La privatización desnacionaliza el control accionario de las telecomunicaciones en Brasil, una tendencia general en América Latina y que motiva gran parte de las reacciones contra la subasta de este miércoles.
No hay grupos nacionales privados con capacidad financiera para evitar que las mayores empresas sean adquiridas por gigantes extranjeras como las telefónicas europeas y las operadoras estadounidenses o japonesas, que dominan la mayoría de los 34 consorcios formados para la subasta.
De esa forma, las telecomunicaciones brasileñas siguen el mismo camino de la industria de autopartes, la publicidad, la construcción y los bancos, sectores en los que se registra una creciente transferencia de control hacia capitales extranjeros.
Con las elevadas tasas de interés internas y la limitada capacidad de ahorro nacional, se hace imposible a las empresas brasileñas competir con grupos internacionales dispuestos a invertir 20.000 millones de dólares en Brasil este año, gran parte en la adquisición de empresas estatales o privadas.
Con el país aún dependiente del ingreso de capitales foráneos para cubrir su déficit, el mismo gobierno estimula la participación extranjera en la privatización. Con ese objeto, el ministro de Comunicaciones, Luiz Carlos Mendonza de Barros, hizo una gira por América del Norte y Europa el mes pasado.
La capacidad de financiación ofrece todas las ventajas a los grupos extranjeros, em especial a los europeos, actualmente con mayor liquidez, observó Carlos Thadeu de Freitas, ex director del Banco Central brasileño.
El estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que coordina el programa de privatizaciones, financiará a grupos nacionales que compren telefónicas, pero hasta un máximo de 1.300 millones de dólares, muy poco frente los 11.600 millones del precio mínimo fijado para las 12 empresas.
La resistencia a la venta del sistema telefónico, hasta ahora controlado por la estatal Telebrás, se manifesta en acciones judiciales y actos callejeros.
Un tercer frente parece abierto con la explosión de dos bombas el lunes en estaciones repetidoras de la Empresa Brasileña de Telecomunicaciones (Embratel), dejando el sur incomunidado con el resto del país por un día.
El ministro Mendonza de Barros atribuyó los atentados a "opositores no democráticos" cuyas acciones justifican el despliegue de 3.000 policías militares y el cercado que protege la Bolsa de Valores de Rio de Janeiro, para garantizar la seguridad durante la subasta.
Un grupo de unos 200 militantes de la Central Unica de Trabajadores y el Movimiento de los Sin Tierra ocupó por algunas horas este martes la sede del BNDES.
El acto inició las manifestaciones callejeras con que sindicalistas, estudiantes y partidos nacionalistas protestan contra la privatización de las 12 empresas en que se reestructuró el sistema telefónico del país.
La subasta debería por lo menos ser aplazada para el próximo año, ya que habrá elecciones presidenciales y parlamentarias el 4 de octubre, argumentó el presidente del Partido de los Trabjadores (PT), José Dirceu.
Un eventual triunfo de la oposición representará un rechazo de la población a esta privatización y pondrá en cuestión su legitimidad, agregó Dirceu.
El PT, cuyo líder, Luiz Inacio Lula da Silva, es el principal candidato opositor a la presidencia, defiende la transformación de Telebrás en Brasil Telecom, una estatal según el modelo europeo, operando y regulando el sector, con actuación también en el exterior.
La resistencia legal a la subasta se manifiesta a través de 140 acciones judiciales abiertas por los sindicatos del sector con el objetivo de suspender la subasta, informó, según la Federación Interestadual de Trabajadores de Telecomunicaciones (FITTEL). Algunas entraron en los tribunales este martes.
Los argumentos incluyen la inconstitucionalidad del proceso, el bajo precio y la soberanía nacional amenazada por el control extranjero de un sector estratégico.
Los militares, sin embargo, ya se manifestaron a través del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, que negó el riesgo de que información delicada para la defensa nacional caiga en manos indebidas a causa de la desnacionalización de las empresas telefónicas.
Las nuevas empresas tienen que poner canales exclusivos y protegidos a disposición de las fuerzas armadas para sus telecomunicaciones.
El gobierno ganó las primeras batallas judiciales, al obtener fallos favorables al precio que fijó para las 12 compañías estatales en venta y a la centralización de las acciones judiciales en solo dos tribunales.
Eso anuló la táctica de los sindicatos de acciones dispersas por todo el país, dificultando que los 400 abogados movilizados por el gobierno las puedan anular en las horas previas a la subasta.
De todas formas, un aplazamiento por algunos días está en las previsiones, lo cual no afectará el resultado de la venta, según analistas del mercado como Sergio Goldman, del banco español Santander, que ya adquirió dos bancos brasileños desde el año pasado. (FIN/IPS/mo/mj/if cr/98
