El caos económico se instaló en Ecuador poco antes de la segunda ronda de las elecciones presidenciales de este domingo.
El presidente interino Fabián Alarcón dispuso el 25 de junio un recorte al subsidio del gas de uso doméstico, pero dio marcha atrás 48 horas más tarde y derogó la medida para evitar que los candidatos a sucederlo, el democristiano Jamil Mahuad y el populista Alvaro Noboa, esgrimieran ese asunto en sus campañas.
Alarcón fue presionado para por instituciones financieras internacionales que amenazaron con dejar de negociar con este país si no se corregían las cuentas fiscales y se reducían los subsidios, pero el gobierno no estuvo preparado para implantar un nuevo sistema, dijeron a IPS fuentes del sector privado.
La primera reacción a la marcha atrás del régimen fue el desplome de los títulos de deuda de Ecuador que se transan en el mercado internacional.
El precio de venta del gas al público es unas cinco veces menor que el costo de la producción a cargo del estado. El Ministerio de Finanzas anunció el 25 de junio que el precio se cuadruplicaría, así como el establecimiento de un subsidio para el consumo de gas del sector más pobre de la población.
El objetivo de la medida derogada dos días después era vertir unos 100 millones de dólares a las agotadas arcas fiscales. En un año de Alarcón al frente del gobierno, las cuentas públicas de Ecuador pasaron del equilibrio a un déficit proyectado para este año del siete por ciento del producto interno bruto.
Ecuador sufre una caída de ingresos sin precedentes por la baja de los precios del petróleo a unos seis dólares el barril y por los embates del fenómeno climático de El Niño.
Ambos factores representaron, en conjunto, pérdidas por más de 2.000 millones de dólares, en una economía que tiene una fuerte dependencia de las exportaciones petroleras, agrícolas y pesqueras.
Solo el sector camaronero, tercer rubro exportador, afronta pérdidas por más de 200 millones de dólares, porque las piscinas de crianza del crustáceo que existen en las provincias costeras fueron destruidas por las inundaciones.
El gobierno ha soportado en las últimas semanas fuertes presiones de funcionarios del estado que reclaman el pago de salarios adeudados. Amenazas de huelga en hospitales y escuelas públicas pusieron a la empobrecida administración en jaque.
Cercado por un Congreso que, sumido en plena campaña electoral, se niega a aprobar reformas legales que le diesen un respiro al fisco, el gobierno de Alarcón no ha atinado a estructurar ninguna salida a la crisis.
El ex gerente del Banco Central Fidel Jaramillo y el ex presidente de la Junta Monetaria Danilo Carrera advirtieron a fines de 1997 que el gobierno debería eliminar el subsidio al gas y a la electricidad, recortar el gasto público y mejorar la recaudación de impuestos para evitar el agotamiento del fisco.
Ambos funcionarios renunciaron por la poca disposición del gobierno a tomar decisiones al respecto.
Mientras tanto, la inflación no ha podido ser contenida. En junio cerró con más del 2,9 por ciento, y la acumulada desde enero asciende a 22 por ciento.
El gobierno todavía sostenía a principios de año la posibilidad de cerrar 1998 con una inflación menor a 30 por ciento, pero las proyecciones actuales prevén que podría superar el 40 por ciento.
Muchos analistas económicos coinciden en atribuir buena parte del caos reinante al propio gobierno, que no tomó decisiones oportunas antes de que el Estado se quedara sin dinero.
Oswaldo Dávila, ministro de Planificación en 1985, dijo a IPS que el gobierno recortó el subsidio al gas "en el peor momento" de la campaña electoral y que, luego de derogarlo, "no solucionó el déficit ni eliminó la distorsión del subsidio".
Para Dávila, lo más grave es que los efectos de la decisión inicial sobre la inflación ya son irreversibles. "Una política de subsidios tiene que inscribirse en un marco de planificación macroecnómica y no tomarse aisladamente en un solo producto", enfatizó.
Por su parte, Galo Abril, ex ministro de Energía, dijo que las marchas y contramarchas reflejan "el desgobierno" de Alarcón. Es inaudito que el presidente haya derogado su decisión en un momento en que el estado no tiene dinero, dijo.
Por su parte, el general Paco Moncayo, diputado socialdemócrata electo y ex jefe del ejército durante la guerra no declarada contra Perú en 1995, consideró que en Ecuador "no hay líderes" que tomen decisiones oportunas.
Moncayo anunció que su partido, Izquierda Democrática, comenzó a dialogar con otros partidos de centroizquierda para acordar una plataforma de acciones conjuntas en el próximo Congreso, que asumirá el 1 de agosto. (FIN/IPS/amr/mj/ip if/98
