matar "terrucos" (insurgentes), para vengar la muerte de su padre.
Por su parte, Rosa, de 6 años, se niega a ir al colegio: la fachada le recuerda la cárcel donde su madre purga condena acusada de terrorismo, delito del que se declara inocente.
Los anteriores son dos ejemplos de las heridas psicólogicas remanentes de la violencia politica que asoló Perú durante más de 13 años y que impiden a muchas personas reintegrarse a la sociedad, al punto que 90 por ciento de los indultados —tras haberse comprobado su inocencia— prefieren quedarse en prisión.
"Es una situación muy difícil de entender desde fuera", señaló el sacerdote católico Hubert Lansiers, presidente de la Comisión de Indultos para los acusados injustamente de terrorismo (rebelión armada).
La Comisión ha recomendado de momento el indulto de 420 hombres y mujeres, algunos condenados a perpetuidad, luego de una exhaustiva revisión de los casos.
"En la cárcel tenían cierta disciplina, sus necesidades principales estaban cubiertas", explicó Lansiers.
"En cambio, al ser indultados son confrontados con una realidad despiadada e inmediata: no tienen qué comer, nadie les da trabajo porque tienen antecedentes penales, sus familiares se avergüenzan de ellos o se ha desintegrado su hogar, y no tienen dinero ni de donde sacarlo", agregó.
Todo ello genera una situación de angustia, depresión, ideas suicidas y transtornos psicosomáticos que requieren terapia especializada.
Pero también muchas personas que nunca estuvieron en prisión sufren esos mismos desequilibrios emocionales. Se trata de viudas, huérfanos, mujeres violadas y pobladores obligados por la violencia a abandonar sus tierras ancestrales.
Conmovidos por las profundas cicatrices que el pasado dejó en la vida de tantas personas, un grupo de psicoterapeutas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos trabajan voluntariamente desde hace cuatro años atendiendo a las víctimas del conflicto armado y a sus familiares.
"Hay toda una generación atrapada en situaciones de violencia. No tienen la capacidad de pensar, y mucho menos de procesar lo vivido. Creen que si no hablan de ello, si no lo recuerdan, olvidarán", dijo María Pía Costa, integrante del equipo.
"Nuestra tarea es ayudarlos a que cuenten su experiencia. Cuando lo hacen, la herida comienza a cicatrizar, porque la única forma de olvidar es recordando", afirmó Costa.
Ese proceso es a veces especialmente difícil en el caso de los familiares de los desaparecidos, porque de modo inconsciente tienen la idea de que la víctima no ha muerto y reaparecerá en cualquier momento.
"Aunque parezca paradójico, la persona afectada halla consuelo cuando encuentra los restos (de su familiar), porque ya tiene la evidencia física de la muerte", observó Costa.
Por esa razón, el papel de la sociedad es muy importante en la recuperación emocional de las victimas de la violencia, agregó.
"No se puede permitir la impunidad, más aún cuando se levanta como una figura legal destinada a impedir el conocimiento y suprimir la memoria de la población. Al hacerse justicia, se realiza una reparación simbólica que no busca la venganza. Por el contrario, este sentimiento aparece cuando el delito no es sancionado', explicó.
"Hay que abrir canales de discusión en la sociedad peruana, como ha ocurrido en otras partes de América Latina, donde también se vivieron situaciones de violencia y desapariciones", advirtió.
Los 17 psicoterapeutas recibieron en cuatro años unos 600 casos. Pero desde octubre, y gracias al apoyo de la Organización de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, trataron a 480 pacientes y extienden su actividad al área suburbana de Lima, donde residen pobladores desplazados de otras zonas por la violencia.
"No atendemos a torturadores ni a terroristas", aclaró Carmen Wurst, también integrante del equipo. Pero sí lo hacen en el caso de quienes sufieron mutilación a causa de atentados, y entre esas personas se cuentan militares a los que el Estado prácticamente ha dado la espalda.
También figuran entre sus pacientes familiares de militares y policías muertos por las organizaciones rebeldes.
Wurst destacó el caso de las mujeres afectadas por la violencia. "Ellas padecieron mucho, porque sus esposos e hijos fueron detenidos y luego desaparecieron, y ellas tuvieron que asumir responsabilides para los que no habían sido preparadas, desde el sostenimiento del hogar hasta hacer frente a las amenazas de muerte de terroristas y militares".
También se brinda terapia en la cárceles, mediante agentes pastorales laicos, voluntarios de la Iglesia Católica, que han sido capacitados sobre todo para "oir".
Los presos están "hacinados en cuartos de tres metros por tres, muchos de ellos condenados a cadena perpetua y encarcelados en lugares inhóspitos, e incomunicados de sus familiares", comentó el sacerdote Lansiers.
Entre ellos hay inocentes, "cuya vida ha sido quebrada. Yo he visto hombres curtidos paseando osos de peluche o campesinos que no entienden por qué estén presos, creen que se trata de un problema de tierras y que quedarán libres si renuncian a sus derechos", indicó.
"Da la impresión de que muchos jueces perdieron la noción del tiempo y penalizaron por 20 o 30 años como si se tratara de meses, sin investigar debidamente los hechos y condenando a muchos inocentes", agregó.
Lansiers tiene por delante una ardua labor: resolver otros 950 expedientes de presuntos inocentes condenados. Pero asegura que continuará su labor hasta que todos los casos sean revisados, "así tenga que quedarme hasta el año 3000'.
"Muchos pobladores fueron procesados judicialmente por vivir en las zonas ocupadas por los movimientos usbversivos, que habian sido abandonadas a su suerte por el Estado", advirtió el sacerdote. "Es como si los aliados en la segunda guerra mundial hubieran procesado a las poblaciones ocupadas por los nazis", finalizó. (FIN/IPS/zp/ff/hd/98
