La decisión de crear un Tribunal Penal Internacional (TPI) tras cinco semanas de arduas negociaciones en esta capital marca otro paso en dirección a un gobierno mundial.
Durante las tortuosas negociaciones que condujeron al acuerdo el viernes para instalar el TPI, las tradicionales alianzas entre países en desarrollo e industrializados resultaron irrelevantes. Los países que intentaron imponer su voluntad sobre otros se encontraron aislados.
Estados Unidos y sus aliados europeos produjeron una agenda diferente, que pareció superar los límites entre socios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Las amenazas de represalias de Washington contra quien no siguiera su línea para dejar al TPI subordinado al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y por lo tanto a sus cinco miembros premanentes, China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia, no lograron intimidar a los europeos.
Desde un comienzo los países de la Unión Europea (UE), con la excepción de Francia, encabezaron un grupo de unas 50 naciones determinado a crear una corte independiente y eficaz. Cuando la conferencia inició su cuarta semana, Francia retornó al ala de la UE, aislando a Estados Unidos.
Alemania, uno de los más fuertes aliados de Estados Unidos, se mantuvo en el grupo desde el comienzo.
Otro aliado de la OTAN, Noruega, incluso asumió el viernes el liderazgo con una moción de no acción en un comité negociador que bloqueó las enmiendas de la UE al estatuto borrador.
Delegados de 113 países, de los 160 participantes en la conferencia, votaron con Noruega y contra Estados Unidos. Entre ellos figuraron la mayoría de los países africanos.
En el plenario, el órgano supremo de la conferencia, Estados Unidos insistió en que se realizara una votación "sin registros" sobre le tratado, que había sido adoptado por acuerdo general por el comité negociador.
El resultado fue 120 votos a favor del estatuto para la creación del TPI, y sólo siete votos en contra. El resto se abstuvo o no participó.
La votación se produjo 48 horas después que el jefe de la delegación estadounidense, David Scheffer, intentara que la mayoría se alineara con Washington.
En una conferencia de prensa, Scheffer dijo que "gobiernos clave" intentaban lograr un estatuto que "permita a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y las populosas democracias en todas las regiones del mundo ser participantes activos en una corte penal internacional".
En un intento de atraer a otros países, Scheffer dijo que "Estados Unidos ha sido un fuerte impulsor de una corte apropiada, a la cual puede respaldar con sus recursos diplomáticos, financieros y otros. Ninguna mente puede cuestionarse el significado de ese aporte".
Pero sus palabras no lograron impersionar a la enorme mayoría de los delegados.
India, que fuera líder del Movimiento de No Alineados (NOAL), sufrió el mismo destino que Estados Unidos al insistir en la inclusión del uso de armas nucleares como crimen de guerra.
La enmienda de India fue bloqueada en una votación independiente de no acción promovida por Noruega y secundada entre otros por Malawi en representación de Angola, Botswana, Lesotho, Mozambique, Sudáfrica, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe.
La conferencia de Roma reflejó que India ya no tiene la autoridad moral de los días de la era prenuclear.
Ya debilitados y en constante búsqueda de una identidad posterior a la guerra fría, los países de NOAL no ven motivos de seguir a la potencia nuclear aislada llamada India, que carece de los fondos y la tecnología que la mayoría de ellos necesita.
Tras las pruebas nucleares realizadas en mayo, delegados del Sur industrializado y Europa caracterizaron la posición de la delegación india como "doble discurso". Otros la consideraron "hipócrita".
El TPI puede estar "tullido de nacimiento", como dijo el secretario general de Amnistía Internacional, Pierre Sane. Pero es un paso histórico hacia la justicia internacional y brinda una base para la mejora de la protección de los derechos humanos.
Esto es en relación al crimen de genocidio y los crímenes contra la humanidad, y también a crímenes de guerra y conflictos armados de naturaleza no internacional que ocurren en el territorio de un país cuando hay un conflicto armado prolongado entre las autoridades de gobierno y grupos armados organizados o entre esos grupos.
El estatuto del tribunal puede tener fallas, como indican los críticos. Por ejemplo, el sometimiento deliberado y forzado al hambre de civiles como ocurre en el sur de Sduán no será un crimen de guerra bajo la jurisdicción de la Corte.
Pero mientras la Corte se establece y sus 18 jueces inician su trabajo, la expectativa general es que tendrán la diligencia jurídica para encontrar formas de evitar estos crímenes bajo algunas de las disposiciones relacionadas a crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
El mensaje emergente de la Conferencia de Roma es que, en un mundo de rápida globalización, un TPI es indispensable. La situación de los derechos humanos no puede mejorar de la noche a la mañana.
Pero la adopción del estatuto del tribunal será un estímulo a todos aquellos dedicados a la protección de los derechos humanos en el mundo.
Algunos observadores destacaron que la fundación de la ONU desató un movimiento hacia un gobierno mundial hace más de un siglo.
La última década del siglo XX comenzó a establecer instrumentos generales de gobierno mundial, comenzando con la Cumbre de la Tierra celebrada en Rio de Janeiro en junio de 1992.
Debido a su constitución y estructuras parlamentarias, el gobierno y el Congreso de Estados Unidos tienen problemas con los instrumentos del gobierno mundial. El hecho de que vean una amenaza en otro próximo instrumento no es una sorpresa.
Estados Unidos, no obstante, es consciente de que no vive en un vacío político, y ha revelado enorme capacidad para superar su fatiga con el gobierno mundial. Muchos esperan que, aunque se mantuvo fuera esta vez, tal vez se sume al TPI en el futuro. (FIN/IPS/tra-en/raj/mk/lp/hd ip/98
