La Fiscalía de Honduras informó hoy que considera impulsar la incorporación a las leyes de las operaciones encubiertas como mecanismo de lucha contra el narcotráfico.
Las autoridades consideran que estos mecanismos de investigación son indispensables para dar con los "peces gordos" de la droga de este país centroamericano.
Fidel Borjas, de la Fiscalía contra el Narcotráfico, afirmó que esta actividad delictiva alcanzó en Honduras niveles superiores a los meros decomisos, pues existe evidencia de grandes operaciones de lavado de dinero y transacción de drogas.
La ley impide por ahora efectuar investigaciones encubiertas para descubrir a los jefes del narcotráfico. Mientras "tengamos estas limitantes, nuestro accionar se reducirá a pequeños y medianos golpes, pero nunca habrá operaciones fuertes" contra los cabecillas, afirmó Borjas.
"Estamos contemplando la posibilidad de pedir al Congreso que incluya en el nuevo Código Procesal Penal, que se aprobará este año, la figura de las operaciones encubiertas, la entrega vigilada (de drogas), las compras controladas e intervenciones telefónicas, si es necesario", afirmó.
Según Borjas, estos métodos, que hoy no son admitidos por las leyes de Honduras, dieron buenos resultados en otros países. "Creemos que llegó el momento de modernizarnos en términos penales, con los controles precisos, para evitar abusos y excesos de autoridad", dijo.
El narcotráfico volvió al centro de la agenda nacional cuando un militar fue implicado hace tres semanas en la muerte de siete personas en la ciudad de Tocoa, en el norte de Honduras, por problemas vinculados con el tráfico de estupefacientes.
El ex coronel Wilfredo Leva Cabrera, hoy prófugo del país y cuya baja deshonrosa fue ordenada por el presidente hondureño Carlos Flores, comandaba uno de los principales batallones militares acontonados en el litoral atlántico.
Leva, sospechoso de integrar una banda militar y policial dedicada a robos de vehículos, secuestros, asesinatos y asaltos bancarios pero considerado por el ejército un oficial "ejemplar", solía jactarse de las buenas relaciones que mantenía con dirigentes políticos de este país.
La Fiscalía del Narcotráfico informó que el ex coronel es una pieza clave para desmantelar el cártel que opera en las regiones caribe, atlántica y occidental de Honduras, donde se ha capturado a varios implicados en las muertes de Tocoa, entre ellas militares y empresarios locales.
Fuentes de la Fiscalía del Estado confiaron a IPS que uno de los empresarios capturados ha sido uno de los narcotraficantes más buscados por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) durante ocho años.
La Cámara Legislativa de Honduras se apresta a aprobar este año un nuevo Código Procesal Penal que sustituirá al que rige desde 1906, con la intención de que entre en vigencia en 1999.
El nuevo código establece la oralidad de los juicios, un sistema penal moderno y la investigación como parte esencial en el aporte de pruebas durante los juicios. Hasta ahora, muchos casos son resueltos por presunción o intuición, lo cual revela una debilidad en la aplicación de la justicia.
Este instrumento legal es apoyado con fuerza por el gobierno de Estados Unidos, que hace un mes anunció que suspendería la ayuda económica destinada al fortalecimiento de la justicia si no se lo aprueba, lo que obligó a los congresistas a acelerar su discusión, postergada durante más de un año.
En el caso del narcotráfico, los encargados de su lucha sostienen que si bien el país cuenta con una ley contra el lavado de activos, ésta no tiene carácter retroactivo y consta de flaquezas que impiden dar con la raíz del problema, por lo que urge de reformas que permitan efectividad en sus funciones.
El fiscal Borjas dijo que si se reforma la ley contra el lavado de dinero y se realizan operaciones encubiertas, "los narcotraficantes pensarán mucho su accionar en el país, que por ahora es una especie de paraíso debido a la falta de equipos e instrumentos legales".
Honduras pasó de ser puente de la droga en los años 70, para convertirse en un territorio de almacenamiento, depósito y producción a menor escala de estupefacientes como la marihuana.
Pero la mayor preocupación de las autoridades, es la creciente sospecha de que se realizan en ciudades comerciales del país operaciones de lavado de dinero. (FIN/IPS/tm/mj/ip/98
