Justo Moraga, obrero de la construcción en Chile, dice que no entiende "el asunto ese de la crisis asiática", pero tiene claro que este fenómeno está amenazando su estabilidad laboral.
Moraga es uno de los 70.000 trabajadores que según la Cámara Chilena de la Construcción perderán su empleo en el sector hacia fin de año, como consecuencia de las menores inversiones y la paralización de proyectos inmobiliarios.
"¿Qué culpa tenemos nosotros aquí en Chile de los problemas en Indonesia, Tailandia o Japón?", preguntó el trabajador, cuyos patronos anunciaron ya que diferirán, por lo menos hasta marzo, la construcción de un gran edificio de oficinas.
La Constructora Maulén, una de las mayores de Santiago, decidió frenar las obras del edificio en la llamada "cota cero", es decir al terminar los cimientos y antes de iniciar los trabajos en altura.
El proyecto inmobiliario está situado en las cercanías de la Escuela Militar, en el municipio santiaguino de Las Condes, donde reside la población de mayores ingresos del país y las casas, departamentos u oficinas nuevas alcanzan los más altos precios.
"Teníamos prevendido el 48 por ciento (del edificio), pero hemos preferido parar hasta no ver que el mercado se normaliza. En marzo del próximo año analizaremos si seguimos adelante o no", dijo al diario El Mercurio el presidente de la constructora, Angel Maulén.
Moraga, un trabajador de 30 años, padre de una niña de nueve y un niño de siete, tiene asegurado su empleo sólo hasta mediados de agosto, cuando la empresa finalice los trabajos de la ahora fatídica "cota cero".
Con un salario mensual de 350 dólares, el obrero puede aspirar a una indemnización equivalente a tres meses si es despedido, pero teme que en ese lapso no logre ingresar a otra constructora y se vea obligado a buscar trabajo en la economía informal.
"Los jefes nos dijeron que la culpa es de los intereses y que ahora ya no hay créditos para financiar las inversiones en nuevos edificios y poblaciones (conjuntos habitacionales)", dijo Moraga a IPS.
La construcción es tal vez el sector más afectado en Chile por las altas tasas de interés para los créditos que el Banco Central mantiene desde diciembre de 1997, cuando se tomaron las primeras medidas de resguardo de la crisis asiática.
El aumento de los intereses apunta a reducir el consumo y alentar el ahorro, pero repercute también en las constructoras, que se abstienen de endeudarse para financiar obras, y en el público, que difiere la contratación de créditos hipotecarios para la compra de viviendas.
En el primer trimestre de este año las ventas de casas y departamentos en la Región Metropolitana (Santiago) disminuyeron en casi 40 por ciento con respecto a enero-marzo de 1997, según los corredores de propiedades.
La actividad de la construcción se contrajo este año entre nueve y 10 por ciento con respecto a 1997, continuando la baja que se comenzó a insinuar desde las primeras medidas anticrisis adoptadas en noviembre del último año.
En el gobierno se considera exagerada la cifra de desaparición de 70.000 puestos de trabajo sólo en la construcción y se sostiene que ese volumen de pérdida de empleo correspondería al conjunto de la economía chilena.
Con 70.000 puestos de empleo menos, la desocupación del país, de 5,6 por ciento en julio, se elevaría a siete por ciento hacia fines de este año.
El presidente del Banco Central, Carlos Massad, y los ministros de Hacienda, Eduardo Aninat, y de Economía, Alvaro García, insisten en que no se puede hablar de crisis en Chile y que el país tendrá este año la mayor tasa de crecimiento del producto interno bruto de América Latina.
Los funcionarios del sector económicos subrayan así mismo que una desocupación de siete por ciento es baja si se compara con las tasas de Europa, e incluso con la vecina Argentina, donde el desempleo afecta a 14 por ciento de la fuerza laboral.
Pero hay quienes acusan al gobierno de ocultar la real magnitud de la situación. La Central Unitaria de Trabajadores advierte que el mensaje optimista contrasta con la fuerte reducción del gasto público y otras drásticas medidas económicas de las autoridades.
Los recortes de gastos en los ministerios de la Vivienda y de Obras Públicas inciden no sólo en el empleo, sino también en un retraso de los planes de vivienda social, destinados a los grupos de ingresos medios y bajos.
"Este año queríamos comprarnos una casita con el subsidio habitacional (del Estado), pero no vale la pena endeudarse con un crédito hipotecario a tasas del ocho o más por ciento. Por eso, preferimos seguir pagando arriendo por ahora", dijo a IPS Laura Toro, empleada de una tienda comercial y madre de tres niños. (FIN/IPS/ggr/ag/if-lb/98
