La polémica en torno a la constitución del Centro Multilateral Antidrogas (CMA) en la zona del canal de Panamá resurgió, mientras las negociaciones al respecto siguen estancadas por serias discrepancias entre este país y Estados Unidos.
El presidente de Colombia, Ernesto Samper, dijo en Lisboa al diario panameño Panamá-América que la creación del CMA "seria la mejor utilización" de las bases militares que Estados Unidos cederá a Panamá el 31 de diciembre de 1999 en virtud de los tratados canaleros de 1977.
Colombia, México y Brasil "estamos anuentes al desarrollo de las negociaciones entre Panamá y Estados Unidos", dijo Samper. El diálogo está bloqueado hace dos meses.
Esos tres países latinoamericanos sostuvieron conversaciones unilaterales con Panamá con miras a sumarse a la iniciativa cuando culminen las negociaciones con Washington, pero con la condición de que el CMA sea regido por civiles, que se comparta la información recabada y se respete la soberanía de cada estado.
Samper, que será relevado el 17 de agosto por el presidente electo Andrés Pastrana, afirmó que el CMA "es útil para las tareas de interdicción maritima y aérea" del narcotráfico en el área del Caribe y en la zona del Pacífico de Colombia.
Sin embargo, Samper se mostré contrario a que desde el CMA se haga "otro tipo de operaciones" ajenas a la lucha contra la droga.
Estados Unidos aspira a que los militares de su país asignados al CMA puedan cumplir desde allí operaciones no relacionadas con el narcotráfico en otros países de la región.
Ese y otros puntos, como el número de militares estadounidenses que habría en el CMA y el estatus especial que pide Washington para los mismos, así como la duración del acuerdo, forman parte de las discrepancias que han provocado el actual empantanamiento de las negociaciones.
Estados Unidos reclama que se le autorice la asignación de 2.500 militares al CMA que puedan realizar desde allí "operaciones humanitarias y de salvamento", que rija para ellos la extraterritorialidad jurídica, y que el acuerdo sea por 15 años y no por tres, como plantea Panamá.
El presidente panameño Ernesto Pérez Balladares, proponente de la constitución del CMA hace dos años, reiteró que su país no aceptará la creación de una entidad "que se parezca a una base militar disfrazada".
El conservador presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Jesse Helms, sostuvo la semana pasada que la negativa de Panamá a aceptar las condiciones que pide su país "es un acto de mala fe".
"Si el gobierno de Panamá está dispuesto a negociar de buena fe, nuestras tropas deberían permanecer (en el CMA) con una capacidad multipropósito que beneficiaría a ambos países", dijo Helms.
Los actuales 4.500 militares estadounidenses radicados en las cinco bases militares que aún mantiene Estados Unidos en las riberas del canal de Panamá deben retirarse de este país el 31 de diciembre de 1999, como establecen los tratados canaleros.
Contrario a lo que sostiene Helms, el ex embajador de Estados Unidos en Panamá Everett Briggs no considera adecuado que los militares tengan un rol protagónico en la lucha contra las drogas.
Durante una conferencia ofrecida el jueves ante empresarios estadounidenses radicados en la nación centroamericana, Briggs dijo no estar de acuerdo con el mantenimiento de bases militares, pues "ya es tiempo de que Panamá se sienta orgullosa de ser un país absolutamente suyo".
"Temo que la prolongación de la presencia estadounidense aquí, y yo soy patriota, socavaría en algo lo que ya es un proceso (de retiro estadounidense del canal) que está funcionando muy bien. Panamá merece ser su dueño. El tratado (canalero) es definitivo", preciso.
Briggs, actual presidente del no gubernamental Consejo de las Américas, rechazó el argumento esgrimido por funcionarios de Estados Unidos que aducen que la presencia militar estadounidense en Panamá es una garantía para las inversiones.
El ex diplomático dijo que, por el contrario, "la presencia militar de Estados Unidos podría interpretarse como una señal de que hay algunos problemas en Panamá". "No tenemos militares en otros países del área y las inversiones son tremendas", observó.
Briggs pidió que lo "convenzan de que Estados Unidos está haciendo todo lo posible en su territorio para controlar el consumo", al que consideró el punto de partida de todo el problema. "Me opongo al sistema de certificación, que es denigrante para nosotros mismos", agregó.
"¿Por qué no se descertifica a California por sus leyes de marihuana?", preguntó Briggs. Un plebiscito en ese estado permitió el consumo de la hierba con fines médicos.
El ex diplomático dijo no sentirse seguro "de que el CMA sea la mejor manera de combatir las drogas". (FIN/IPS/sh/mj/ip/98
