Delegados de casi 150 países votaron por una amplia mayoría en la noche del viernes la creación de un Tribunal Penal Internacional (TPI) para juzgar a sospechosos de crímenes de guerra y genocidio.
La votación rechazó las objeciones de Estados Unidos a disposiciones claves del tribunal, cuyas negociaciones de creación en esta capital requirieron cinco semanas.
Hasta último minuto las conversaciones amenazaron con derrumbarse, en medio de desacuerdos sobre los principales temas del propuesto tribunal.
Críticos como el gobierno de Estados Unidos habían amenazado con que gobiernos que representan a "dos tercios de la población mundial" rechazarían el tratado, dado que no se ajusta a sus percepciones sobre el papel de la corte y su relación con el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Pero los delegados votaron 120 contra 7 para instalar el primer tribunal con jurisdicción sobre el tipo de atrocidades que marcaron las guerras en Ruanda, Burundi, Camboya, la ex Yugoslavia y otros países donde grandes números de civiles fueron víctimas. Veintiún países se abstuvieron de votar.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, quien trabajó activamente por una resolución a los debates, se sumó este sábado a la ceremonia de firma en Roma, organizada por el gobierno de Italia. El viernes, Annan puso fin a una visita a América Central.
El acuerdo del TPI entrará en vigor a fines del 2000, si en ese momento es ratificado por 60 países miembros. El tribunal tendrá 18 jueces con mandatos de nueve años y representación igualitaria de hombres y mujeres, entre ellos jueces con experiencia en violencia contra mujeres y niños.
Los delegados de India, Israel, Estados Unidos y Qatar anunciaron que no serán parte del tratado. China tampoco se sumará.
La votación se realizó en la sesión plenaria en la noche del viernes, tras haber sido bloqueada por una moción de no acción de Estados Unidos, en un intento por introducir nuevas enmiendas al estatuto acordado por las delegaciones.
La medida de Estados Unidos reflejó lo que los críticos califican como un intento por reducir el consenso para un tribunal que, entre otros poderes, tendrá jurisdicción automática sobre los crímenes de guerra, el genocidio y los crímenes contra la humanidad, y un fiscal indpendiente.
El estatuto acordado pasó por encima de las objeciones de Estados Unidos, que temía que el tribunal paralizaría sus actividades de paz en el exterior.
Intentos de India, otro país que cuestionó aspectos clave de la corte para retrasar la aprobación, también fueron bloqueados en una votación separada de no acción impulsada por Noruega y secundada, entre otros, por Malawi en representación de Angola, Botswana, Lesotho, Mozambique, Sudáfrica, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe.
A pesar de sus fuertes críticas sobre el tribunal, la delegación india se abstuvo en la votación del estatuto en el plenario. India intentó, sin éxito, que el uso de armas nucleares explícitamente nombradas se considerara crimen de guerra a ser tratado por el TPI.
India alegó que el estatuto que regirá el TPI entrega al Consejo de Seguridad un papel en términos que violan la ley internacional. El Consejo, cuyo control sobre el tribunal fue tema de gran discusión, tendrá el poder de detener una acción del TPI en un caso por 12 meses, con posible renovación.
Pero el jefe de la delegación de Estados Unidos, David Scheffer, alegó que el Consejo de Seguridad estaba siendo privado de sus poderes, ya que el fiscal del TPI podría operar de forma independiente al Consejo.
El secretario general de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, Pierre Sane, celebró la decisión de entregar al fiscal el poder de iniciar una investigación sobre genocidio, otros crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, sobre la base de información de víctimas y otras fuentes.
Sin embargo, Amnistía se manifestó preocupada por la disposición que permite al Consejo atrasar las investigaciones y los juicios.
El acuerdo del TPI constituyó un estatuto "defectuoso", pero que puede ser mejorado, dijo Bill Pace, de la Coalición de Organizaciones no Gubernamentales por un Tribunal Penal Internacional.
El TPI será la última institución internacional a instalarse antes del fin del siglo XX, una de las eras más violentas en la historia de la humanidad, y 50 años después de los juicios de Nuremberg y Tokio realizados tras la segunda guerra mundial.
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) celebró el establecimiento del Tribunal Penal Internacional "a pesar de serias fallas en el acuerdo borrador".
HRW condenó varias disposiciones del tratado que debilitan la corte, incluyendo restricciones a la jurisdicción del tribunal, y una cláusula que permitirá a los países colocarse fuera del alcance de la corte en cuestión de crímenes de guerra.
Aunque se realizarán esfuerzos por mejorar el estatuto, dijo Richard Dicker, de la campaña TPI de HRW, "este tribunal será mejor que no tener un tribunal (…) las víctimas potenciales están más seguras con la creación de esta corte". (FIN/IPS/tra-en/raj/js/mk/lp/ip/98
