Grupos opuestos al proceso de paz en Colombia declararon "objetivo militar" al secretario ejecutivo de la católica Comisión Intercongregacional Justicia y Paz de Colombia, el sacerdote Javier Giraldo, sostuvieron hoy fuentes de la organización.
Una informante allegado a la comisión dijo que las amenazas obligaron a Giraldo a suspender su viaje a Maguncia, Alemania, a donde había sido invitado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para intervenir en la reunión entre esta organización insurgente y representantes de la sociedad civil.
El informante, que reclamó reserva sobre su identidad por razones de seguridad, sostuvo que la Comisión "apoya sin reservas" la búsqueda de una solución negociada al conflicto armado y que, por esa causa, varios de sus miembros recibieron amenazas anónimas y hostigamientos desde filas militares.
Un comunicado divulgado por corresponsales de la emisora Radionet en Alemania indica que los religiosos colombianos acusan de las amenazas "a los grupos paramilitares y agentes del Estado" que se oponen al diálogo que se ha abierto en Maguncia.
La sede de la Comisión fue objeto de una requisa a cargo de las fuerzas armadas el 13 de mayo, por denuncias de vínculos entre la organización católica y grupos de la guerrilla.
Otro sacerdote, Gabriel Izquierdo, director del centro de Educación y Cultura Popular (CINEP) y participante en la reunión en Maguncia, debió abandonar Colombia tras las amenazas que recibió en abril, al igual que otros 40 dirigentes sociales, al parecer de parte de paramilitares.
La Comisión Intercongregacional opera junto con el CINEP un banco de datos sobre derechos humanos y violencia política, según el cual en 1997 se cometieron en el país 187 masacres contra la población civil.
Grupos paramilitares cometieron 85 por ciento de estas acciones, las organizaciones guerrilleras, 14 por ciento, y el ejército, dos por ciento, según estos informes.
Los grupos paramilitares manifestaron su interés en negociar un acuerdo de paz con el presidente electo Andrés Pastrana, pero ponen como condición la desmovilización de la guerrilla y mientras tanto continúan sus ataques a la población civil.
El último hecho denunciado ocurrió en la localidad de Sabanalarga, donde nueve campesinos fueron asesinados el domingo por paramilitares que pretenden "limpiar la zona de guerrilleros".
Según el documento de la Comisión y CINEP, una de las características del conflicto armado colombiano es que ha llegado a niveles de degradación en los que se han borrado "las fronteras que diferencian a los combatientes de los no combatientes y civiles".
El deterioro de la situación de derechos humanos es uno de los puntos que expusieron organizaciones no gubernamentales que trabajan en ese campo, en el encuentro en el que el ELN y la sociedad civil procuran en Maguncia abrir un espacio de concertación para la paz.
Las organizaciones no gubernamentales plantearon al ELN en la reunión que finaliza este miércoles la búsqueda de acuerdos para el respeto del derecho internacional humanitario, de modo de proteger a la población civil afectada por el conflicto armado. (FIN/IPS/yf/mj/ip/98
