El procesamiento de cinco ex agentes represivos por el asesinato simultáneo de siete izquierdistas en 1987 es la resolución judicial sobre derechos humanos de mayor trascendencia en Chile desde la condena a prisión del general Manuel Contreras en 1996.
Con los autos de procesamiento, dictados la noche del lunes por el juez especial Hugo Dolmestch contra cuatro oficiales del Ejército y uno de la policía de carabineros, comienza a aclararse la "Operación Albania", un masivo crimen que permanece hace 11 años en la impunidad.
Entre el 15 y el 16 de junio de 1987, la Central Nacional de Informaciones (CNI) dio muerte en menos de 18 horas a 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), incluyendo a tres mujeres, en cinco operativos en diversos puntos de Santiago.
La resolución de Dolmestch se refiere solo a una de esas acciones, la mayor, la encerrona en una casa del sector centro- norte de la capital de cuatro hombres y tres mujeres, literalmente acribillados a balazos por los agentes.
"Esto recién comienza", dijo el magistrado, quien investiga la identidad de los agentes de la CNI involucrados en los otros cuatro operativos, en que fueron asesinados cinco militantes más del FPMR, organización insurgente surgida a fines de 1982.
Entre los encausados por el juez están el teniente coronel Krantz Bauer, en servicio activo en el Ejército, y el capitán Luis Sanhueza, de la misma arma, quien estuvo en retiro y fue reincorporado como personal civil.
Sanhueza podría ser implicado también en los homicidios del empresario gastronómico Silvio Sichel, en julio de 1989, y del dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Jécar Nehgme, el 4 de septiembre del mismo año.
Los otros procesados por el asesinato de los siete frentistas son el mayor Rodrigo Pérez y el capitán Iván Cifuentes, del Ejército, y el teniente coronel de Carabineros Iván Quiroz, todos ellos retirados de sus instituciones.
El abogado Nelson Caucoto, representante de los familiares de las víctimas, calificó el dictamen judicial de "trascendente" y elogió a Dolmestch, que en cuatro meses hizo avanzar un proceso estancado durante casi 11 años en la justicia militar.
La CNI, policía represiva creada en 1978 por la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), señaló en 1987 que los 12 miembros del FPMR fueron abatidos en enfrentamientos con sus agentes, pero nunca informó de heridos o muertos en sus filas.
Esta versión fue corregida sólo en marzo de 1996 por el general Emilio Timermann, juez militar, quien dijo que hubo "violencia innecesaria" en la muerte de los siete frentistas en la encerrona de la comuna (municipio) de Recoleta.
Timermann, sin embargo, cerró temporalmente el caso, aduciendo que no se pudo individualizar a los agentes de la CNI, y dictaminó que en los otros cuatro operativos se empleó "la fuerza racional".
"Estamos en presencia de un ministro (de corte) que ha demostrado tener voluntad de resolver el caso, lo que es muy importante y marca la gran diferencia con la justicia militar, que no hizo nada por esclarecer estos hechos", comentó Caucoto.
"Es un avance muy importante que se conozcan estos cinco nombres, sin olvidar que (en la Operación Albania) participaron más de 500 agentes", señaló Patricia Silva, hermana de Ricardo Silva, uno de los asesinados en Recoleta.
Dolmestch fue asignado a la causa como ministro en visita (juez especial) de la Corte Marcial el 2 de abril de este año, luego de que la Corte Suprema declaró las muertes como homicidios calificados y dejó sin efecto los sobreseimientos (cierres de proceso) temporales y definitivos del general Timermann.
Para individualizar a los cinco oficiales encausados, el juez tuvo que conseguir, por la vía legal, que el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros le entregaran la nómina de 1.500 efectivos asignados en 1987 a la CNI.
La Operación Albania fue obra de efectivos del Ejército y de Carabineros, de acuerdo con la investigación del magistrado, quien interrogó hasta la fecha a un centenar de ex agentes, incluyendo al mayor Alvaro Corbalán, jefe operativo de la CNI.
Este cuerpo de policía secreta fue creado por Pinochet en 1978 tras la disolución de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), implicada en el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, cometido mediante un atentado terrorista en Washington en 1976.
El general retirado Manuel Contreras y el brigadier Pedro Espinoza, jefes máximos de la DINA, fueron sentenciados en 1996 a siete y seis años de prisión, respectivamente, por el asesinato de Letelier, ministro del gobierno de Salvador Allende (1970-1973).
La mayoría de los crímenes represivos de la DINA permanecen en la impunidad, gracias a la ley de amnistía que Pinochet expidió en marzo de 1978, que en teoría no cubre las violaciones de derechos humanos atrubuídas a la CNI.
La Operación Albania fue el mayor operativo de represión de la heredera de la DINA, que tuvo la virtual competencia de otros cuerpos paramilitares creados para perseguir y eliminar a opositores a la dictadura de Pinochet.
En 1985, una asociación ilícita dentro de Carabineros secuestró y degolló a tres militantes del entonces proscrito Partido Comunista, en un caso que culminó en 1994 con la condena a presidio perpetuo y otras penas de cárcel de siete policías y un civil.
Sigue aún sin esclarecer el secuestro y asesinato en septiembre de 1986 del periodista José Carrasco y otros tres militantes de izquierda, cometido por un grupo paramilitar, presuntamente vinculado al Ejército o a la CNI. (FIN/IPS/ggr/mj/hd/98
