Los policías corruptos de Honduras encontraron en el tráfico ilegal de personas y de drogas dos nuevas fuentes de ingresos que se suman a los asaltos de bancos, secuestros, chantajes, robo de vehículos y asesinatos de los que se les acusa hace ya un año.
La junta civil de ciudadanos notables encargada de depurar la policía antes de su traspaso en noviembre de las fuerzas armadas al poder civil anunció el jueves la destitución de dos altos oficiales implicados en el tráfico de personas procedentes de América del Sur y Asia con destino a Estados Unidos.
El coronel Donatilo Reyes, comandante regional de la preventiva Fuerza de Seguridad Pública (FSP) con asiento en ciudad de Choluteca, en la frontera sur con Nicaragua, y el teniente Henry Osorio fueron separados por comprobarse que permitieron el paso ilegal de grupos de inmigrantes.
German Leitzelar, miembro de la junta civil que supervisa el traspaso de la FSP, dijo este viernes a IPS que la participación de los oficiales en este delito "constituye una vergüenza para la policía, viciada de mañas y mecanismos de corrupción que serán difíciles de eliminar".
Hace seis meses, cuando fueron nombrados para intervenir el órgano policial, los integrantes de la junta sabía que iban a encontrar irregularidades. "Pero cualquier imaginación sobrepasa los límites con las cosas que nos hemos encontrado ahí", confió Leitzelar.
Bajo la égida de las fuerzas armadas durante más de tres décadas, la FSP era utilizada como brazo ejecutor de la guerra sucia contra la insurgencia izquierdista en los años 80.
El organismo policial fue acusado de numerosas violaciones de derechos humanos, así como de delitos económicos como compras irregulares de armamento y asignaciones de sueldos a funcionarios inexistentes, entre otros.
De acuerdo con la junta interventora de la FSP, el manejo administrativo de los recursos policiales fue durante todo ese tiempo un "desastre" y a ello se suma la disciplina "vertical de mando" de los policías, que aún no ven con buenos ojos que los civiles les den órdenes.
Un subalterno que se negó a aceptar los chantajes de Reyes introdujo la denuncia ante la junta, que luego de dos meses de minuciosa investigación comprobó que los oficiales cobraban casi 40.000 dólares por cada grupo de ilegales que pasaba por las cercanías de Choluteca.
A ello se suma la denuncia de Rosario Salinas, una narcotraficante detenida en la ciudad de San Pedro Sula, en el norte, que acusó a casi toda una cuadrilla de agentes y oficiales a quienes pagaba entre 400 y 3.000 doláres semanales.
La mujer explicó a los agentes de la policía judicial que la detuvieron que sus pares de la rama preventiva le permitían así distribuir crack y cocaína en los barrios pobres de esta ciudad, la segunda en importancia de Honduras.
Salinas dijo que hace dos meses había decidido retirarse de ese negocio. "Las mordidas (coimas) a los policías me estaban quebrando. Los agentes y oficiales llegaban todos los fines de semana a recoger su cuota, pero cada vez pedían más y me estaba quedando en la calle, pues trabajaba solo para ellos", explicó.
"Cuando vieron que ya no les daba nada y que no estaba en el negocio, me denunciaron y capturaron", afirmó.
La denuncia de Salinas sacudió a la FSP, cuyas autoridades anunciaron que investigarían a los policías y oficiales implicados. Una hermana de Salinas salió ilesa el jueves de un atentado cuando se disponía a identificar en los tribunales a los policías corruptos.
El problema de la participación militar y policial en el narcotráfico no es una novedad en Honduras, pues hay denuncias al respecto en los años 70.
En momentos en que la nación se apresta a "estrenar" una policía civil, la participación de sus miembros en actividades delictivias siembra dudas, pues la junta de traspaso cuenta con poco tiempo para depurar el cuerpo.
"No cabe duda que la nueva policía civil llegará con muchos vicios. Si el gobierno no le da plenos poderes a la junta Interventora para depurar, los corruptos de siempre se colarán con facilidad en el nuevo organismo de seguridad", dijo a IPS la experta en asuntos militares y policiales Leticia Salomón.
La Cámara Legislativa aprobó hace un mes la ley orgánica de la policía civil. Organizaciones no gubernamentales rechazaron la unificación que dispone la ley de la policía preventiva con la de de investigación, que funciona por ahora en la órbita del Ministerio Público. (FIN/IPS/tm/mj/ip/98
