La corrupción y el nepotismo que caracterizaron al régimen del ex dictador Alí Suharto siguen en pie en Indonesia, y preocupa cada vez más lo que parece ser el colapso del imperio de la ley y de la eficiencia del gobierno.
Abundan las noticias sobre escasez de alimentos, huida de capitales, incremento de la delincuencia y saqueo de comercios. Las declaraciones del gobierno no reciben mucha atención en estos días.
Por ejemplo, el ministro de Educación, Juwono Sudarsono, eliminó las tarifas y honorarios de las escuelas, entre otras cosas porque 20 por ciento de los estudiantes tuvieron que abandonar las clases por falta de dinero.
Pero las escuelas siguen cobrando la inscripción y la matrícula mensual igual que antes. La violación de la norma acaparó los titulares de la prensa, pero se sigue practicando.
Los esfuerzos para corregir la corrupción y el nepotismo del anterior régimen de Suharto, que renunció el 21 de mayo tras 32 años en el poder, también se vieron obstaculizados por la aparente inclinación del presidente Bacharuddin Jusuf Habibie de proteger al ex dictador y sus asociados.
"Se adoptaron algunas políticas reformistas, pero su naturaleza es política y no el esfuerzo auténtico de aplicar la ley", señaló Marzuki Darusman, de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos, en referencia a la promesa del fiscal de la nación de investigar la corrupción del antiguo régimen.
"Tengo dudas sobre su capacidad y profesionalismo para encarar cuestiones tan delicadas", dijo Darusman.
Un ejemplo es el despido en junio del presidente de la empresa estatal de electricidad, Djiteng Marsudi, luego de que cancelara unilateralmente un contrato de adquisición de energía con una firma propiedad de Sudwikatmono, un primo de Suharto.
El contrato con Sudwikatmono se realizó bajo presión y causó a la empresa estatal pérdidas de 10.000 millones de dólares este año, sostuvo Marsudi.
Pero el ministro de Potenciación de las Empresas Estatales, Tanri Abeng, declaró que despediría a Marsudi y sus directores porque él es "responsable por esta enorme pérdida".
Mientras, los economistas se quejan de la falta de sanciones legales contra banqueros que violaron las normas y desestabilizaron el sistema financiero del país.
Algunos acusan al banco central de encubrir a las instituciones en problemas. Hasta el momento, la Agencia de Reestructura del Banco Indonesio (central), proporcionó 11.000 millones de dólares a los bancos que intervino.
"Aunque el Estado sufrió una pérdida tan grande, ninguno de los banqueros fue detenido", dijo el comentarista económico Syahrir.
La lentitud para corregir los males del pasado, y no encubrirlos, comienza a generar descontento en este país.
La reforma, el grito de batalla de los manifestantes opositores de Suharto, se salió de su cauce original, aseguró el analista político Mohtar Mas'oed, de la Universidad Gajah Mada, de Yakarta.
Muchos integrantes del movimiento popular interpretan erróneamente la reforma como la libertad para desobedecer a las autoridades, observó. "Eso no es reforma. Es un estallido de ira del pueblo oprimido durante tres décadas", explicó.
Además, las críticas contra la corrupción y otras irregularidades disminuyeron ahora que los estudiantes universitarios, que estuvieron al frente de las protestas, se encuentran de nuevo en los centros de estudio.
Esta situación generó el temor de que vuelvan las viejas prácticas y amenacen el movimiento reformista.
Aunque el gobierno de Habibie tuvo iniciativas elogiadas, como la liberación de algunos prisioneros políticos, Mas'oed indicó que no hubo suficientes cambios en la estructura política de Indonesia, como en la influencia que tienen las fuerzas armadas en el poder.
"Si se habla de reforma política en Indonesia, no se puede dejar de lado la función dual de los militares. Pero en los hechos, la cuestión está fuera de discusión. La reforma debe conducir a la potenciación política de la gente. Si los militares siguen con poder, el pueblo no lo tendrá", advirtió Mas'oed.
La última reunión del gobernante partido Golkar defendió el papel de las fuerzas armadas en la esfera pública.
La opinión general es que el Golkar y los militares protegen a Suharto, así como la influencia que ejercen las fuerzas armadas en la vida política, en pie desde hace décadas.
"El furor por la reforma sólo duró hasta la primera semana después de la renuncia de Suharto. Luego noté que el gobierno de Habibie y las fuerzas armadas comenzaron a defenderlo", indicó el analista político Arbi Sanit.
Esta situación podría haber afectado la popularidad de Habibie, protegido de Suharto y su vicepresidente hasta mayo. Una encuesta telefónica de la Universidad de Indonesia reveló que 52,7 por ciento de los indagados rechazan la corrupción y el nepotismo del gobierno.
Una fracción menor, 46,2 por ciento, opinó que su política es "aceptable" y 1,1 por ciento la halló "muy aceptable".
De todas maneras, la población acepta la legitimidad de Habibie ya que sólo 0,3 por ciento cuestionó la constitucionalidad de su presidencia.
A juzgar por la persistente debilidad de la rupia, que se mantiene en unas 14.000 unidades por dólar, "el mercado no acepta a Habibie", observó Syahrir.
Este año, se prevé que el producto interno bruto se contraiga entre 10 y 15 por ciento y la pobreza afectará a casi la mitad de los 200 millones de habitantes del país. (FIN/IPS/tra-en/ky/js/aq mj/ip if/98
