Diputados del gobernante Partido Justicialista de Argentina pidieron someter a juicio político a 10 jueces en lo Contencioso Administrativo que ordenaron suspender los efectos de algunos decretos del Poder Ejecutivo.
Uno de esos decretos disponía un "rebalanceo" o readecuación de las tarifas telefónicas y otro creaba un ente regulador de aeropuertos, y su aplicación fue suspendida por algunos jueces que consideraron que esa entidad no preveía la inclusión de un representante de los consumidores en su directorio.
De acuerdo con el diario Perfil, los jueces contra quienes se pidió el juicio político "son los que trabaron decisiones que el gobierno consideró clave, como la privatización de los aeropuertos o el rebalanceo de las tarifas telefónicas".
Los jueces fueron acusados por los diputados justicialistas por "reconocer legitimación procesal a quien no la tiene, simular causas judiciales e interpretar con aviesa intencionalidad política causas constitucionales".
Entre los acusados figura la jueza María José Sarmiento, quien consiguió frenar el corte del servicio telefónico a los usuarios que se negaron a pagar el aumento ordenado por el "rebalanceo" y aplicó multas de un millón de pesos diarios a las empresas del sector, a las que acusó de desobediencia judicial.
Sarmiento, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso, intervino luego de una denuncia del Defensor del Pueblo Jorge Maiorano.
Dos jueces más, Liliana Heiland y Martín Silva, fallaron contra la privatización de los aeropuertos por decreto, luego de denuncias de la cooperativa Consumidores Libres y de la Unión de Usuarios y Consumidores respectivamente, mientras que el juez Ernesto Marinelli lo hizo tras la denuncia de un particular.
Heiland y Marinelli declararon la inconstitucionalidad del decreto, mientras que Silva paralizó la entrega de estaciones aéreas hasta la constitución de un ente regulador del sector, agregó Perfil.
Tres jueces más ratificaron los fallos que frenaban la privatización de los aeropuertos, mientras que otros tres avalaron el fallo contra el aumento de las tarifas telefónicas.
Según Perfil, un portavoz de los diputados justicialistas criticó a los jueces por haberse inmiscuido en decisiones del Poder Ejecutivo.
De acuerdo con la Constitución argentina, los jueces sólo pueden ser removidos mediante un juicio político que lleva a cabo el Congreso Nacional. La Cámara de Diputados que actúa como acusador, y el Senado dicta sentencia.
En el caso de la solicitud de juicio político a los jueces citados, varios comentaristas estiman que el mero hecho de pedirlo puede constituir una presión para los magistrados.
Fuentes vinculadas a asuntos de consumo indicaron que la solicitud de juicio político podría sumir a los consumidores en incertidumbre respecto de la defensa de sus derechos en el ámbito jurídico. (FIN/Consumers International-IPS/98)
