Abogados de derechos humanos pidieron hoy en Chile la reapertura del proceso por la desaparición en 1974 del sacerdote español Antonio Llidó, invocando nuevos antecedentes que involucrarían al ex dictador Augusto Pinochet.
La acción judicial coincidió con emplazamientos y críticas a Pinochet, quien el miércoles pasado aseguró a cuatro de periodistas en Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago: "nunca ordené matar a nadie".
El general retirado, de 82 años, actual senador vitalicio, encabezó entre septiembre de 1973 y marzo de 1990 el régimen dictatorial en que se produjeron unos 3.500 crímenes contra los derechos humanos, entre asesinatos políticos y desapariciones forzadas.
El caso del sacerdote Llidó es parte también del juicio que se sigue en España a Pinochet con cargos de genocidio, por muertes y desapariciones de ciudadanos de ese país en Chile tras el derrocamiento del gobierno constitucional de Salvador Allende.
A casi 25 años del cruento golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, el anciano ex dictador atribuyó a un "ánimo de venganza" las acusaciones que se le hacen como responsable político de las masivas violaciones de derechos humanos.
Desde comienzos de este año, el Partido Comunista y agrupaciones de familiares de víctimas de la represión presentaron querellas contra Pinochet en los tribunales con el propósito de impedir que asumiera como senador vitalicio.
Pese a que los querellantes fracasaron en ese empeño, las causas siguen su tramitación y ahora se ha pedido incorporar a ellas algunos testimonios rendidos en Madrid ante el juez a cargo del juicio contra Pinochet.
El obispo luterano Helmut Fretz declaró en España que Pinochet le dijo en una oportunidad que Llidó no era un sacerdote, sino un marxista, y que "la única manera de que hablara era apretándolo".
La detención del sacerdote español fue negada públicamente por la dictadura, pero los antecedentes recogidos últimamente indican que estuvo recluido en Domingo Cañas y Cuatro Alamos, dos centros de tortura de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
La DINA fue encabezada por el general Manuel Contreras, quien cumple desde 1996 una sentencia de siete años de cárcel por el asesinato en 1976 en Washington del ex canciller Orlando Letelier a través de un atentado terrorista.
En su conversación con los periodistas, Pinochet aseguró que nunca dio a Contreras órdenes de eliminar opositores, aunque reiteró que muchos de los desaparecidos eran "terroristas" que habrían muerto en enfrentamientos con soldados.
El ex dictador dijo también que en 1973 dio órdenes de "agilizar" procesos contra prisioneros de guerra en varias ciudades del país al general Sergio Arellano Stark, acusado de fusilamientos sumarios de unas 30 personas.
Arellano Stark encabezó la llamada "caravana de la muerte", un equipo de manos militares que se desplazó por varias ciudades del país en un helicóptero y ordenó ejecutar a izquierdistas presos tras el golpe del 11 de septiembre.
El abogado Hugo Gutiérrez, representante de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, dijo que es "un hito histórico que Pinochet reconozca que le dio una orden a Arellano Stark, porque con ello se comprueba la verticalidad del mando".
Gutiérrez pidió al magistrado Juan Guzmán, a cargo de las querellas contra Pinochet, que cite a declarar al ex dictador para que explique "qué se entiende por 'agilizar' los procesos contra prisioneros políticos".
Dirigentes de la oficialista Concertación por la Democracia dijeron que Pinochet busca ahora desligarse de la autoría intelectual que como dictador y comandante del Ejército le cupo en las graves violaciones de los derechos humanos.
Parlamentarios de derecha, en cambio, respaldaron al ex dictador y sostuvieron que sus últimas declaraciones prueban que las violaciones de derechos humanos "jamás fueron ordenadas por el mando superior" de las Fuerzas Armadas. (FIN/IPS/ggr/ag/hd/98
