Delegados árabes en las negociaciones para crear un Tribunal Penal Internacional (TPI) negaron obstaculizar el proceso, tras recibir una andanada de críticas por sus frecuentes objeciones, revisiones y enmiendas a los documentos.
Los retrasos provocados por los requerimientos de las delegaciones árabes generan frustración entre quienes buscan acelerar las negociaciones de la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la creación de un TPI permanente, iniciadas el 15 de junio en Roma.
El TPI juzgaría crimenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidios. Los representantes deben ponerse de acuerdo sobre un proyecto de estatuto aún inacabado de 175 páginas, fruto de dos años de trabajo preparatorio.
"No hay mala fe ni intención de obstaculizar el proceso", aseguró uno de los negociadores árabes.
Los problemas de idioma y la falta de conocimiento sobre un proceso de negociaciones en el cual no participaron desde un comienzo contribuyeron para que estas delegaciones "generaran sin mala intención un problema muy serio", destacaron observadores de las negociaciones.
Las organizaciones no gubernamentales participantes en la conferencia dijeron estar preocupadas porque la actitud de los delegados árabes contribuye al retraso de las negociaciones, al presentar objeciones sobre temas de diverso grado de complejidad.
El jefe de la delegación de Jordania, Waleed Sadi, advirtió que muchas de las objeciones y propuestas provocaron que los delegados "perdieran de vista el objetivo primordial" de crear un Tribunal sólido, para esgrimir a cambio "consideraciones políticas, defensivas".
Pero es evidente que buena parte de las objeciones están relacionadas con las expectativas árabes sobre el funcionamiento del TPI.
Uno de los puntos que defienden las delegaciones árabes es el de la necesidad de mantener al TPI independiente del Consejo de Seguridad de la ONU, un organismo del que desconfían por la persistencia de los embargos contra Iraq y Libia.
"El Consejo de Seguridad es un organismo político", argumentó un diplomático árabe. Por esa razón esperan que se defienda la independencia del Tribunal y de su fiscal, quienes no deberían estar sometidos al control de ninguna nación, según los árabes.
"Es necesario que los países miembros se abstengan de interferir con el TPI para que éste sea efectivo. Y del mismo modo, debería protegerse al Tribunal de la interferencia de organismos políticos internacionales", planteó el ministro de justicia de Sudán, Ali Mohammed Yassin.
El supuesto "obstruccionismo" árabe coloca a los países del norte de Africa y Medio Oriente a la vanguardia de quienes proponen un TPI libre de la supervisión del Consejo de Seguridad, con un fiscal capacitado para realizar investigaciones independientes.
Esta posición también es enarbolada por otros grupos representados en Roma, que incluyen a países europeos, latinoamericanos y africanos.
Pero si bien los países árabes defienden la independencia del Tribunal, su estrategia negociadora demuestra que están reacios a aceptar la jurisdicción del TPI en sus propios sistemas judiciales.
Por esta razón, sus delegaciones aparecen respaldando una propuesta para requerir que la corte obtenga el permiso de los países involucrados antes de iniciar una investigación.
Frente a otros temas, las diferencias son más profundas. Los delegados árabes están a favor de la pena de muerte y sostienen que el TPI debe incluirla como castigo, una posición que choca de frente con la de naciones donde este tipo de práctica fue abolida.
Además, países islámicos conservadores, aliados de hecho con fuerzas católicas del mismo tenor,e se oponen a considerar las propuestas de protección a víctimas de embarazos indeseados como resultado de violencia sexual en el transcurso de las guerras.
Ese sector sostiene que al incluir los embarazos indeseados en la lista de delitos y establecer los derechos de las víctimas, se podría estimular la aprobación de leyes nacionales para permitir el aborto en caso de violaciones, una interpretación rechazada por organizaciones de mujeres presentes en Roma.
Algunas delegaciones también iniciaron presiones para lograr que las autoridades y los magistrados del Tribunal reflejen la diversidad geográfica y cultural del mundo.
Uno de los propósitos de esta propuesta sería prevenir que sucedan hechos como la exclusión de un juez egipcio nominado para actuar como fiscal en el tribunal internacional de crímenes de guerra para la ex Yugoslavia, una decisión que, según algunos países musulmanes, se adoptó por motivos religiosos.
El juez, Cherif Bassiouni, ahora preside el comité encargado del borrador del TPI. (FIN/IPS/tra-en/fah/js/aa/lc/hd/98
