Defensores de la igualdad de género reclamaron un equilibrio entre mujeres y hombres en la conformación del Tribunal Penal Internacional (TPI), una propuesta respaldada al menos por 23 gobiernos durante la conferencia que negocia la creación de esta corte.
Las organizaciones de mujeres también alzaron su voz para destacar la importancia de constituir un tribunal sin compromisos y proponer mecanismos que permitan defender en forma más eficaz los derechos de las víctimas, durante la conferencia iniciada en Roma el 15 de junio.
"En el tribunal de Ruanda había una sola mujer y en el de Yugoslavia eran apenas dos, lo cual les significó una enorme carga de trabajo", recordó Rhonda Copelon, de la federación Asamblea de Mujeres, quien destacó que la representación deberá ser más fuerte en el TPI.
"Hasta ahora, la participación de las mujeres ha sido mínima", añadió la representante de la Asamblea, constituida por una red de organizaciones no gubernamentales (ONG).
Pero la propuesta para el equilibrio de género dentro del TPI deberá ser acompañada por una modificación en los elevados requisitos de experiencia en el manejo de juicios penales que proponen algunos países.
La representante del grupo Mujeres Bajo la Ley Islámica, Vahida Nainar, comentó que muchos países tienen una gran cantidad de mujeres capacitadas como juezas, pero recordó que en otras naciones las profesionales acaban de conquistar el acceso a las cortes y por lo tanto su experiencia procesal es limitada.
Las organizaciones de mujeres también se mostraron partidarias de evitar la aprobación de cláusulas que puedan comprometer la efectividad del Tribunal Penal Internacional, cuya función consistirá en juzgar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidios.
"Si el TPI es débil, será imposible que haga justicia a hombres y mujeres", dijo Eleanor Conda, de la Asamblea de Mujeres.
Conda admitió que el lento progreso de las negociaciones de Roma sirvió para empujar a los países a buscar compromisos en temas clave, como la necesidad de un consentimiento de las naciones involucradas antes de que el TPI inicie un juicio.
Sin embargo, advirtió que las ONG participantes en este proceso temen que el compromiso resultante sea precisamente el de condicionar la actuación del Tribunal al consentimiento de los estados o someterla a algún tipo de supervisión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
Otro de los temas que provocó una movilización de las organizaciones de mujeres fue la propuesta para crear una unidad de defensa de los derechos de las víctimas a nivel de la oficina del registro de la corte.
La representante de la Federación de Abogadas de Kenya, Betty Murungi, recordó que esa experiencia se llevó a cabo en el tribunal de Ruanda y permitió generar una unidad de asistencia a las víctimas separada de los mecanismos de protección a testigos, y de esa forma brindó ayuda más eficaz a los sobrevivientes del genocidio de 1994.
Estados Unidos es partidario de colocar tanto la protección de las víctimas como la de los testigos en la oficina de la fiscalía del TPI, argumentando que la experiencia de tribunales internacionales formados en el pasado le demostró que ésta es la forma más efectiva de brindarles asistencia.
Pero grupos defensores de los derechos humanos se opusieron a esta propuesta.
"Es extremadamente importante establecer la unidad de asistencia a las víctimas en el registro, para que de esa forma su responsabilidad primordial sea la defensa de esas víctimas", subrayó la representante de la Liga Internacional de Mujeres para la Paz y la Libertad, Barbara Bedont.
Bedont advirtió que si esta unidad se estableciera en la fiscalía habría peligro de conflicto de intereses al abordar el papel de las víctimas como testigos de crímenes.
Todo parece indicar que estos argumentos influyeron en la posición estadounidense, pues algunas fuentes indicaron que pese a sus objeciones el gobierno estaría dispuesto a aceptar el manejo de los derechos de las víctimas y las mujeres desde la oficina del registro.
En el futuro, las organizaciones de mujeres deberán encarar otras batallas.
Una de ellas es la actitud de gobiernos islámicos y católicos conservadores que rechazan las propuestas de protección a las mujeres violadas y embarazadas durante las guerras, pues consideran que se trata de una defensa encubierta del derecho al aborto.
Bedont dijo que también será necesario luchar para lograr que los delitos sexuales sean considerados como crímenes contra la humanidad.
"La cultura de la guerra tiene incorporada la violencia sexual", advirtió. (FIN/IPS/tra-en/fah/js/lc-ml/pr-hd/98
