La campaña iniciada por intereses transnacionales de Estados Unidos contra las sanciones unilaterales impuestas por este país sobre otros parece estar dando frutos, tras ganar varias batallas clave.
Potentes presiones del sector agroindustrial, la caída de los precios de los granos y la reducción de los mercados exportadores alimentaron la campaña contra las sanciones, que logró avances en las últimas semanas.
Varios republicanos se encuentran divididos entre su lealtad histórica a las grandes compañías, su mayor fuente de fondos para las campañas electorales y la Derecha Cristiana, cuya capacidad de movilizar votantes es crítica para retener el control del Congreso en las elecciones de noviembre.
"Creemos que hemos sido eficaces en varios frentes", dijo Eric Thomas, portavoz de USA-Engage, un grupo de presión formado hace 14 meses por el Consejo Nacional de Comercio Exterior (NFTC), que representa a más de 600 de las mayores corporaciones estadounidenses con intereses multinacionales.
USA-Engage aún no alcanzó su principal meta, la aprobación de la Ley de Reforma de la Política de Sanciones. De ser aprobada, será más difícil para el Congreso imponer sanciones contra países extranjeros y entregar al presidente más potestades para hacerlo.
Sin embargo, discretamente respaldado por el gobierno de Clinton, el proyecto gana apoyo y podría ser impulsado a comienzos de septiembre por un grupo de trabajo bipartisano. Este respaldo aseguraría la aprobación, posiblemente antes de que el Congreso entre en receso alrededor del 1 de octubre.
USA-Engage también logró la semana pasada evitar, al menos temporalmente, la aprobación de un proyecto de ley que autorizaría sanciones contra países cuyos gobiernos son acusados de perseguir a minorías religiosas.
La campaña contra las sanciones fue lanzada en abril de 1997 para detener lo que sus auspiciantes consideraron una "epidemia" de medidas del Congreso y gobiernos estatales y locales para disuadir las relaciones económicas con países como Cuba, Irán, Libia, Birmania y Nigeria.
Desde comienzos de los años 90, el Congreso y el gobierno, según la campaña, impusieron unas 61 sanciones restringiendo o prohibiendo los lazos económicos con unos 70 países, en castigo por violaciones de derechos humanos, proliferación de armas, destrucción ambiental, y tolerar el narcotráfico, entre otros.
Según un estudio ampliamente citado del grupo de investigación Instituto para la Economía Internacional (IIE), cercano a los intereses del comercio, estas sanciones costaron a Estados Unidos unos 20.000 millones de dólares anuales en exportaciones perdidas.
USA-Engage no se opone a todas las sanciones, pero insiste en que las sanciones unilaterales son ineficaces a menos que, como en el caso de las sanciones de Estados Unidos contra Sudáfrica en la década de 1980, otros países se sumen a la medida.
Este año la crisis económica asiática redujo las exportaciones de Estados Unidos a la región, en especial en los sectores agroindustrial, de alta tecnología e infraestructura que habían situado grandes esperanzas en Asia como mercado para el futuro.
Además, el hecho de que otros países occidentales siguieran a Estados Unidos al imponer sanciones contra India y Pakistán después de sus pruebas nucleares en mayo, aisló a Washington y expuso las limitaciones de las medidas unilaterales.
Cuando resultó obvio que los productores estadounidenses de granos y otros poderosos intereses perderían cientos de millones de dólares en exportaciones si las sanciones se aplicaban totalmente, el Congreso y el gobierno se movieron rápidamente para eximir productos clave.
A la vez, el gobierno, que había estado dividido sobre le tema de las sanciones durante gran parte de su mandato, se unió decisivamente a favor de la Ley de Reforma de Sanciones y contra el proyecto de persecución religiosa.
La mayor prueba es si la ley de persecución religiosa será revitalizada por el Senado. "Aún somos optimistas", dijo Jeffrey Taylor, de la Coalición Cristiana.
Sin embargo, admitió que muchos republicanos, especialmente aquellos que representan a los estados agrícolas, pasan por un momento difícil al tener que dicidir entre los intereses de las grandes compañías y sus votantes.
Sin embargo, la ley de persecución religiosa no es el único desafío que enfrenta la campaña. Varios demócratas respaldan la Ley de Eliminación del Trabajo Infantil, que reduciría la ayuda y los créditos a hasta 62 países acusados de tolerar el trabajo infantil.
Además, una coalición de demócratas y republicanos de derecha impulsan un nuevo proyecto de ley que impediría al gobierno federal desafiar ante la corte una ley de sanciones locales o estatales si la Organización Mundial de Comercio decide que viola acuerdos internacionales. (FIN/IPS/tra-en/jl/kb/lp/ip/98
